Por Hiago Busch, abogado en Baylos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), en su Sentencia de 24 de septiembre de 2019 (Asunto C-507/17 – Google/CNIL), ha procedido a contestar a las tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Consejo de Estado de Francia (actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) a raíz de un litigio en el que se enfrentan Google LLC  subrogado en los derechos de Google Inc. (“Google”) y la Comisión Nacional de Informática y Libertades (“CNIL”) de Francia, que es la autoridad de control competente en materia de protección de datos personales (equivalente francés a la Agencia Española de Protección de Datos). En esta Sentencia el TJUE ha respondido, en aplicación del derecho al olvido previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos (“GDPR”, en sus siglas en inglés), cuál debe ser el alcance geográfico de la retirada de enlaces de los resultados para una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona.

Inicialmente debemos recordar que el artículo 17 del GDPR, establece el derecho de supresión, más conocido como el derecho al olvido, según el cual el responsable del tratamiento está obligado a la supresión de los datos personales de un usuario que así lo solicite, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas (y que no analizaremos por exceder el objeto de este breve post).

El origen del asunto es la solicitud presentada por una persona para que Google suprimiera o desindexara unos enlaces (que dirigían a una serie de páginas web) de la lista de los resultados de la búsqueda efectuada a partir de su nombre. Google estimó la solicitud y retiró los enlaces, pero no respecto de todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda. Esta persona, no satisfecha, presentó una reclamación ante CNIL, que requirió a Google para que se suprimieran los enlaces en cuestión de la lista de los resultados de la búsqueda efectuada a partir de su nombre de todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda. Google se negó a cumplir lo requerido por considerar que es relevante el lugar desde el que se efectúa la búsqueda, y se limitó a suprimir/desindexar los enlaces en cuestión exclusivamente de los resultados obtenidos como respuesta a las búsquedas efectuadas desde los Estados miembros de la UE. Es decir, Google ha aceptado “olvidar” estos enlaces cuando la búsqueda se hace desde su motor de búsqueda en su sitio web accedido desde los nombres de dominio con las extensiones geográficas de los países de la UE (google.es, google.fr, google.pt, etc.). 

Además, la CNIL consideró insuficiente la propuesta complementaria denominada “bloqueo geográfico” presentada por Google, que consistía en eliminar la posibilidad de acceder desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del interesado a los resultados controvertidos obtenidos a raíz de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, independientemente de la extensión geográfica del nombre de dominio utilizado por el internauta para acceder al motor de búsqueda.

Tras constatar que Google no había cumplido lo solicitado, en su resolución de 10.03.2016, la CNIL le impuso a Google una sanción de 100.000 Euros. Mediante demanda presentada ante el Conseil d’État (Consejo de Estado actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), Google solicitó la anulación de esta resolución aduciendo que la sanción controvertida parte de una interpretación errónea de las disposiciones de la ley francesa de protección de datos, que transponen los artículos de la Directiva 95/46/CE (entonces aplicable, antes de que resultara sustituida por el GDPR), sobre la base de los cuales el TJUE reconoció, en su Sentencia de 13.05.2014 (Asunto C‑131/12 – Google Spain/Google), un “derecho a la retirada de enlaces” de una lista de resultados.

Recordemos que en el apartado 88 de la aludida Sentencia, el Tribunal había declarado que para respetar los derechos que establece la normativa de protección de datos, siempre que se cumplan los requisitos legales, “el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona enlaces a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”.

Sin embargo, Google alegó, entre otras cosas, que ese derecho no implica necesariamente que los enlaces controvertidos deban suprimirse/desindexarse, sin limitación geográfica, de todos los nombres de dominio de su motor; y que, con esa interpretación, la CNIL vulneró los principios de cortesía y de no injerencia que reconoce el Derecho internacional público y menoscabó de forma desproporcionada las libertades de expresión, de información, de comunicación y de prensa.

El Consejo de Estado francés, para poder resolver la demanda de Google, ha considerado necesario plantear tres cuestiones prejudiciales para que el TJUE, teniendo en cuenta la normativa europea de protección de datos y, en particular, la interpretación de esa normativa hecha por el Tribunal en su Sentencia de 13.05.2014 (Google Spain/Google) antes referida, dilucidara, en esencia, si el derecho al olvido previsto en el artículo 17.1 del GDPR debe interpretarse en el sentido de que:

  • cuando el gestor de un motor de búsqueda estima una solicitud de retirada de enlaces en virtud de la referida disposición, está obligado a proceder a dicha retirada en todas las versiones de su motor de búsqueda; o
  • por el contrario, solo está obligado a proceder a ella en las versiones de este que corresponden al conjunto de los Estados miembros, o incluso únicamente en la correspondiente al Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de retirada de enlaces; y
  • si la retirada debe combinarse con el uso de la técnica denominada “bloqueo geográfico”, a fin de garantizar que un internauta no pueda acceder, sea cual sea la versión nacional del motor de búsqueda utilizada, a los enlaces objeto del derecho de retirada durante una búsqueda efectuada desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado miembro de residencia del beneficiario del derecho a la retirada de enlaces o, de manera más general, en un Estado miembro de la UE.

Respecto a la medida de bloqueo geográfico, abrimos un paréntesis para mencionar que Google ha explicado que, tras la presentación de la petición de decisión prejudicial, elaboró una nueva configuración de su motor de búsqueda, en la que la extensión geográfica del nombre de dominio introducido por un internauta ya no determina la versión nacional del motor de búsqueda a la que este accede. De este modo, el internauta es dirigido automáticamente a la versión nacional del motor de búsqueda de Google que corresponde al lugar desde el que se considera que efectúa la búsqueda y los resultados de esta se obtienen de acuerdo con ese lugar, que es determinado por Google mediante un proceso automatizado de localización geográfica.

En efecto, actualmente esa limitación geográfica sigue en vigor y en su virtud, por ejemplo, un internauta italiano o brasileño que esté pasando sus vacaciones en Alicante, mientras esté visitando alguna de las muchas atracciones de esa hermosa ciudad, podrá no obtener los mismos resultados de las búsquedas efectuadas en Google desde sus países de origen. Cosa que, antes de la aplicación ese medida, el usuario sí podría lograr si hiciera la búsqueda accediendo al buscador a través de los nombres de dominio de sus respectivos países (google.it o google.com.br en nuestro ejemplo). Sin embargo, actualmente, incluso si el usuario logra acceder a los buscadores de los diferentes países cambiando la ubicación de forma manual, tras una petición de búsqueda, Google le devolverá los resultados de acuerdo con su ubicación automáticamente identificada. Si no estáis convencidos podéis intentarlo, pero veréis como Google os devolverá los resultados de la búsqueda como si hubiese sido efectuada en el país en el que os encontréis. Pero no os desesperéis, acudid a vuestro amigo más tecnológico que seguramente sabrá explicaros algún “truquillo” para evitar dicha limitación. Cerramos paréntesis y volvemos a la sentencia en cuestión.

El TJUE, tras recordar lo explicado en diversos pasajes de su Sentencia de 13.05.2014 (Google Spain) en los que interpreta el contenido de los preceptos relevantes de la normativa de protección de datos (en aquél entonces la Directiva 95/46, actualmente reemplazada por el GDPR), aunque ha manifestado que la solución propuesta por la CNIL obviamente garantizaría un nivel más elevado de protección de datos personales, ha reconocido que el derecho a la protección de datos personales no constituye un derecho absoluto y que, con arreglo al principio de proporcionalidad, debe mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, como la libertad de información. Además, he declarado que muchos terceros Estados no contemplan el derecho a la retirada de enlaces o, aun contemplándolo, plantean este equilibrio de forma distinta.

El Tribunal ha explicado igualmente que, según se desprende de sus considerandos, el objetivo del GDPR es garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales en toda la UE, y que no se desprende en modo alguno que el legislador de la Unión haya querido conferir al derecho al olvido (artículo 17 del GDPR) un alcance que vaya más allá del territorio de la UE. Por tanto, concluye el Tribunal que no se puede imponer a un gestor de un motor de búsqueda, como Google, la obligación de retirar enlaces de las versiones nacionales de su motor de búsqueda que no correspondan a Estados miembros de la UE.

Aunque no era la interpretación esperada por los defensores de una protección más amplia para el derecho al olvido, no deben perder las esperanzas porque el Tribunal mantiene la puerta abierta para una posible orden de desindexación mundial. En ese sentido, al final de la Sentencia, el Tribunal ha declarado que, si bien el Derecho de la UE no exige una retirada de los enlaces a nivel mundial en una situación como la enjuiciada, tampoco lo prohíbe. Por lo que, en determinadas situaciones, es posible que una autoridad nacional de control, tras la debida ponderación de los intereses y derechos en conflicto, pueda obligar a un motor de búsqueda a proceder a una desindexación a escala mundial.

Por lo que se refiere a la cuestión de si debe procederse a tal retirada en las versiones del motor de búsqueda correspondientes a todos los Estados miembros o únicamente en la versión de dicho motor correspondiente al Estado miembro de residencia del beneficiario de la retirada de enlaces, el Tribunal considera que, en principio, la retirada de enlaces de que se trate debe verificarse en todos los Estados miembros. No obstante, señala que el interés del público en acceder a una información puede variar, incluso dentro de la UE, de un Estado miembro a otro, de modo que el resultado de la ponderación que debe llevarse a cabo entre este interés, por un lado, y los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales del interesado, por otro lado, no será necesariamente el mismo en todos los Estados miembros, por lo que competirá a las autoridades nacionales de control (entendemos que a través de los mecanismos de cooperación y coherencia habilitados en los términos del artículo 50 del GDPR), hacer esa ponderación ante las circunstancias particulares de cada caso.

Finalmente, sobre las medidas de bloqueo geográfico, el TJUE ha manifiestado que corresponde al gestor del motor de búsqueda adoptar, en caso necesario, medidas eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales del interesado, las cuales deben respetar las exigencias legales, y deben tener como efecto impedir o, al menos, dificultar seriamente a los internautas de los Estados miembros el acceso a los enlaces de que se trate mediante una búsqueda efectuada a partir del nombre del interesado. Sobre las medidas adoptadas por Google en el caso concreto, el Tribunal ha contestado que compete a la autoridad de control nacional comprobar si tales medidas cumplen estos requisitos.

Así las cosas, si uno pide a Google que olvide algo sobre uno mismo, la respuesta podría ser afirmativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, pero con matices. Google no se olvidará los datos por completo para todo el mundo, puesto que el efecto del olvido “inducido” será geográficamente limitado en función del país de origen de quien haya pedido la retirada de los enlaces. Por tanto, no hay más remedio sino contentarnos con el hecho de que Google posee una memoria “geográficamente selectiva”, es decir, olvidará si la pregunta viene desde algunos territorios, pero seguirá recordándolo si la consulta se hace desde otros. Por ende, el ciudadano francés que ha presentado su reclamación contra Google ante la CNIL, muy a su pesar, tendrá que volver a recordar lo ya olvidado (en el territorio de la UE) cuando busque su nombre en Google durante un viaje a un país de fuera de la UE.

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