Informes esforzados, patentes de importación y DIPr denominación de origen

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Hola, holita, queridos lectores de Lvcentinvs. Mi asistente personal (también llamado calendario de Google) me ha chivado que toca volver a daros la brasa con noticias de DIPr, así que para ello he preparado una recopilación de las novedades más relevantes de los últimos meses que puede venir bien para manteneros actualizados. Sin más dilación, ¡allá vamos!

Sobre solicitudes presentadas en y/o patentes otorgadas por terceros Estados

Para comenzar nuestro repaso, debemos referirnos a la sentencia del TJUE de 8 de septiembre de 2022, en el asunto C-399/21 (IRnova), la cual concierne a dos sociedades suecas, IRnova y FLIR Systems, que durante varios años mantuvieron relaciones comerciales en el sector de la tecnología de infrarrojos.

Posteriormente y tras la ruptura de dichas relaciones, IRnova interpuso en 2019 un recurso ante el Tribunal Sueco en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, para invocar un derecho legítimo sobre las invenciones objeto de solicitudes de patente internacionales, completadas posteriormente con solicitudes de patente europea, estadounidense y china, presentadas por FLIR durante los años 2015 y 2016, así como de patentes estadounidenses expedidas a FLIR sobre la base de estas últimas solicitudes. En apoyo de su recurso, IRnova expuso, en esencia, que esas invenciones habían sido realizadas por uno de sus empleados, de modo que este debía considerarse el inventor de aquellas o, al menos, el coinventor.

Dicho Tribunal desestimó la parte de la demanda relacionada con las solicitudes estadounidenses y chinas, y asumió su competencia únicamente para con las solicitudes europeas. IRnova apeló dicha decisión y eventualmente el Tribunal Sueco de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil decidió suspender el procedimiento y plantear ante el TJUE la siguiente cuestión prejudicial: «¿Está comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento [Bruselas I bis] un recurso, basado en la presunta condición de inventor o de coinventor, cuyo fin es que se declare la existencia del derecho legítimo sobre una invención objeto de solicitudes de patente nacionales y de patentes registradas en un país tercero?»

A ello, el TJUE respondió, En primer lugar, que la competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de patentes se atribuye únicamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de una patente. En el caso de autos, las solicitudes de patente controvertidas en el litigio principal no se presentaron y las patentes de que se trata se expidieron en países terceros, a saber, en Estados Unidos y en China. Por tanto, dado que el art. 24.4 RBI bis no contempla esta situación, esta disposición no resulta sea aplicable al litigio.

De manera adicional, el Tribunal también matizó que, en cualquier caso, el concepto «en materia de inscripciones o validez de patentes» es una noción autónoma que no incluye aquellos litigios que versan únicamente sobre quién es el titular del derecho de patente o litigios cuyo objeto es determinar si una persona fue inscrita legítimamente en el registro como titular de una marca, conforme a jurisprudencia previa (Hanssen Beleggingen, C‑341/16, EU:C:2017:738).

Nuevo informe EFFORTS

El pasado 26 de septiembre, se publicó el llamado Report on EU Policy Guidelines, elaborado en el marco del proyecto EFFORTS (Towards more EFfective enFORcemenT of claimS in civil and commercial matters within the EU), financiado por la Unión Europea.

El citado informe ofrece una serie de recomendaciones para los políticos y legisladores europeos centradas principalmente en el cobro transfronterizo de deudas y en las problemáticas detectadas en algunos de los instrumentos aplicables a la materia, tales como el Reglamento Bruselas I bis o el Reglamentos sobre el título ejecutivo europeo. Puede accederse al mismo aquí.

Trazas de jurisprudencia nacional

Para terminar, podemos destacar varias resoluciones a nivel nacional que han tratado recientemente aspectos de DIPr como, por ejemplo, la decisión de los tribunales alemanes del pasado 28 de septiembre. En ella, una empresa húngara reclamaba el impago del peaje de una de las carreteras a su cargo a una empresa de alquiler de coches alemana, quien era responsable del pago conforme a la legislación holandesa, en tanto que era la propietaria del vehículo. La empresa alemana trató de argumentar ante los tribunales que su finalidad era la de alquilar vehículos a terceros conductores y que dicha responsabilidad era injustificada, siendo que la aplicación de dicha ley podría llegar a vulnerar el orden público del foro y, por tanto, debía ser excluida en virtud del art. 21 del Reglamento Roma I.  Sin embargo, el tribunal alemán justificó en segunda instancia que la responsabilidad de la empresa de alquiler estaba regulada de manera relativamente similar en la ley alemana (al menos, de manera subsidiaria) y que, por lo tanto, dicha figura no era completamente ajena a los valores del foro, siendo que no tenía cabida la aplicación de la citada excepción. Así, el tribunal adoptó una postura cautelosa en relación con la excepción de orden público. Hemos leído sobre ello aquí y aquí.

De igual manera, resulta también reseñable la sentencia del Tribunal Supremo danés del pasado 27 de septiembre, en torno a la noción de ‘materia contractual’ del Reglamento Bruselas I bis. La cuestión aquí era si el acuerdo alcanzado a través de un intercambio de e-mails entre una empresa suiza y otra danesa podía ser considerado un “contrato” a efectos de aplicación del citado precepto o, por el contrario, se enmarcaba en la relación predominantemente informal y amigable que existía entre las partes. A ello, el tribunal danés respondió que la existencia de un contrato debe ser ‘suficientemente probable’ y que a la luz de las circunstancias del supuesto, podía considerarse que este requisito se cumplía, en tanto que los correos indicaban que la empresa sueca estaba dispuesta a pagar los honorarios de un agente si podía establecer contacto con un comprador de su cartera de propiedades suecas. Hemos leído sobre ello aquí.

Y esto sería todo por hoy. Esperamos que vuestro mes de octubre no sea más terrorífico de lo habitual y, para amenizaros los sustos, os dejamos una recomendación musical.

Raúl Ruiz Rodríguez
Abogado e investigador predoctoral en el área de Derecho internacional privado de la Universidad de Alicante, mediante un contrato para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2019). Su investigación se centra en una revisión de los actuales criterios y normas internacionalprivatistas para una mejor protección de los secretos empresariales. También ha escrito sobre tecnología blockchain y sus distintas aplicaciones y sobre su interacción con la normativa en materia de competencia judicial internacional y derecho aplicable.

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