El pasado 24 de septiembre, el TJUE dicto sentencia en el asunto “Google” referida al ámbito geográfico de la normativa que regula el derecho al olvido, es decir, el actual Art. 17 RGDP

La sentencia fué vendida como una victoria para Google. Pero, desde que lei el comentarío de Hiago Busch en este mismo blog, hay una duda que no deja de acecharme: ¿es la sentencia compatible con el Reglamento 2018/302 sobre bloqueo geográfico?. Como expondré, no es este el único problema que observo con la sentencia.

Habiendo sido explicados los antecedentes de hecho de la decisión por Hiago, me limitaré a recordar su fallo. En el se obliga al gestor del motor de búsqueda (Google) a adoptar dos tipos de medidas que, tal y como está redactado, se da la impresión de que una es la principal y la otra subsidiaria. 

  1. La primera consiste en proceder a la retirada de enlaces “en las versiones del motor de búsqueda que correspondan al conjunto de los Estados miembros”
  2. La subsidiaria, que debe combinarse con la primera, “en caso necesario”, consistiría en “medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen una búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de los Estados miembros el acceso, a través de la lista de resultados que se obtenga tras esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de retirada”.

A mi modo de ver, estas segundas medidas, referidas al bloqueo geográfico, más que subsidiarias son principales e imprescindibles, por cuanto, sin ellas, el respeto del ámbito de aplicación territorial de la medida adoptada no resulta garantizado. Y ello por dos razones.

En primer lugar, porque en aquellos supuestos en los que el motor de búsqueda donde aparezcan los enlaces cuando se introduzca en nombre del interesado no esté identificado con una extensión de nombre de dominio correspondiente a uno o varios Estados miembros, la primera medida no es aplicable. Tal sería precisamente el caso, por ejemplo, de un buscador que únicamente utiliza un nombre de dominio genérico, supuesto que, a pesar del abrumador dominio de Google, puede acontecer en alguna ocasión.

Se puede, igualmente, dar el supuesto inverso: que el buscador funcione a nivel mundial a partir exclusivamente de nombre de dominio con una extensión correspondiente a un Estado miembro. La aplicación de la medida implicaría que nadie puede acceder a la información, independientemente del lugar desde el que quiera acceder, con lo cual se estaría incumpliendo el fallo de la sentencia por exceso.  

En tales casos, para garantizar el cumplimiento del alcance territorial de la medida será preciso adoptar medidas del segundo tipo. Es decir, medidas que, técnicamente, impidan el acceso a la información desde direcciones IP de ordenadores y dispositivos móviles localizados en la Unión. Dicho de otro modo: medidas técnicas de bloqueo geográfico.

En segundo lugar, porque las medidas principales identificadas por el TJUE responden a la particular configuración de las versiones nacionales del motor de búsqueda de Google explicada en el Ap. 42 de la sentencia. El nombre de dominio introducido por un internauta en el navegador ya no determina la versión nacional del motor de búsqueda al que se accede. Actualmente, el internauta es dirigido automáticamente a la versión nacional del motor de búsqueda de Google que corresponde al lugar desde el que se considera que efectúa la búsqueda y los resultados de esta se obtienen de acuerdo con ese lugar, que es determinado por Google mediante un proceso de localización geográfica.

Así, si yo intento acceder desde España a “google.com” o “google.fr”, el sitio web me redirecciona automáticamente a “google.es”. Por consiguiente, si Google retira la información ilícita o los enlaces controvertidos de los resultados de la búsqueda de todas las versiones del sitio web identificadas con las extensiones de nombres de dominio de los Estados miembros estará garantizando que el derecho al olvido se aplica exclusivamente en territorio europeo.

El problema es que esta solución es incompatible con el R. 2018/302 de bloqueo geográfico el cual resulta aplicable a Google, aunque sea un prestador de servicios establecido en un tercer Estado. De acuerdo con el art. 3, los comerciantes no podrán, por motivos relacionados con la residencia habitual, redirigir al cliente a una versión de su interfaz diferente a la que el cliente hubiese tratado de acceder salvo que el cliente haya dado su consentimiento expreso, que el comerciante ofrezca una explicación clara y específica de las razones de la redirección, y que la versión inicial siga siendo fácilmente accesible para ese cliente.

Por consiguiente, la nueva configuración del buscador de Google no es compatible con el Reglamento: un cliente que accede a “google.com” desde España no puede ser redireccionando a “google.es” salvo que otorgue su consentimiento, y siempre se debe ofrecer la posibilidad de volver a “google.com” para hacer búsquedas. Hasta donde he podido investigar, a día de hoy, esto no es posible. Por consiguiente, la medida principal establecida por el Tribunal y consistente en la eliminación de los enlaces controvertidos en las versiones del buscador identificadas con nombres de dominio de los Estados miembro no es suficiente, por si sola, para garantizar el cumplimiento del ámbito territorial.

Ante estas circunstancias, la única medida tecnológica que pueden garantizar el respeto del alcance territorial de la norma es el bloqueo geográfico de la información para impedir el acceso a todos aquellos internautas que utilizan dispositivos identificados con direcciones IP localizadas en la Unión. Y ello con independencia de la versión del motor de búsqueda o de la aplicación que utilicen. Lo que resulta esencial es que se bloquee el acceso al URL del sitio de Internet donde se alberga la información o datos controvertidos. Se trata, en definitiva, de la medida propuesta por el Abogado General y que, en la sentencia del TJUE únicamente ocupa un lugar secundario.

A nadie escapa que estas medidas no son infalibles. Existen técnicas como el recurso a servidores proxy, o Virtual Private Networks (VPN) que permiten enmascarar la dirección IP desde la que se quiere acceder al recurso de Internet. El TJUE es consciente de ello. De ahí la manera en la que está redactado el fallo, que deja abierta la puerta a los prestadores de servicios para elegir los medios que consideren más eficiente para el cumplimiento de la medida (“con pleno respeto de las exigencias legales”) o que, “al menos dificulten seriamente a los internautas” el acceso a la información controvertida. Estas dificultades no son de tal calado como para desacreditar la viabilidad de las técnicas de bloqueo geográfico.

No hay duda de que es una solución que no es del agrado de los prestadores de servicios, por cuanto les obliga a introducir mecanismos de geolocalización para adaptar la prestación de los servicios a la legalidad vigente en cada Estado. No obstante, los costes de la implementación de estas medidas son proporcionales a las ventajas que obtiene con la utilización de un medio como Internet que les permite hacer negocios a nivel global.

(Gracias a Miquel Peguera Poch por la ayuda para modificar la presente entrada)

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