El tratamiento jurídico del autor extranjero de obra audiovisual

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Comparto con vosotros un breve resumen de mi presentación para el WIPO Committee on Development and Intellectual Property, el pasado mes de mayo. Forma parte del WIPO Pilot Project on Copyright and the Distribution of Content in the Digital Environment

Los autores en un mercado audiovisual global

Vivimos en un momento en el que las tecnologías digitales están favoreciendo la explotación de las obras audiovisuales en un mercado que ha pasado a ser global. Los actores más favorecidos por esta circunstancia son las plataformas digitales de servicios de video a la carta (p. ej. Netflix, Amazon Prime, AppleTV) las cuales, además, de ofrecer estas obras a nivel mundial, también se han convertido en sus productoras. Pero la aparición de este mercado audiovisual global también beneficia a las productoras tradicionales (las cuales ven incrementada su oferta para trabajar); y los estudios de cine, que están viendo como sus viejos catálogos vuelven a ser explotados; y a los propios autores (directores, guionistas) y artistas audiovisuales (si bien estos últimos no son objeto de este comentario).

No obstante, algunos critican que la compensación que reciben estos autores y artistas por su trabajo no se ve correspondida con las ganancias que estas grandes productoras obtienen por la explotación internacional de sus obras. Si bien esas personas reciben una compensación por su trabajo, la misma no puede considerarse “equitativa”.

Algunos ordenamientos (no todos) establecen normativas destinadas a reducir este problema. Pero, incluso en estos casos, la protección que recibe el autor audiovisual deja de ser efectiva cuando, como resulta habitual en la actualidad, la obra es explotada a nivel internacional. Y ello porque, la protección adecuada de los intereses del autor audiovisual y la compensación equitativa que puede establecer la legislación de su Estado de origen no se extiende a la explotación de la obra en otros Estados.

Territorialidad y cláusulas buy-out

El menoscabo en la protección que padece el autor audiovisual cuando sus obras son explotadas a nivel internacional se deriva de varios factores.

En primer lugar, el principio de territorialidad que preside la regulación internacional de la propiedad intelectual sobre las obras audiovisuales que, en atención a la complejidad que presenta su producción, presenta características particulares. Cada Estado es soberano para decidir sobre los aspectos relativos a la protección de la obra audiovisual en su territorio: quienes son considerados autores, que derechos disfrutan, la relación con el productor…

Así, por mucho que en Uruguay el diseñador de dibujos animados pueda ser considerado autor en su país, en Argentina no lo será y, por lo tanto, no resulta protegido. O, si bien estos directores disfrutan de un derecho de simple remuneración por la explotación de sus obras, el mismo no se extiende a los actos de explotación en Argentina pues en dicho país no se les reconoce ese derecho.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que, incluso si los autores disfrutan de un determinado derecho en un Estado extranjero, la intervención de las sociedades de gestión colectiva es imprescindible para su remuneración. Por desgracia, estas no están presenten en todos los Estados y su nivel de eficiencia es variable. Asimismo, los mecanismos de cooperación son mejorables.

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que los autores audiovisuales ocupan una posición de inferioridad en sus negociaciones con los productores. Se ha denunciado que estos últimos utilizan contratos modelos que los autores no pueden negociar que, por ejemplo, incluyen las llamadas cláusulas buy-out mediante las cuales el autor otorga una cesión de todos sus derechos sobre la obra con carácter indefinido y para el mundo entero, y renuncian a participar en los ingresos generados por la explotación posterior de la obra. Estas cláusulas están destinadas a facilitar la comercialización de la obra por parte de los productores, pero pueden resultar abusivas, en particular, si no garantizan una participación equitativa en las ganancias obtenidas si la obra resulta ser un éxito comercial.

En algunos países estos problemas son combatidos mediante la intervención de las sociedades de gestión, o las asociaciones de autores audiovisuales que actúan en nombre de los autores, con mayor poder negociador. En el caso, por ejemplo, de Argentina.

En otros casos, las legislaciones nacionales establecen normas sobre contratación de los derechos destinadas a proteger al autor. Dichas normas pueden establecer un contenido mínimo del contrato, u ofrecer al autor una acción para exigir una remuneración equitativa. No obstante, su eficacia es limitada por varias razones: a) pueden ser burladas mediante la elección de una ley extranjera como aplicable al contrato; b) si son consideradas de aplicación internacionalmente imperativas (leyes de policía), su eficacia se limita al país que las ha establecido; c) el recurso en exceso a este tipo de normas puede desincentivar a las grandes productoras a la contratación con autores de esos países.

La apuesta por el derecho de simple remuneración

Con el fin de mejorar la posición de los autores audiovisuales algunos países y la doctrina especializada apuestan por la atribución al autor audiovisual de un derecho de simple remuneración, de carácter irrenunciable, de gestión colectiva obligatoria, y de cuyo pago deben encargarse los usuarios.

Es el caso de la Unión Europea (art. 18 DDAMUD), y en América Latina, de Uruguay (art. 29), Colombia (Art.98 Ley 23 de 1982) o México (art. 26 bis Ley federal de Derecho de autor).

Esta medida tiene la ventaja de que no obliga a los productores a modificar sus contratos; si bien puede afectar al precio a negociar con los usuarios por la explotación de las obras; y se puede repercutir en la remuneración inicial del autor audiovisual.

Tiene la ventaja de que no exige de los autores (o sus asociaciones), iniciar una acción judicial para hacer valer sus derechos. Constituye un derecho que se disfruta automáticamente, y de cuya cobranza se encargan las entidades de gestión. Además, se disfruta en relación con las nuevas obras y con las obras ya existentes.

En su implementación práctica jugarían un papel muy importante las sociedades de gestión colectiva, entre las cuales deberían existir mecanismos de cooperación (acuerdos de reciprocidad) para asegurar que los autores reciben la remuneración que les corresponde por la explotación de sus obras en el resto de los países en los que se recoge este derecho.

En fin, sería conveniente que este derecho recibiera una regulación uniforme a nivel internacional o regional, a partir de un convenio internacional vinculante. Ello garantizaría una remuneración equitativa de los autores por la explotación internacional de la obra (y no sólo nacional); aportaría seguridad jurídica a los usuarios, por cuanto la regulación del canon que deben pagar sería similar de un Estado a otro; y evitaría situaciones de discriminación a la inversa: sociedades de gestión que resultaran obligada a garantizar remuneración a autores de países que no conceden dicha remuneración a los autores de la nacionalidad de la sociedad de gestión.

Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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