Puesta a punto para el nuevo curso: instrumentos legales y pinceladas jurisprudenciales en materia de DIPR

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Las vacaciones son muy traicioneras y, aunque todos nos propongamos mantenernos actualizados y seguir trabajando en mayor o menor medida, siempre llega un momento en que el cerebro se rinde al calor y nos olvidamos de aquellas promesas férreas que nos habíamos hecho a nosotros mismos. Por ello y para haceros la vuelta al curso ordinario más llevadera, os traemos una recopilación de algunas de las noticias recientes más importantes en materia de DIPr que quizá se os haya escapado entre chapuzón y chapuzón. Y sin más dilación… ¡allá vamos!

A tener en cuenta

Debemos recalcar, en primer lugar, la inminente entrada en vigor y/o aplicación de varios instrumentos de gran relevancia como, por ejemplo, el Reglamento (UE) 2020/1783 sobre obtención de pruebas, orientado a optimizar la práctica de diligencias de obtención de pruebas solicitadas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro o la obtención de pruebas directamente en el mismo. Este Reglamento resulta aplicable desde julio de 2022, a excepción de su artículo 7, cuya aplicación se pospone hasta 2025. En esta misma línea, destaca la entrada en vigor del Reglamento (EU) 2022/850 sobre el sistema e-CODEX, la cual tuvo lugar 20 días después de su publicación el pasado 1 de junio en el DOUE. El citado instrumento cubre el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal a través del sistema e-CODEX.

Además, cabe también hacer referencia al nuevo Reglamento (UE) 2019/1111 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, también conocido como Bruselas-II ter. Este Reglamento se aplica desde el 1 de agosto de 2022 y viene a derogar al Reglamento (CE) 2201/2003, el cual no obstante seguirá aplicándose a las resoluciones dictadas en procedimientos ya incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a los acuerdos que hayan adquirido fuerza ejecutiva en el Estado miembro en el que hayan sido celebrados antes del 1 de agosto de 2022 y que entren dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

Acceso de la UE y Ucrania a la Convención de la Haya de 2 de julio de 2019

El 29 de agosto de 2022, la UE depositó su instrumento de adhesión a la Convención de 2 de julio de 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o mercantil (Convención sobre sentencias extranjeras), convirtiéndose en la primera Parte Contratante de la misma. Poco después, Ucrania depositó su instrumento de ratificación de la Convención, provocando por tanto su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2023, conforme a su art. 28. El objetivo del citado instrumento no es otro que el de facilitar el reconocimiento y a la ejecución de sentencias en materia civil o comercial entre los Estados parte.

Pinceladas jurisprudenciales

 El TJUE no descansa e incluso durante el periodo vacacional ha formulario resoluciones varias que merece la pena tener en cuenta. Especialmente interesante resulta la sentencia publicada el 1 de agosto de 2022 (Asunto C‑501/20) acerca, precisamente, de la interpretación de los artículos 3, 7, 8 y 14 del Reglamento (CE) 2201/2003 y de varias provisiones del Reglamento (CE) 4/2009.

Los hechos son los siguientes: dos agentes contractuales de la Unión Europea contrajeron matrimonio en la Embajada de España en Guinea-Bisáu en 2010. Tienen dos hijos, nacidos en España el 10 de octubre de 2007 y el 30 de julio de 2012. La madre es de nacionalidad española y el padre de nacionalidad portuguesa. Sus hijos poseen la doble nacionalidad española y portuguesa.  Los cónyuges residieron en Guinea-Bisáu entre agosto de 2010 y febrero de 2015 y se fueron trasladados posteriormente a la Delegación de Togo. La separación de hecho se produjo en julio de 2018. Desde entonces, la madre y los hijos siguen residiendo en el domicilio conyugal de Togo y el padre reside en un hotel en dicho Estado. En 2019, la madre presentó demanda de divorcio contra el padre ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Manresa, el cual declaró su falta de competencia internacional, dado que, a su juicio, las partes no tenían su residencia habitual en España. La madre interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que desencadenó el debate acerca del concepto de ‘residencia habitual’ empleado por dichos instrumentos y de su aplicación al caso concreto que finalmente llevó al órgano remitente a plantear varias cuestiones prejudiciales al TJUE.

La sentencia completa puede accederse aquí, si bien adjuntamos el fallo:

1)      El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 y el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 4/2009 deben interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la residencia habitual en el sentido de estas disposiciones, no puede constituir un elemento determinante la condición de agentes contractuales de la Unión Europea de los cónyuges de que se trate, destinados en una de las delegaciones de esta ante un tercer Estado y respecto de los que se aduce que gozan de estatus diplomático en ese tercer Estado.

2)      El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la residencia habitual de un menor, no es pertinente la vinculación de la nacionalidad de la madre y de la residencia de esta anterior a la celebración del matrimonio en el Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una demanda en materia de responsabilidad parental, mientras que es insuficiente la circunstancia del nacimiento de los hijos menores en ese Estado miembro y el hecho de que tengan la nacionalidad de este.

3)      En el supuesto de que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para pronunciarse sobre una pretensión de disolución del matrimonio en virtud de los artículos 3 a 5 del Reglamento n.º 2201/2003, el artículo 7 de dicho Reglamento, en relación con su artículo 6, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el demandado en el litigio principal sea nacional de un Estado miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda impide la aplicación de la cláusula de competencia residual de dicho artículo 7 para fundamentar la competencia del referido órgano jurisdiccional, sin obstar, sin embargo, para que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que es nacional sean competentes para conocer de tal pretensión con arreglo a las reglas nacionales sobre competencia de ese mismo Estado miembro.

En el supuesto de que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente para pronunciarse sobre una pretensión en materia de responsabilidad parental en virtud de los artículos 8 a 13 del Reglamento n.º 2201/2003, el artículo 14 de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el demandado en el litigio principal sea nacional de un Estado miembro distinto de aquel al que pertenece el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda no obsta a la aplicación de la cláusula de competencia residual de dicho artículo 14.

4)      El artículo 7 del Reglamento n.º 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que: 

–        En el supuesto de que la residencia habitual de todas las partes en el litigio en materia de obligaciones de alimentos se encuentre fuera de los Estados miembros, la competencia basada en casos excepcionales en el forum necessitatis de dicho artículo 7 puede declararse si ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro es competente con arreglo a los artículos 3 a 6 de dicho Reglamento, si el procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo en el tercer Estado con el cual el litigio tiene estrecha relación, o si resulta imposible en él, y si el litigio guarda una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda.

–        Para considerar, en casos excepcionales, que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo en un tercer Estado, es preciso que, tras un análisis pormenorizado de los elementos aportados en cada asunto concreto, el acceso a la justicia en ese tercer Estado esté, de hecho o de Derecho, obstaculizado, en particular debido a la aplicación de condiciones procesales discriminatorias o contrarias a las garantías fundamentales de un proceso justo, sin que sea preciso que la parte que invoca el referido artículo 7 acredite haber introducido o intentado introducir dicho procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de ese mismo tercer Estado con resultado negativo.

–        Para considerar que un litigio guarda una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda, es posible basarse en la nacionalidad de una de las partes.

Y esto es todo por hoy. De propina, algo de música ligera para amenizar la vuelta a la rutina. ¡Que os sea leve!

Raúl Ruiz Rodríguez
Abogado e investigador predoctoral en el área de Derecho internacional privado de la Universidad de Alicante, mediante un contrato para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2019). Su investigación se centra en una revisión de los actuales criterios y normas internacionalprivatistas para una mejor protección de los secretos empresariales. También ha escrito sobre tecnología blockchain y sus distintas aplicaciones y sobre su interacción con la normativa en materia de competencia judicial internacional y derecho aplicable.

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