Comentario a la sentencia TGI Paris 20 mayo 2008, “SAIF c. Google”: ley aplicable a la propiedad intelectual en Internet

Noticias de la PI Comentario a la sentencia TGI Paris 20 mayo 2008,...
- Advertisment -
Recientemente, los amigos de CERLALC (Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina, el Caribe, España y Portugal) me han pedido un comentario a la sentencia del Tribunal Grande Instance Paris de 20 mayo 2008, “SAIF v. Google France, Google Inc para incluir en su cada vez más abundante base de datos de jurisprudencia. Con su autorización, transcribo el comentario con la finalidad de intercambiar impresiones acerca de la ley aplicable a las infracciones de propiedad intelectual en Internet (una cuestión sobre la que ya expuse mis opiniones aquí).
La sentencia objeto del presente comentario es un ejemplo de la aplicación de la interpretación sostenida por la Cour de Cassation francesa del Art. 5.2 del Convenio de Berna en supuestos de infracciones de derechos de autor en las que la actividad infractora se lleva a cabo en un Estado y los daños de la infracción se dejan sentir en otro. Es lo que en Francia se ha dado en llamar “ilícitos complejos”.

Según estableció la Cour de Cassation en su sentencia de 30 enero 2007, “Lamore (sobre la misma, véase mi comentario en Revista iberoamericana de Derecho de Autor, Año III, num. 5, Enero-Junio 2009, pp. 125 – 130) en estos supuestos, debe entender que “la legislación del país en que se reclama la protección” es la del país en el que se han llevado a cabo las actividades que dieron lugar a la infracción. La particularidad del presente asunto es la aplicación de dicha jurisprudencia a una infracción verificada en Internet. Así, aunque las fotografías utilizadas por Google como “thumbnails” en su herramienta Google Images eran visualizables desde Francia, el TGI de París entiende que “la actividad del motor de búsqueda es puesta en práctica en el seno de las oficinas de la sociedad Google Inc” por lo que, en consecuencia, se hace aplicación de la ley estadounidense (la Copyright Act 1976). La interpretación del Art. 5.2 tiene una gran trascendencia en el caso concreto: la utilización de pequeñas versiones de fotografías en los buscadores es considerada como un uso cubierto por la doctrina de “fair use” en Estados Unidos, por consiguiente la entidad actora (Societé des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe) no tenía ningún derecho a reclamar un royalty por la utilización de dichas fotografías. Muy probablemente, de haberse interpretado que la ley aplicable era la del lugar donde se produce la infracción, el resultado del caso podría haber sido muy diferente por cuanto la utilización de una obra completa en un tamaño reducido en un motor de búsqueda parece tener difícil cabida entre las excepciones al derecho de exclusividad recogidas en el Derecho francés.

La interpretación del Art. 5.2 Convenio de Berna adoptada por los tribunales franceses debe entenderse que señala la aplicación de la ley del Estado donde se han llevado a cabo las actividades que dan lugar a la infracción. Dicho Estado no debe ser confundido con el país donde se encuentra el servidor en el que se aloja la información. Así, por ejemplo, podría ser el caso de que Google gestionara todas sus aplicaciones web en Mountain View (California) pero que la
información se almacenara en un servidor en las Islas Bermudas. En tal caso, la ley aplicable seguiría siendo la de Estados Unidos.

La interpretación asumida por los tribunales franceses tiene dos ventajas. Por un lado, en supuestos de infracciones de derechos de autor plurilocalizadas (es decir, aquellas en las que los daños se dejan sentir en más de un Estado) el juez competente aplicará una sola ley, la del Estado donde se han llevado a cabo las actividades que dan lugar a la infracción. Esto facilita enormemente la labor del juez. En caso contrario, ante una infracción plurilocalizada, el órgano jurisdiccional y las partes se verían obligados a litigar en atención a una pluralidad de leyes (en este sentido puede consultarse la sentencia Cour de cassation de 5 de marzo de 2002, “SISRO
c. Ampersand Software BV et autres”). Por otro lado, de asumirse con carácter general por los Estados parte del Convenio de Beran que el Art. 5.2 remite a la aplicación de la “ley de origen”, los intereses de los prestadores de servicios resultarían muy beneficiados: bastaría con que adaptasen el contenido de su web site a la legislación del país en el que estén establecidos (y en el que llevan a cabo la gestión del mismo) para que la explotación fuera considerada como legal en todos los países del mundo.

Naturalmente, esta interpretación entraña un peligro evidente que es puesto de manifiesto por la parte demandante: la aplicación de la ley de origen llevaría a los prestadores de servicios a establecerse en países sin leyes de protección de los derechos de autor, circunstancia que redundaría en una desprotección de las obras a nivel mundial. Bien es cierto que no sería suficiente con que los servidores fueran localizados en dichos países sino que debería ser el prestador de servicios el que trasladase su domicilio social. Aun así, el riesgo es muy elevado. También es posible pensar que para esos casos en los que la ley de origen no ofreciese un adecuado nivel de protección, el juez competente podría acudir a la excepción de orden público y aplicar su propia ley. Ahora bien, se trata éste de un mecanismo muy poco respetuoso con el Derecho extranjero. Además, el correctivo de orden público es de aplicación excepcional. Por esta simple razón, considero que la jurisprudencia de la Cour de cassation aplicada en la presente decisión es equivocada. A mi modo de ver, la “ley del país en el que se reclama la protección” es la del país en el que se verifican los daños derivados de la infracción. En el caso concreto, la francesa.

En cualquier caso, la regulación de las infracciones internacionales de propiedad intelectual han entrado en una nueva etapa en Europa desde enero de 2009, fecha en la que entró en vigor el
Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (R. Roma II) (DOCE L 199, 31 Julio 2007), que incluye una norma de conflicto especial en materia de propiedad intelectual (Art. 8.1: “ley del país para cuyo territorio se reclama la protección”). Resulta dudoso si los tribunales franceses aplicarán esta nueva norma o, en virtud del Art. 28.1,
seguirán aplicando el Art. 5.2 Convenio de Berna en materia de derechos de autor. Existen infinidad de voces que afirman que el Art. 5.2 no es una norma de conflicto (por todos, vid VAN EECHOUD, M. Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis, La Haya, 2003), afirmación que ha sido también sostenido por el TJCE (sentencia 30 junio 2005, C-28/04, “Tod’s c. Heyraud”). Está por ver si, en el futuro, los tribunales franceses asumirán esta “nueva” interpretación la cual implicaría que las infracciones internacionales de derecho de autor se regirían por el Art. 8.1 R. Roma II. Esto tendría evidentes ventajas puesto que el TJCE podría solucionar las dudas interpretativas sobre la disposición, así como garantizar una aplicación uniforme de la misma.

Blog Lucentinus

Aurelio López-Tarruella
Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

LO ÚLTIMO

Must read

- Advertisement -

Quizá también te gusteRELACIONADOS
Recomendados para ti