Hace unas semanas, en una noche que andaba desvelado, leí el siguiente artículo de la WIPO Magazine: La función que desempeñan las bibliotecas para garantizar el acceso a los conocimientos, de Ben White. Andaba yo, por entonces, preocupado con eso del acceso al conocimiento. Varios datos del artículo me interesaron, no todos sobre esta cuestión.
En primer lugar, llevamos tanto tiempo sin hablar “Googlebooks” que uno ya se olvidó de la relevancia de un proyecto de tales magnitudes.
“En un informe que el gobierno de Francia ha remitido al Senado de su país en apoyo de la adopción de una legislación nueva que permita la digitalización masiva, se estima que el 57% de las obras publicadas en Francia desde 1900 son huérfanas”
“un estudio reciente financiado por la Unión Europea y titulado “Seeking New Landscapes” reveló que el 42% de una serie de monografías escogidas al azar y publicadas entre 1870 y 2010 eran obras huérfanas”.
Tras leer esto, uno le encuentra justificación a la Directiva sobre obras huerfanas y se pregunta… ¿Quien puede afirmar que las personas que hay detrás de todo este material no desearían que se hiciera accesible al público en un proyecto como Googlebooks?
Pero hay más:
“En 2008, la OMPI encargó un estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en beneficio de bibliotecas y archivos. El estudio evidenció que la legislación en materia de excepciones para las bibliotecas difiere enormemente de un país a otro. Por otra parte, reveló que, de los 149 países analizados, 21 no contaban en sus legislaciones con excepciones del derecho de autor para las bibliotecas y 128 tenían al menos una excepción legal para las bibliotecas. Muchos otros, sobre todo los países desarrollados, tenían varias disposiciones relativas a las bibliotecas en su legislación. No obstante, incluso en aquellos países que cuentan con excepciones al derecho de autor, por lo general estas son anteriores a la irrupción de Internet, por lo que es necesario actualizarlas y adaptarlas al entorno digital”.
Si unimos estas conclusiones – contrastadas en datos estadísticos – con los resultados de estudios similares encargados por la OMPI en relación con el juego de las excepciones con fines educativos y de investigación, uno llega a alarmarse ante la creciente dificultad por acceder al conocimiento.
Pero hay más:
“En 2008, la OMPI encargó un estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en beneficio de bibliotecas y archivos. El estudio evidenció que la legislación en materia de excepciones para las bibliotecas difiere enormemente de un país a otro. Por otra parte, reveló que, de los 149 países analizados, 21 no contaban en sus legislaciones con excepciones del derecho de autor para las bibliotecas y 128 tenían al menos una excepción legal para las bibliotecas. Muchos otros, sobre todo los países desarrollados, tenían varias disposiciones relativas a las bibliotecas en su legislación. No obstante, incluso en aquellos países que cuentan con excepciones al derecho de autor, por lo general estas son anteriores a la irrupción de Internet, por lo que es necesario actualizarlas y adaptarlas al entorno digital”.
Si unimos estas conclusiones – contrastadas en datos estadísticos – con los resultados de estudios similares encargados por la OMPI en relación con el juego de las excepciones con fines educativos y de investigación, uno llega a alarmarse ante la creciente dificultad por acceder al conocimiento.
Y todavía hay más:
“A pesar de las múltiples ventajas que ha aportado la era digital, por desgracia también ha propiciado una erosión del derecho de autor, ya que la utilización de los contenidos digitales, una vez adquiridos, ya no se rige por la legislación de derecho de autor, sino por el Derecho contractual. A diferencia de las legislaciones nacionales sobre derecho de autor, el Derecho contractual, no se esfuerza expresamente por fomentar la creatividad procurando el equilibrio entre las necesidades de los creadores y las de los usuarios”.
“A pesar de las múltiples ventajas que ha aportado la era digital, por desgracia también ha propiciado una erosión del derecho de autor, ya que la utilización de los contenidos digitales, una vez adquiridos, ya no se rige por la legislación de derecho de autor, sino por el Derecho contractual. A diferencia de las legislaciones nacionales sobre derecho de autor, el Derecho contractual, no se esfuerza expresamente por fomentar la creatividad procurando el equilibrio entre las necesidades de los creadores y las de los usuarios”.
“En un análisis de 100 contratos realizado en 2007 por la British Library, se muestra que en los contratos se socava de forma sistemática la legislación de derecho de autor, ya que a menudo las limitaciones y excepciones legales existentes quedan sin efecto en virtud del Derecho contractual. A modo de ejemplo, solo en dos de los 100 contratos objeto del análisis se permitía de forma explícita el acceso a las obras de las personas con discapacidad visual, y solo en 23 se autorizaba a las bibliotecas archivar los materiales que habían adquirido”.
“Cada año se invierten miles de millones de euros en la adquisición de material electrónico, pero cada vez se le pueden dar menos usos a dicho material. La situación en la que se encuentran las bibliotecas es similar a la que se produciría en el mundo analógico si cada uno de los libros que están en las estanterías estuviera sujeto a un contrato diferente y en cada contrato se permitieran cosas distintas”.
¿Veremos alguna vez algún tribunal nacional, supranacional (TJUE) o un Panel de OMC afirmando el carácter imperativo (y por tanto inderogable por contrato) de las excepciones a los derechos de autor? ¿Existen como han dicho varios autores “binding ceilings” en materia de propiedad intelectual que impiden a los Estados incrementar la protección?
Abrazos,
Aurelius
Blog Lucentinus
