¿Es técnicamente viable que los Países Miembros de la Comunidad Andina puedan ser parte del Sistema de La Haya?

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Este artículo ha sido preparado por

Diego Francoise Ortega Sanabria, LL.M. (IP), MBA, Doctorando en Derecho de la Universidad de Alicante.

El próximo 6 de junio, el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entrará en vigencia en México, lo cual convertirá a éste en el primer país hispanohablante de Latinoamérica en ser parte del mismo. Ante tal panorama, cabe preguntarse por qué los países que conforman la Comunidad Andina no han optado aún por ser parte del mismo. Ciertamente, para adherirse a un tratado internacional deben converger razones tanto de orden político como técnico. Dicho ello, a través del presente serán abordados los alcances técnicos de la materia, mismos que, a la luz de lo advertido en diversos foros, se centran en corroborar si el régimen común andino de diseños industriales previsto por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es conciliable con el Arreglo de La Haya, en particular, con el Acta de Ginebra de 1999.

Para ser más concretos, se ha venido sosteniendo que los países de la Comunidad Andina no podrían adherirse al Arreglo de La Haya ya que el Acta de 1999 dispone que, siempre que el registro internacional sea renovado, éste tendrá una duración máxima de 15 años contados a partir de la fecha del registro (Artículo 17), lo cual no sería compatible con los términos de la Decisión 486, según los cuales la duración máxima de protección de un registro de diseño industrial es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 128). A continuación, se verá si dicho prejuicio presenta un sustento valedero.

Considero que en primer término resulta imprescindible establecer si el Sistema de la Haya constituye únicamente un sistema internacional de presentación (application filing system) o uno de registro u otorgamiento internacional de derechos (right issuing system). Para ser breves, un sistema internacional de presentación se caracteriza por el hecho de que una única solicitud tiene efecto en diversas jurisdicciones, lo que evita que el solicitante deba presentar una solicitud por cada país o región en donde desea obtener protección; no obstante, la determinación de la concesión o no del derecho pretendido le continúa perteneciendo al país o región en cuestión, dando lugar a un derecho nacional o regional, según sea el caso. Ejemplo de ello es el sistema PCT (Patent Cooperation Treaty), para la presentación de solicitudes internacionales de patentes.

En cambio, un sistema internacional de otorgamiento de derechos busca la generación de una única fuente de derechos, capaz de surtir efectos por sí sola en diversas jurisdicciones, teniendo una existencia independiente a la de los registros administrados a nivel nacional o regional. Dicho lo anterior, se puede afirmar que el Sistema de La Haya constituye un auténtico sistema internacional de registros, toda vez que, según el Acta de 1999 del Arreglo de La Haya, la presentación de una solicitud internacional origina un único registro internacional por parte de la Oficina Internacional (Artículo 10.1). Así pues, el registro internacional origina un derecho constitutivo exigible a terceros, con un alcance territorial amplio, ya que producirá efectos en cada Parte Contratante.

Cabe señalar que el hecho de que el Acta de 1999 establezca que el registro internacional tiene el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección de un diseño en virtud de la legislación de las Partes Contratantes (Artículo 14) no merma lo antes indicado, ya que esta disposición únicamente busca que el alcance de los derechos emanados del registro internacional sea uniforme al de cada País Contratante (en el caso de la Comunidad Andina, los efectos del registro están dictados por los Artículos 129 a 131 de la Decisión 486); sin embargo, en ningún caso se podría sostener que lo que pretende el Acta es convertir al registro internacional en uno nacional; en cambio, lo que busca es equiparar los efectos de uno frente al otro, preservando su naturaleza independiente al apuntar que ambos constituyen elementos diferentes, aunque con idénticos efectos. En la línea de lo anterior, una vez que el registro internacional es inscrito, el titular del mismo cuenta automáticamente con el derecho de excluir a todo aquel que infrinja sus derechos en los Países Contratantes, aplicándose las reglas procesales correspondientes a cada uno de estos.  

Es de acotar que hay casos particulares como el de los Estados Unidos de América, que prevé que la protección en dicho país no será otorgada hasta que la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO) conceda una patente de diseño, lo que impide un registro automático en dicho territorio (37 C.F.R. § 1.1071.); sin embargo, ello se debe a las particularidades propias de dicho sistema, que únicamente protege los diseños a través del sistema de patentes, lo que no perjudica la interpretación efectuada precedentemente, coherente con la manera en cómo ha venido siendo aplicado el Arreglo de La Haya en otras Partes Contratantes.

Ahora bien, si bien de acuerdo con la Regla 18bis.1) del Reglamento Común del Acta de 1999, la Oficina de una Parte Contratante designada que no haya comunicado una notificación de denegación puede enviar a la Oficina Internacional una declaración en el sentido de que se concede protección a los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional en la Parte Contratante en cuestión, ello no tiene implicancias sobre el carácter constitutivo del registro internacional, ya que, por ejemplo, el hecho de que una Oficina no envíe esa declaración de concesión de protección no tiene consecuencias jurídicas, tal como revela la Guía para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, que, a este efecto, consigna que sigue vigente el principio de que, si no se envía una notificación de denegación dentro del plazo de denegación aplicable, quedarán protegidos los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional.

Todo lo anterior conlleva a establecer que el registro internacional dispuesto por el Arreglo de La Haya constituye un elemento autónomo y alternativo a los registros nacionales o regionales que individualmente adopta cada Parte Contratante. Ello es acorde con lo previsto por el artículo 2 del Acta de 1999, que prevé que las disposiciones de dicha Acta no afectan la protección acordada a los dibujos y modelos industriales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Ejemplo de lo anterior es la situación existente en los países de la Unión Europea, en donde coexisten hasta tres vías alternativas para obtener protección de diseños industriales, a saber, i) el sistema de diseño nacional, ii) el diseño comunitario (previsto por la Directiva 98/71/CE del 13 de octubre de 1998) y iii) el registro internacional bajo el Arreglo de La Haya.

A la luz de lo antes señalado, se concluye que en tanto el registro internacional constituye un registro independiente al previsto por la Comunidad Andina, el hecho de que el primero pueda llegar a tener una duración máxima de 15 años y que el último tenga una extensión máxima de 10 años no supone que los países de este bloque regional no puedan adherirse al Sistema de La Haya. Así pues, dada la naturaleza advertida, se estima que el sistema previsto por el Arreglo de La Haya y el previsto por el régimen comunitario de la Comunidad Andina pueden coexistir, estimándose así que no resulta necesario efectuar modificación o alteración de ningún orden de la Decisión 486 con el fin de encontrar elementos de compatibilidad.

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