El uso de criptomonedas como método de pago y las implicaciones para el Derecho internacional privado

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El pasado 20 de noviembre de 2020, tuve el honor de participar como ponente en el VI Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado “LegalTech”, organizado por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Fruto de aquello surgen estas reflexiones que, negro sobre blanco, se leen así:

La tecnología blockchain se ha convertido, por méritos propios, en uno de los principales retos para investigadores del siglo XXI. Especialistas de todos los ámbitos han estudiado las diversas aplicaciones de esta tecnología, y la ciencia del Derecho no ha sido una excepción. En este sentido, la ausencia de una regulación específica de la cadena de bloques ha generado una serie de incógnitas que van desde su valor probatorio hasta la posible validez de los negocios jurídicos celebrados a través de ésta.

El carácter ubicuo y deslocalizado de las plataformas públicas de blockchain provoca que las relaciones jurídicas que tienen lugar a través de esta tecnología sean esencialmente internacionales, circunstancia que obliga a analizar si la normativa de Derecho internacional privado (en adelante, “DIPr”) está lo suficientemente preparada para regular las relaciones privadas internacionales que pueden aparecer como consecuencia de la utilización de esta tecnología.

Del análisis de los mecanismos legales existentes se deduce que, a grandes rasgos, el Derecho se encuentra lo suficientemente preparado y que no es necesaria una reforma íntegra del marco normativo actual para otorgar una regulación satisfactoria a la cadena de bloques. De hecho, a mi modo de ver, la posibilidad que otorgan las normas de DIPr de elegir los tribunales competentes y el Derecho aplicable al negocio jurídico contribuye a eludir los problemas que la falta de adaptación de ciertos Derechos internos puede suponer para los usuarios de esta tecnología. No obstante, hay una cuestión que plantea problemas para la aplicación de las normas de Derecho internacional privado, como es la utilización de las criptodivisas como medio de pago.

Naturaleza jurídica de las criptodivisas

Ofrecer una definición adecuada de las criptodivisas es tarea complicada, dado que a día de hoy no existe consenso acerca de la configuración jurídica-legal de las mismas. El Banco Central Europeo, por ejemplo, las define como “representaciones digitales de valor no emitidas por ninguna autoridad central bancaria, (…) pero que, en ciertas ocasiones, pueden ser utilizadas como medio de pago alternativo al dinero”.

Ahora bien, como he sostenido en un artículo de reciente publicación, es necesario llevar a cabo un análisis pormenorizado para determinar su verdadera naturaleza jurídica, dado que esta afecta indirectamente a su regulación por el DIPr, condicionando la calificación jurídica de los contratos en los que estas criptomonedas se utilizan como método de pago y, por lo tanto, la norma aplicable para determinar la competencia judicial internacional y el Derecho aplicable al mismo.

En primer lugar, debemos descartar la posibilidad de que las criptodivisas sean equiparadas a una moneda de curso legal. Y todo ello, porque a día de hoy no han sido reconocidas de manera expresa como tal por ningún organismo oficial, no son supervisadas por ninguna autoridad competente y no cuentan con el respaldo de la Unión Europea. En este sentido, la advertencia emitida en 2018 por el Sistema Europeo de Supervisión Financiera subraya que las criptodivisas disponibles son representaciones digitales de valor no emitidas ni garantizadas por bancos centrales y que, por lo tanto, no tienen la condición jurídica de moneda de curso legal.

El consenso negativo en torno a dicha calificación abre paso a nuevos planteamientos entre los académicos, la mayoría de los cuales se dividen en torno a dos posibles calificaciones, como son: la concepción de las criptomonedas como bienes muebles y su clasificación como medios de pago.

La calificación de las criptodivisas como bienes muebles intangibles y susceptibles de propiedad encuentra su fundamento en los artículos 333, 335, 337 y 345 del Código Civil. Su análisis permite concluir que, al tratarse de elementos no fungibles y susceptibles de propiedad privada y de apropiación, las criptomonedas cumplen con los requisitos suficientes como para optar a dicha calificación.

En este sentido, podemos señalar la posición de figuras tales como el Tribunal Supremo, que en su sentencia de 20 de junio de 2019 afirmaba que “el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial (…) de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten” o de organismos internacionales como el UK Jurisdiction Taskforce, que en un informe de 2019 concluyó que, conforme a la normativa actual, las criptomonedas deben ser tratadas como activos intangibles.

En base a ello, parece lógico que la doctrina haya optado por calificar momentáneamente a las criptodivisas como bienes intangibles susceptibles de propiedad. Ahora bien, antes de llegar a ninguna conclusión definitiva, debemos referirnos a la otra posibilidad esgrimida, como es la equiparación de las criptomonedas a medios de pago.

El origen de esta concepción se encuentra en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2015, en la cual dicho Tribunal afirma que “la divisa virtual de flujo bidireccional «bitcoin» (…) no puede calificarse de «bien corporal»” y que “no tiene ninguna finalidad distinta de la de ser un medio de pago y que ciertos operadores la acepten como tal”.

Esta interpretación viene respaldada por la Dirección General de Tributos, que equipara las criptomonedas a medios de pago a efectos fiscales (consulta V3513-19) o por normas como la Directiva sobre blanqueo de capitales, la cual las define como una “representación digital de valor (…) que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio”.

Es cierto que esta clasificación se enfrenta a un obstáculo, como es la falta de respaldo por parte de Estados que acepten la criptomoneda como medio de pago. En este sentido, la mayoría de países de la Unión Europea (salvo contadas excepciones como, por ejemplo, Francia) no se han pronunciado todavía de manera precisa sobre el tratamiento de las criptodivisas dentro de los límites de su territorio. Ahora bien, la reciente propuesta de Reglamento sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA) de la Comisión Europea, publicada en septiembre de este mismo año, parece ir orientada a la equiparación de las criptodivisas a medios de pago (tal y como se deriva de la lectura del Considerando 9 y el artículo segundo del borrador) y posee el potencial suficiente para unificar el tratamiento legal de las mismas en el marco europeo.

Por todo ello, estoy de acuerdo con aquellos autores que entienden que el bitcoin podrá llegar a funcionar como mecanismo extintivo de la obligación de pago, dado que esta calificación es la que mejor se adecúa a la finalidad última de las criptodivisas. Una vez aclarada dicha cuestión, se plantea como necesario realizar un análisis de las consecuencias derivadas para el DIPr de dicha clasificación.

Implicaciones para el Derecho internacional privado de las distintas calificaciones posibles

A los efectos de Derecho internacional privado, la posibilidad de otorgar una calificación autónoma de las criptomonedas como medio de pago permite garantizar una aplicación uniforme de los instrumentos de DIPr en todos los Estados miembros y ofrece resultados más satisfactorios que otras calificaciones alternativas a la hora de determinar los tribunales competentes y la ley aplicable en las transacciones en las que estas se utilicen. Y ello porque, si se optara por considerar las criptomonedas como “activos intangibles”, esta calificación dificultaría innecesariamente la aplicación de los instrumentos normativos correspondientes:

A. Competencia judicial internacional

En relación con la competencia judicial internacional, los problemas se plantean en aquellos supuestos en que las partes no han incluido una cláusula de sumisión (o esta resulta nula) y por lo tanto debe acudirse al art. 7.1 del RBI bis para la determinación de los tribunales competentes:

La calificación de las criptodivisas como “medio de pago” implica que los contratos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios no verán alterada su calificación jurídica, por lo que continuarán siendo aplicables las reglas especiales del art. 7.1 b). Así, en los contratos de compraventa, la jurisdicción correspondería a los tribunales del Estado de entrega de las mercancías y en los de servicios, a los del lugar de prestación del servicio.

Por el contrario, si se siguiera la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y se calificara a las criptodivisas como “bienes intangibles”, resultaría difícil sostener la aplicación de las reglas especiales de la letra b) dado que:

  • Si se tratara de una entrega de mercancías a cambios de bitcoins estaríamos ante una especie de permuta.
  • Si se tratara de la prestación de su servicio a cambio de bitcoins, ante un contrato de difícil calificación, pero, sin duda, no se estaría ante el tradicional esquema contractual de prestación de servicios a cambio de un precio.

En consecuencia, no siendo aplicables ninguna de las reglas especiales, sería preciso acudir a la regla general de la letra a), con las dificultades que ello entraña: resultaría preciso identificar la obligación concreta cuyo cumplimiento se reclama; y, posteriormente, fijar el lugar donde debía cumplirse. De no venir éste establecido en el contrato, debería determinarse a partir de la lex contractus que, como expondremos a continuación, también presenta problemas para su identificación.

B. Ley aplicable

De nuevo aquí, en aquellos casos en los que las partes no hayan incluido una cláusula de elección de ley aplicable (o esta resulte nula) y la criptomoneda sea considerada un “activo intangible”, será difícil entender que el contrato está incluido en una de las categorías establecidas en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento Roma I. Sería necesario acudir, por tanto, al apartado 2 y, en su caso, al apartado 4, cuya aplicación resulta más compleja para el aplicador del Derecho y no garantiza el mismo grado de seguridad jurídica que las soluciones del apartado primero.

Así, por ejemplo, si la compraventa de mercancías mediante bitcoins fuera calificada como un contrato de permuta, no sería posible identificar a la parte que lleva a cabo la obligación característica, por lo que la ley más estrechamente vinculada debería designarse directamente, en atención a todos los elementos que rodean el contrato. Aquí, la naturaleza descentralizada y autónoma de la tecnología blockchain podría llegar a dificultar la aplicación de este criterio.

Por el contrario, la aproximación a las criptomonedas como método de pago conllevaría que los contratos de compraventas de mercaderías y los de prestación de servicios mantendrían su calificación jurídica y, por lo tanto, el Derecho aplicable se determinaría a partir del art. 4.1 del Reglamento Roma I, lo cual conduciría a la regulación del contrato por la ley del Estado de residencia habitual del vendedor y del prestador del servicio.

Por todo ello, si bien la aplicación de los apartados 2 y 4 debería llevar de igual manera a la aplicación de dichas leyes, resulta mucho más sencillo alcanzar ese resultado si las criptomonedas son calificadas como medios de pago.

Conclusión

A modo de conclusión, cabe afirmar que las normas de Derecho internacional privado actuales se encuentran lo suficientemente preparadas como para otorgar una regulación satisfactoria a los negocios jurídicos que integren monedas virtuales, incluso en aquellos supuestos en los que llegue a producirse una recalificación del contrato derivada de la concepción de las criptodivisas como activos intangibles.

No obstante, dada la dificultad de determinar cuestiones tales como la competencia judicial o la ley aplicable en los supuestos de recalificación del contrato, considero que es más adecuada, a efectos de Derecho internacional privado, la clasificación de las criptodivisas como medio de pago alternativo. Esta posición parece ser compartida por la Comisión Europea, tal y como se deriva del borrador del Reglamento sobre el Mercado de Criptoactivos publicado en septiembre de 2020 y que, en caso de ser aprobado, facilitará el consenso en torno a la naturaleza jurídica de las criptodivisas y permitirá unificar el tratamiento legal que se da a las mismas.

Raúl Ruiz Rodríguez
Raúl Ruiz Rodríguez
Doctorando con contrato FPU en el departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. En un arrebato de locura, acudió a los ilustres profesores Desantes y López-Tarruella para que se convirtieran en sus mentores y le iniciaran en el apasionante mundo del International Privado. A día de hoy, todavía no se ha arrepentido…

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