¡Añadimos nueva sección! Noticias de Derecho internacional privado

Noticias de DIPR ¡Añadimos nueva sección! Noticias de Derecho internacional privado
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A partir de hoy, a las (interesantísimas) secciones que han ocupado nuestro querido blog de Lvcentinvs añadimos una adicional, en la que profundizaremos en las noticias más relevantes sobre aspectos de Derecho internacional privado relacionados con las tecnologías digitales. Y para dar el pistoletazo de salida, hemos recopilado algunas de las últimas novedades en la materia que pueden ser de vuestro interés, así que abrochaos los cinturones, ¡que allá vamos!

Nuevas desde la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado

El pasado 7 de marzo, el Consejo de Política y Asuntos Generales (CPAG) de la Conferencia de la Haya publicó sus “Conclusiones y Decisiones”, fruto de las reuniones mantenidas entre febrero-marzo de 2022.

En ellas, el Consejo ha respaldado la realización de nuevos trabajos acerca de las repercusiones de la economía digital en el ámbito del Derecho internacional privado, de los cuales estaremos muy pendientes desde este blog. También ha propuesto la colaboración con otros organismos especializados en la materia como, por ejemplo, UNIDROIT y UNCITRAL, quienes debemos señalar han comenzado ya a desarrollar tareas investigadoras por su cuenta: véase el proyecto “Study LXXXII – Digital Assets and Private Law” en el caso de UNIDROIT o el plan de trabajo propuesto por la Secretaría de la ONU a UNCITRAL, titulado “Legal issues related to the digital economy – proposal for legislative work on electronic transactions and the use of artificial intelligence and automation”. De igual manera, podemos señalar los esfuerzos de instituciones tales como la UK Law Commission, quienes han creado un grupo específico para el estudio de “Conflict of laws and emerging technology”, tras haber reconocido ya en su informe sobre “smart legal contracts” la necesidad de seguir investigando sobre la interacción entre el DIPr y nuevas tecnologías como el “blockchain”.

Para más información, se recomienda ojear la versión íntegra de las citadas Conclusiones, las cuales pueden ser encontradas tanto en inglés como en francés.

Jurisprudencia del TJUE

 El Tribunal de Justicia de la UE también ha emitido recientemente varias resoluciones que conviene tener en cuenta.

Entre ellas, podemos destacar la sentencia de 21 de diciembre de 2021 (“Gtflix TV”, C-251/20), en la cual el Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse de nuevo acerca de la conocida como “regla del mosaico”. El asunto concernía a una empresa checa, Gtflix, la cual interpuso demanda contra DR (residente en Países Bajos) por la publicación de comentarios supuestamente denigrantes acerca de la primera en varios foros y páginas web. Dicha acción judicial, en la cual se solicitaba no únicamente la eliminación de los comentarios sino también la concesión de una indemnización por los daños y perjuicios causados, llegó hasta el Tribunal de Casación francés, quien decidió entonces plantar una cuestión prejudicial al TJUE acerca la interpretación del art. 7.2 del Reglamento n.º 1215/2012 (“Bruselas I bis”). Más concretamente, el tribunal francés preguntó si el citado artículo debía interpretarse en el sentido de que una persona que considera que sus derechos han sido vulnerados por la publicación de comentarios denigrantes en Internet y que solicita la supresión de los contenidos y la reparación del perjuicio causado puede reclamar ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio sea accesible el contenido, la indemnización del daño causado en el territorio de ese Estado miembro (conforme a lo fijado por el Tribunal en “eDate Advertising”) o si por el contrario debe formular esta pretensión de indemnización ante el tribunal competente para ordenar la rectificación de la información (con base en la sentencia “Bolagsupplysningen”).

Pues bien, tras hacer un repaso por la jurisprudencia acerca de la “regla del mosaico”, el TJUE rechazó la existencia -alegada por el órgano remitente- de una «relación de dependencia necesaria» entre la demanda de supresión del contenido y la demanda de indemnización del perjuicio resultante que justificara la atribución de competencia exclusiva para conocer de la indemnización a los tribunales competentes para la supresión de dicho contenido. Siguiendo este razonamiento, el Tribunal falló que el art. 7.2 del Bruselas I bis debe ser interpretado en el sentido de que el demandante podrá solicitar, ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio sean accesibles esos comentarios, la indemnización del perjuicio que se le haya causado en dicho territorio, aunque esos tribunales no sean competentes para conocer de la demanda de rectificación y supresión.

También debemos referirnos a la sentencia de 3 de marzo de 2022 (“Acacia”, C-421/20), la cual versa sobre una sociedad italiana, Acacia, que conforme a la narración de los hechos produjo llantas para automóviles y las distribuyó por varios Estados miembros. La empresa BMW, considerando que dichas llantas infringían un dibujo o modelo comunitario ostentado por la misma, decidió interponer las correspondientes acciones legales por infracción de dicho dibujo, ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios alemán con base en el art. art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. Tras declararse competente, dicho Tribunal fijó como aplicable el Derecho alemán conforme al art. 8.2 del Reglamento n.º 864/2007 (“Roma II”) para la determinación de las pretensiones “conexas” a la infracción (indemnización de daños y perjuicios, etc.), estimando las pretensiones de BMW.

Descontenta con el resultado, Acacia interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, alegando, entre otras, la debida aplicación del Derecho italiano para la determinación de las pretensiones “conexas”, puesto que las llantas también habían sido distribuidas en territorio italiano. El Tribunal entonces decidió suspender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudiciales al TJUE acerca de la interpretación del art. 8.2 del Roma II bajo el prisma de la reciente jurisprudencia del Tribunal en la materia (sentencia de 27 de septiembre de 2017, “Nintendo”, C‑24/16 y C‑25/16, entre otras).

Ante esta tesitura, el TJUE procedió a elaborar una distinción entre aquellos supuestos en los que mediante una única acción se imputan al demandado varios actos de infracción realizados en diferentes Estados miembros, de aquellos en los que se persigue el enjuiciamiento de las infracciones cometidas en el territorio de un solo Estado miembro -como sucedía en “Acacia” -. En cuanto al primero de dichos supuestos, el TJUE, haciendo referencia a la citada sentencia “Nintendo”, matizó que el art. 8.2 del Reglamento Roma II debía interpretarse en el sentido de que resultaba aplicable la ley del país en el que hubiera cometido el acto de infracción inicial, pues dicha interpretación permitía aplicar una única ley a todas las pretensiones conexas derivadas de una infracción de dibujos o modelos comunitarios. Ahora bien, en el caso de los autos, el Tribunal consideró que “si bien no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros (…) esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002. Los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad (…)se incumplirían si los términos «país en el que se haya cometido la infracción» del dibujo o modelo comunitario invocado se interpretaran en el sentido de que designan un país en el que se produjeron infracciones que no son objeto del litigio de que se trata”. De esta manera, el TJUE falló que el art. 8.2 del Roma II debe interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del art. 82.5 del Reglamento n.º 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado.

Y esto es todo por hoy… si os habéis quedado con ganas de más, os recomendamos leer algunos de los otros post que hemos publicado últimamente, como el de la protección de marcas de color en la Comunidad Andina, preparado por nuestro compi Diego Ortega.

¡Hasta pronto!

Raúl Ruiz Rodríguez
Doctorando con contrato FPU en el departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. En un arrebato de locura, acudió a los ilustres profesores Desantes y López-Tarruella para que se convirtieran en sus mentores y le iniciaran en el apasionante mundo del International Privado. A día de hoy, todavía no se ha arrepentido…

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