Noticias frescas para días calurosos: e-CODEX, JUDGTRUST y las secuelas del Prestige, entre otros

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Hola, holita, queridos lectores de Lvcentinvs. Sabemos que se acerca el verano y que la mayoría tenéis ya en la cabeza otras cosas… lo que viene siendo vacaciones y playa, vamos. Pero, en cualquier caso, desde el blog hemos decidido prepararos una recopilación de algunas de las noticias más interesantes en materia de DIPr y tecnologías digitales, para ayudaros a estar actualizados y no perder completamente el hilo durante el periodo estival. Así que, aunque sea con una mano en la piña colada y otra en el móvil, ¡allá vamos!

Llega el ansiado Reglamento e-CODEX

El pasado 1 de junio se publicó en el DOUE el Reglamento 2022/850, de 30 de mayo de 2022, relativo a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726.

Como su propio nombre indica, el objetivo del Reglamento es promover y facilitar el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal mediante el establecimiento de un sistema que permita dicho intercambio en formato electrónico, de manera rápida, segura y fiable.

El texto del Reglamento puede ser consultado aquí.

Conclusiones finales del proyecto JUDGTRUST

El proyecto JUDGTRUST, financiado por la Comisión Europea, tenía como objetivo proporcionar directrices y guía en la interpretación y aplicación del Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis). Oficialmente, el proyecto ha llegado a su fin y los materiales de la conferencia final celebrada en abril de 2022 pueden ser encontrados en el siguiente enlace. Asimismo, cabe señalar también la existencia de un informe recopilatorio de las conclusiones alcanzadas y la publicación en un futuro cercano de un manual acerca de la materia objeto del proyecto.

Reunión de la Conferencia de la Haya en materia de obligaciones alimenticias

El pasado mes de mayo, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Especial sobre la aplicación práctica del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niñosde 2007 y del Protocolo sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias de 2007, constituida en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

Las conclusiones alcanzadas por los expertos que participaron en dicha reunión pueden ser consultadas aquí e incluyen directrices, por ejemplo, relativas a la interpretación del concepto de “residencia” o a la aplicación de estos instrumentos a parejas homosexuales. 

Jurisprudencia del TJUE: las secuelas del “Prestige” y renuncia internacional a una herencia

A estas alturas, a nadie le resulta ajeno el famoso naufragio del petrolero Prestige frente a las costas españolas en noviembre de 2002. Dicha tragedia provocó graves daños medioambientales en las costas españolas y francesas y condujo a la incoación de diligencias penales en España a finales de ese mismo año contra diversas personas, incluyendo el capitán del buque y sus propietarios.

En precisamente en el marco de dicho proceso penal en el que el Reino de España ejercitó adicionalmente acciones civiles contra la compañía aseguradora London P&I Club, establecida en Reino Unido, para hacer valer su derecho a recibir una indemnización en virtud del contrato de seguro. Sin entrar a analizar en detalle el desarrollo del procedimiento en España (que se caracterizó por varias resoluciones de la Audiencia Provincial de A Coruña y del Tribunal Supremo), podemos señalar que finalmente se declaró como civilmente responsables al capitán y a los propietarios del Prestige, así como al London P&I Club hasta el límite contractual de responsabilidad fijado en 1 000 millones de dólares estadounidenses. Así, la Audiencia Provincial formuló un auto de ejecución en marzo de 2019, fijando las cuantías que los distintos actores podían reclamar a los respectivos encausados.

No obstante, de forma paralela, la aseguradora había iniciado en 2012 un procedimiento arbitral en Reino Unido en virtud de la cláusula compromisoria que figuraba en el contrato de seguro. En él, alegó que el Reino de España estaba obligado a formular sus pretensiones con respecto a la indemnización en el marco de en dicho procedimiento. Esta conclusión fue apoyada por el laudo arbitral emitido en 2013, cuya ejecución fue solicitada por la aseguradora ante los tribunales ingleses. La High Court of Justice (England & Wales) dictó en 2013 una resolución judicial en los términos de un laudo, que posteriormente fue confirmada en apelación.

El problema, por tanto, surgió tras la solicitud de reconocimiento del auto de 2019 por parte del Reino de España a los tribunales ingleses con base en el art. 33 del Reglamento Bruselas I bis. En este caso, los tribunales accedieron a la solicitud formulada y disconforme con el resultado, la aseguradora London P&I Club recurrió esta resolución ante el High Court of Justice Business and Property Courts (England & Wales), el cual decidió plantear una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE, concretamente: si una resolución judicial dictada en los términos de un laudo arbitral puede constituir una “resolución” a efectos de aplicación del art. 34.3 del Reglamento nº 44/2001 y, por lo tanto, justificar la denegación del reconocimiento y ejecución de una segunda resolución judicial irreconciliable con la primera; y. si en caso negativo, se podría recurrir a la vulneración del orden público prevista en el apartado primero del artículo 34 como motivo para denegar el reconocimiento, al considerarse que ello vulneraría el principio de fuerza de cosa juzgada en virtud de un laudo arbitral nacional anterior o de una resolución judicial anterior dictada en los términos del laudo, o si los apartados 3 y 4 del citado precepto se oponen a ello al establecer motivos tasados por los que la fuerza de cosa juzgada y/o la inconciliabilidad pueden impedir el reconocimiento y la ejecución de una resolución incluida en dicho Reglamento.

Pues bien, el TJUE respondió dichas cuestiones en virtud de su sentencia de 20 de junio de 2022, en la que concluyó que, en relación con las dos primeras preguntas, que:

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 34, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una sentencia dictada por un tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral no constituye una resolución, a los efectos de este precepto, cuando un tribunal de ese Estado miembro no habría podido dictar una resolución con un resultado equivalente al de dicho laudo sin contravenir las disposiciones y los objetivos fundamentales de este Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia que figuran en su artículo 27, de modo que tal sentencia no puede en ese caso impedir el reconocimiento en dicho Estado miembro de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro.

Asimismo, en cuanto a la tercera cuestión prejudicial, señaló que:

El artículo 34, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de que el artículo 34, punto 3, de este Reglamento no resulte aplicable a una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral, el reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no puede denegarse por su contrariedad con el orden público fundada en que esa resolución quebrantaría la fuerza de cosa juzgada de dicha sentencia.

De la jurisprudencia reciente del TJUE, podemos destacar también la sentencia de 2 de junio de 2022 (Asunto C-617/20) en materia de sucesiones y aplicación del Reglamento n.º 650/2012.

El asunto concierne el fallecimiento de un nacional neerlandés en Alemania, lugar donde estaba situada su última residencia habitual. En enero de 2019 su esposa, también residente en Alemania, solicitó ante los tribunales alemanes la expedición de un certificado sucesorio que señalase que, mediante sucesión abintestato, le correspondía a ella heredar las tres cuartas partes de la herencia y a los sobrinos del causante, residentes ambos en Países Bajos, un octavo cada uno. En septiembre de ese mismo año, los sobrinos formularon una declaración relativa a la renuncia a la herencia del causante ante los tribunales neerlandeses, que fue inscrita en el registro de sucesiones llevado a cabo por dicho tribunal y comunicada mediante escrito a los tribunales alemanes en enero de 2020 por dichos sobrinos. En este escrito, alegaron con arreglo al Derecho de la Unión, la declaración relativa a dicha renuncia había sido registrada en lengua neerlandesa por las autoridades judiciales competentes, por lo que no era precisa una traducción al alemán de los documentos controvertidos. En respuesta, el citado tribunal recordó la necesidad de traducir las actas relevantes en cuestión y de respetar los plazos aplicables para renunciar a la herencia. Así, mediante resolución de 27 de febrero      de 2020, el tribunal alemán declaró acreditados los hechos necesarios para la expedición del certificado sucesorio y consideró que los sobrinos del causante habían aceptado la herencia. Estos interpusieron recurso contra dicha resolución y, finalmente, el asunto alcanzó el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Bremen, quien decidió plantear una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE acerca de los requisitos y la validez de la declaración de renuncia a la herencia realizada en las circunstancias descritas.

La conclusión alcanzada por el TJUE apoya los argumentos planteados por los sobrinos, pues confirma que “los artículos 13 y 28 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que una declaración relativa a la renuncia a la herencia realizada por un heredero ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual se considerará válida en cuanto a la forma siempre que los requisitos formales aplicables ante ese tribunal hayan sido respetados, sin que sea necesario, a efectos de esa validez, que cumpla los requisitos de forma exigidos por la ley aplicable a la sucesión”.

¡Y eso es todo por hoy! Nos vemos pronto y recordad usar crema solar, que quien avisa no es traidor.

Raúl Ruiz Rodríguez
Doctorando con contrato FPU en el departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. En un arrebato de locura, acudió a los ilustres profesores Desantes y López-Tarruella para que se convirtieran en sus mentores y le iniciaran en el apasionante mundo del International Privado. A día de hoy, todavía no se ha arrepentido…

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