El factor inmediato: Registros sanitarios e inminencia de infracción de patentes en Perú, y pedidos de IP ante el TJCA en casos penales

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Hemos llegado a la mitad del año, queridos lectores. Ciertamente, el tiempo pasa volando, y como siempre llegamos cargados de noticias muy interesantes desde América Latina. Pues bien, vamos allá.

Perú: El solo acceso a un registro sanitario no da lugar a una inminencia de infracción de patente

El reciente 7 de junio, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías (CIN), órgano a cargo de la solución de disputas en materia de patentes que pertenece al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ha emitido un pronunciamiento final en una controversia en la que se denunciaba que la solicitud y acceso a un registro sanitario para la comercialización de un producto farmacéutico constituía una inminencia de infracción a los derechos emanados de la patente de la parte accionante. Así pues, por medio de la Resolución N° 58-2022/CIN-INDECOPI, recaída en el expediente N° 684-2021/DIN (Bayer Healthcare LLC vs Seven Pharma S.A.C.), la CIN ha resuelto que el otorgamiento de un registro sanitario no constituye per se una inminencia de infracción a una patente, siendo necesario que concurran elementos de juicio adicionales que permitan concluir que, en efecto, la infracción en cuestión se encuentra próxima a ocurrir.

A fin de llegar a la conclusión citada, la CIN tomó en cuenta las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en la sentencia correspondiente al Proceso 367-IP-2015, emitida el 19 de mayo del 2016. En este sentido, se indicó que para detectar en un caso que una infracción resulta inminente debería corroborarse lo siguiente:

i) La existencia de actos previos o preparatorios dirigidos a ejecutar cualquiera de las conductas que resultan violatorias de los derechos de patente que establece el artículo 52 de la Decisión 486.

ii) Que los actos previos o preparatorios sean de tal naturaleza que permitan sostener con evidente claridad que existe una amenaza de que las conductas violatorias que prevé el artículo 52 de la Decisión 486 ocurrirán pronto. Dicho de otro modo, no todo acto previo o preparatorio configurará una infracción inminente, debiéndose analizar caso por caso si las pruebas aportadas acreditan que la conducta infractora ocurrirá de forma inmediata.

Dicho ello, se estableció que no es posible asumir que el solo acceso a un registro sanitario conduzca a que su titular realice de manera inmediata o cercana los actos a los que se encuentra autorizado por ley, siendo posible que tales actos ocurran mucho tiempo después de la obtención del registro, dentro del período de cinco años de vigencia que tiene, o, incluso, que no lleguen a producirse. Por lo demás, se señaló que la obtención de un registro sanitario para la comercialización de un producto farmacéutico con anticipación al fin de la vigencia de una patente podría también tener como propósito poner a disposición del mercado un producto genérico tan pronto como la patente caduque, por lo que, ante la ausencia de evidencia que enseñe que el titular del registro sanitario se encuentra próximo a ejecutar alguna de las conductas tipificadas por el artículo 52 de la Decisión 486, no se puede concluir que exista una amenaza inminente.

Comunidad Andina: ¿Cuándo es necesario que un juez penal requiera una interpretación prejudicial al TJCA?

En el marco del Proceso 01-AI-2021, referente a una acción de incumplimiento formulada contra la República de Colombia, el TJCA ha emitido un Auto el último 20 de mayo, que declarando fundada una excepción previa de falta de competencia deducida por la emplazada, ha establecido en qué casos los jueces de los países de la Comunidad Andina que tramitan procesos penales por la presunta comisión de delitos de violación de derechos de autor o derechos conexos deben solicitar una interpretación prejudicial en el marco del sistema comunitario andino. En este contexto, ha expuesto los siguientes tres supuestos:

i) Casos en los que el TJCA no tiene competencia para emitir una interpretación prejudicial.- Si la norma penal del País Miembro tipifica la conducta que constituye delito a través de una descripción completa de los supuestos de hecho que la configuran (norma penal cerrada), sin hacer referencia a la Decisión 351 o a las normas nacionales sobre derecho de autor y derechos conexos adoptadas en aplicación del principio de complemento indispensable resulta absolutamente claro que el TJCA no tiene competencia para emitir una interpretación prejudicial en el marco de un proceso penal nacional, en el que solo será aplicable la norma interna correspondiente.

ii) Casos en los que el TJCA tiene competencia para emitir una interpretación prejudicial.- Si la norma penal del País Miembro correspondiente, al momento de tipificar la conducta, realiza una remisión o reenvío expreso (norma penal en blanco) a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable, se podría requerir la interpretación prejudicial del TJCA en el marco de un proceso penal nacional, pero únicamente en relación con aquellos aspectos regulados por la Decisión 351 aplicables al caso concreto, sobre la base de la remisión o reenvío legislativo mencionado.

iii) Casos en los que eventualmente el TJCA podría emitir una interpretación prejudicial.- Si el juez nacional penal, en el momento de resolver un caso concreto, requiere acudir a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable, con el propósito de determinar con precisión, clarificar o solventar una duda sobre el objeto, contenido o alcance de un concepto técnico o de una institución jurídica propia de esta materia, que forma parte del objeto del proceso penal en curso, eventualmente podría requerir la interpretación prejudicial del TJCA en el marco de un proceso penal nacional, pero únicamente en relación con aquellos aspectos regulados por la Decisión 351 aplicables al caso concreto.

Por lo demás, cabe mencionar que esta interpretación podría hacerse extensiva en lo que corresponda a los casos en los que los jueces de los países de la Comunidad Andina tramitan procesos penales por violación de derechos de propiedad industrial.

Bien queridos lectores, eso es todo por ahora, el próximo mes retornaremos con más noticias antes de salir de vacaciones. Mientras tanto, que estén muy bien. Hasta pronto.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Abogado y candidato a doctor. Su investigación doctoral se centra en encontrar un nuevo diseño de protección de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, de modo que pueda ser incluido con éxito en el sistema internacional de patentes, tema que aborda desde su experiencia como funcionario en la Oficina de Patentes de Perú (Indecopi). Fundador del podcast YachayPAT, especializado en difundir temas de propiedad intelectual.

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