Marcas al tiro: Chile se adhiere al Protocolo de Madrid y noticias de la Comunidad Andina

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Esta semana venimos con interesantes novedades procedentes de territorio latinoamericano. ¡Vamos allá!

Congreso chileno aprueba el Protocolo de Madrid en medio de posiciones encontradas

El reciente 19 de mayo, el Senado de Chile aprobó con contundente mayoría el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas (treinta votos a favor, cero en contra y tres abstenciones). Ha concluido así el proceso iniciado el 2 de diciembre de 2020, cuando ingresó al Congreso de dicho país un proyecto de ley para proceder con la adhesión a dicho Protocolo, formulado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tal como ha sido expuesto por el proyecto en cuestión, esta adhesión tiene como propósito brindar un trámite sencillo y único para la protección de marcas en varios países, así como la gestión centralizada de las mismas a través de un solo registro internacional, con efectos en todos los países designados.

Con ello, Chile se suma a la lista de países latinoamericanos que forman parte de este Protocolo, que hasta la fecha sólo incluye a Brasil, Colombia, Cuba y México.

Cabe señalar que esta adhesión no ha estado exenta de cierta preocupación por parte de un sector de expertos locales, quienes han afirmado que la estructura legal en Chile no estaría preparada para efectuar una gestión eficiente del registro internacional de marcas. Así, por ejemplo, se ha señalado que si bien el Protocolo faculta a que, al amparo de la legislación local, la protección de un registro internacional pueda ser rechazada por una Parte Contratante, la normatividad chilena de propiedad industrial no incluye disposición alguna sobre el particular, lo que conduciría a aceptar sin más un número aproximado de 60000 registros adicionales cada año. En todo caso, el tiempo se encargará de confirmar o desvirtuar este tipo de preocupaciones.

Árbitros que apliquen normatividad comunitaria andina deberán solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El último 6 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) emitió interpretación prejudicial en el Proceso 01-IP-2021, el cual fuese iniciado a instancia del Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En su sentencia, el TJCA estableció cuándo los árbitros y tribunales arbitrales de los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran obligados a solicitar interpretación prejudicial a dicho Tribunal.

Así pues, se ha establecido que los árbitros y tribunales arbitrales, que califican como jueces nacionales, no tendrían la obligación de solicitar interpretación prejudicial al TJCA si, al resolver una controversia, no efectúan la aplicación o interpretación de alguna norma andina, incluso si ésta hubiese sido citada por alguna de las partes. En sentido contrario, si los árbitros o tribunales fuesen a aplicar o interpretar la normatividad andina a fin de dilucidar una controversia, surgirá la obligación de solicitar al TJCA la interpretación prejudicial respectiva, ello con el fin de garantizar la aplicación de criterios jurídicos uniformes en el ámbito comunitario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina convoca a informe oral para dirimir caso concerniente a derechos de autor por la retransmisión de señal de televisión

Mediante Auto de fecha 19 de mayo de 2021, emitido en el Proceso 139-IP-2020, el TJCA ha convocado a informe oral a la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) de Colombia y a Telmex Colombia S.A., informe que será llevado a cabo el próximo 7 de julio y que es convocado a efectos de contar con elementos de juicio que permitan emitir la interpretación prejudicial que fuese solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para dilucidar una controversia entre dichas partes. Cabe señalar que el pedido de interpretación prejudicial en cuestión deriva de una denuncia por infracción de derechos de autor formulada por los productores audiovisuales y cinematográficos asociados y representados por EGEDA contra Telmex Colombia S.A., por la presunta comunicación pública de obras audiovisuales y cinematográficas mediante la retransmisión de emisiones, a través del servicio de televisión por suscripción, sin contar con la debida autorización.

El Auto en cuestión ha citado expresamente que, entre otras cosas, el informe oral buscará dilucidar si el hecho de que una empresa que presta el servicio de televisión por suscripción retransmita la señal o emisión de una empresa que, por mandato de ley, brinda el servicio de televisión abierta, exime a la primera de la obligación de obtener la autorización y pagar las regalías correspondientes a los titulares de derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en dicha señal o emisión (incluyendo a la correspondiente sociedad de gestión colectiva).

Cabe acotar que el TJCA ha invitado al informe a todas las autoridades nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, así como a expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de diversas asociaciones nacionales de propiedad intelectual de la Comunidad Andina. Si fuese de vuestro interés presenciar este informe oral, pueden inscribirse hasta el 30 de junio de 2021 en audiencias.publicas@tribunalandino.org.

Pues bien, esta sección de noticias ha llegado a su fin. No puedo concluir esta nota sin dar a conocer que el próximo 25 de junio la Universidad Autónoma de Madrid llevará a cabo el evento denominado “El derecho al olvido: ¿reto para la protección internacional de datos?”, en el que participará como ponente nuestro estimado Aurelio. Se hace extensiva la invitación para que puedan inscribirse.

Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos pronto con más noticias del otro lado del charco.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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