Noticias con pisco: se aprueba en Perú la metodología para graduar multas por infracciones a derechos de propiedad intelectual

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El reciente 25 de febrero ha sido publicado en Perú un Decreto que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Instituto Nacional De Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (Indecopi) respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia.

Para poner en contexto al lector que no esté familiarizado con la administración de la propiedad intelectual en el Perú, se debe señalar que el Indecopi incorpora en su estructura orgánica tres Direcciones que administran los derechos de propiedad intelectual en dicho país; a saber, la Dirección de Derechos de Autor, la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. A su vez, cada Dirección tiene adscrita una Comisión que, entre otras cosas, está encargada de efectuar la observancia de los derechos de su competencia, lo que las faculta a tramitar procedimientos administrativos de infracción contra quienes vulneren tales derechos y, como consecuencia de ello, a sancionar a estos con multas.

Como es de general conocimiento, las multas tienen como propósito desincentivar que los infractores vuelvan a incurrir en la conducta ilícita. De acuerdo con la normatividad de la materia, al momento de imponer una multa, las Comisiones pueden tener en cuenta aspectos tales como el beneficio ilícito obtenido por el infractor, la probabilidad de detección de la infracción, la modalidad y alcance del acto infractor, la mala fe en la comisión de la infracción, entre otros. No obstante, a pesar de contar con esta lista de criterios, su aplicación no se ha regido por una metodología oficial, lo que ha conducido a la existencia de cierta discrecionalidad por parte de las Comisiones al momento de calcular las multas, lo que denotaba una clara falta de predictibilidad sobre el particular.

A fin de superar la situación advertida, el Decreto publicado recientemente ha establecido las pautas que las Comisiones deberán tener en cuenta al momento de imponer una multa. En particular, se ha establecido que la determinación de las multas por la infracción de derechos de propiedad intelectual se basará en un método denominado “ad hoc”, el cual se rige bajo la siguiente ecuación:

Cabe indicar que, para la determinación del beneficio ilícito, se ha hecho una distinción entre los casos de infracción que son de competencia de las Comisiones de Signos Distintivos y Derechos de Autor, y, de otro lado, los casos que son de competencia de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías. En este sentido, se ha indicado que en los casos de infracción a derechos de marcas y derechos de autor, vinculados a actividades de falsificación y piratería, respectivamente, el beneficio ilícito puede asumirse como el íntegro de los ingresos derivados de tales actividades, en la medida que, de otro modo, el infractor hubiera tenido ventas nulas, y se calcula en base a si la mercancía es hallada en aduana o si ya es comercializada en el mercado, tal como a continuación se señala:

Por otra parte, se ha dispuesto que en los casos vistos por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, vinculados a patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y nuevas variedades vegetales, el beneficio ilícito tenga en cuenta las ganancias netas obtenidas como consecuencia de la actividad infractora, en tanto dichas ganancias no habrían podido ser obtenidas sin el uso de materia respecto de la cual se debía haber contado con previa autorización.

Se aprecia pues que en los casos vistos por las Direcciones de Signos Distintivos y Derechos de Autor el valor del beneficio ilícito se relaciona directamente con el precio del producto cuestionado (incluyendo así no solo las ganancias del infractor sino también los costos asumidos por la introducción del producto cuestionado), mientras que en los casos vistos por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, el valor del beneficio ilícito es determinado a la luz del valor de la utilidad neta de la actividad infractora (lo que excluye la consideración de los costos asumidos como consecuencia de la actividad en cuestión).

Por su parte, para determinar la probabilidad de detección, que permite incorporar a la multa la expectativa que tiene un infractor de ser detectado, se han establecido valores predeterminados según el riesgo de detección (bajo, medio, alto), para cuya determinación se podrán tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

Así, tras determinar el nivel correspondiente, se emplea el valor preasignado de acuerdo con el siguiente cuadro:

Luego de obtener los valores pertinentes y hacer uso de la ecuación antes señalada, se obtendrá una multa base, la que, en un último paso, podrá ser objeto de incremento o decremento en virtud de factores agravantes (v. g. reincidencia, inconducta de la parte en el procedimiento, entre otros) o atenuantes (v. g. presentación de propuesta conciliatoria, entre otros). A estos efectos, se ha establecido que los factores agravantes podrían incrementar la multa base hasta en un 100% y que los factores atenuantes podrían reducir la multa hasta en un 50%.

Por último, se deberá verificar que en todo caso el valor obtenido no exceda el tope legal, siendo pertinente señalar sobre el particular que, por ley, en los casos vistos por la Comisión de Signos Distintivos y la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías el tope legal es de 150 Unidades Impositivas Tributarias (fijado para el 2021 en PEN 4 400, lo que aproximadamente equivale a la fecha a EUR 1000). Por su parte, por ley, la Comisión de Derechos de Autor puede imponer multas hasta por 180 Unidades Impositivas Tributarias. Cabe señalar que en enero de 2020, Indecopi publicó una propuesta de ley para el fortalecimiento de la observancia de los derechos de propiedad intelectual que, entre otras cosas, planteaba incrementar el tope legal por infracción de derechos a 450 Unidades Impositivas Tributarias; no obstante, hasta la fecha dicho proyecto no ha sido aprobado.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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