Mañana iniciamos en la Universidad de Alicante un interesante Congreso sobre Inteligencia Artificial y Propiedad intelectual.

Ello me ha llevado a escribir una serie de reflexiones sobre la manera de afrontar los retos que la misma implican para el mundo del Derecho.

La inteligencia artificial, entendida como la capacidad de las maquinas para actuar emulando la inteligencia humana está presente en nuestro dia a dia. No se trata únicamente de máquinas que nos ganan jugando al Jeopardy!, al Poker (Libratus), al juego oriental Go (Alpha Go y Alpha Go Zero), o que aciertan la quiniela de los Oscars. La inteligencia artificial, forma ya parte de nuestras vidas. Su importancia va más alla de estas meras anécdotas. Está presente en nuestros móviles (Google Fotos), televisores (Netflix) o aparatos musicales (Spotify).  Y es que, como indica John MacCarthy, “tan pronto como funciona, nadie le sigue llamando inteligencia artificial”.

Cuando todavía no habíamos completamente asimilado la revolución de Internet, nos encontramos ante una nueva revolución industrial (la cuarta) en la que, gracias al crecimiento exponencial derivado de los impresionantes avances en el procesamiento y almacenamiento de datos (la ya legendaria Ley de Moore), los algoritmos son capaces de realizar actividades antes reservadas exclusivamente a la mente humana. Los plazos para alcanzar la “singularidad” pronosticada por Kurzweil, la “superinteligencia” de Bostrom o “el Internet de todas las cosas” de Harari, se acortan cada vez más.

Las implicaciones de esta nueva revolución industrial se extienden más allá del mundo de Internet y la llamada “nueva economía”, pues los avances en inteligencia artificial van a afectar a todos los aspectos de nuestra sociedad. Piénsese, por ejemplo, en las implicaciones sociales que se van a derivar de los avances en el sector de la automoción (camiones, vehículos particulares o taxis que circulen solos por nuestras carreteras), la industria manufacturera (en la que los robots irán progresivamente asumiendo las tareas rutinarias de una cadena de producción), los servicios (con chatbots capaces de simular perfectamente a una persona), la agricultura (donde cada planta podría recibir un tratamiento personalizado sin necesidad de la intervención humana), o la medicina personalizada (con ordenadores capaces de detectar cánceres de piel con una precisión mayor que los humanos, o de identificar la terapia más adecuada para una persona a partir de los datos que se poseen a nivel mundial de personas con la misma enfermedad y las mismas circunstancias). Seremos personas más longevas, más libres … y con unos perfiles laborales totalmente distintos.

El resultado de la introducción de las tecnologías asociadas con la inteligencia artificial no puede ser otro mas que mejorar el bienestar de los seres humanos. El problema es que mas de uno de nuestros lectores puede tener la sensación (compartida por el que escribe) de que todos estos avances tecnológicos nos cogen totalmente desprevenidos, y con una capacidad de adaptación nula. Vivimos con una sensación permanente de caos, alimentada por escándalos relativos al mal uso de nuestros datos (Cambridge Analytica), la guerra de la información (el presunto uso por parte de agentes relacionados con Rusia de fake news para influir en elecciones presidenciales, el Brexit, el proces, etc…), o los miedos asociados a la pérdida de empleos derivados de la robotización.

Como explica Thomas Friedman en su último libro, las sociedades siempre han sido capaces de adaptarse a los cambios introducidos por la tecnología. El problema con el que nos encontramos en la actualidad es que ese proceso de adaptación es bastante más lento que los avances tecnológicos que van apareciendo. No obstante, Friedman es optimista, y nosotros también, de que esa adaptación es posible.

Para ello, para garantizar que la inteligencia artificial ayude a mejorar el bienestar de los seres humanos, es fundamental un marco regulatorio adecuado. Ello exige una revisión de todas las ramas de Derecho afectadas que, a nuestro modo de ver, debe estar guiada por cinco principios: a) principio de intervención mínima; b) actuación a nivel supranacional; c) promoción de la innovación; d) respeto de los derechos fundamentales; e) garantizar la ciberseguridad.

Intervención regulatoria mínima

Si los plazos para que la sociedad se adapte a los cambios tecnológicos son largos, los del Derecho lo son todavía más. Basta recordar el largo proceso de adopción del nuevo Reglamento general de protección de datos personales (7 años desde la presentación de la propuesta hasta su aplicación efectiva), o de la propuesta de Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (iniciada en 2016 y con un plazo de transposición que, en el mejor de los casos, nos llevará a 2021). No podemos esperar que la letra de la ley regule todos y cada uno de los problemas que plantea la inteligencia artificial. La adaptación del ordenamiento jurídico a los retos de la inteligencia artificial debe venir de la mano de la interpretación los textos actualmente existentes de acuerdo con la nueva realidad social por parte de las autoridades competentes. Los jueces y otros aplicadores del Derecho tienen un reto enorme: adaptar sus conocimientos y destrezas a la nueva realidad. Pero este reto no es exclusivo de los jueces ¿O es que no preocupa a los abogados que una herramienta de inteligencia pueda hacer su trabajo en menos tiempo y mucho mejor? El reto es compartido por toda la sociedad: para sobrevivir en el nuevo escenario que nos propone la introducción de herramientas de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía y la sociedad, es necesario renovar constantemente nuestros conocimientos. La educación es esencial. Por ahora, solo una pequeña minoría de privilegiados (en realidad, un número reducido de empresas tecnológicas) tiene los conocimientos necesarios para poder entender el impacto y las implicaciones globales de los servicios que utilizan IA. Es necesario romper ese monopolio.

Ante la dificultad para adoptar normas en tiempo record que no devengan obsoletas al poco tiempo, otro recurso importante para facilitar la adaptación del ordenamiento jurídico son los instrumentos de soft law. Un buen ejemplo es la labor que lleva a cabo el Comité Europeo de Protección de Datos o la Agencia Española con sus guías e informes, los cuales aportan seguridad jurídica.

Sin duda alguna, es preciso un análisis pormenorizado del ordenamiento jurídico, pero las modificaciones legislativas deben ser mínimas por lo que tardan en adoptarse, y lo poco que tardan en desactualizarse. Baste un ejemplo: por extraño que parezca, en la propuesta de Directiva sobre derechos de autor anteriormente citada no aparece ninguna referencia a la inteligencia artificial. ¿Es preciso abrir un nuevo proceso legislativo para regular los problemas que la inteligencia artificial implica para los derechos de autor?. En mi opinión no. Es preferible interpretar las normas actualmente vigentes de acuerdo con el nuevo marco tecnológico.

Intervención regulatoria a nivel supranacional

Cualquier actuación legislativa debe llevarse a cabo a nivel europeo o internacional. Y ello al menos por tres razones. Los proyectos relacionado con la inteligencia artificial (ya sean negocios empresariales o proyectos de investigación) tiene como objeto bienes intangibles (contenidos digitales, datos o software) o servicios que se prestan en la nube. La ubicuidad es total: empresas y centros de investigación tienen la posibilidad de actuar con un total desconocimiento de las fronteras. Pero, para que esto sea posible, es preciso que el marco legislativo esté armonizado. De lo contrario las empresas se enfrentarían a obstáculos legislativos y un grado de inseguridad jurídica que podría desincentivar muchas iniciativas. En consecuencia, España no puede legislar en solitario. El marco propicio para hacerlo es el europeo, y de ser posible, el internacional. Desafortunadamente, esto último presenta grandes dificultades en atención a las distintas concepciones de los derechos fundamentales que existen alrededor del mundo. Así, por ejemplo, difícilmente se puede llegar a acuerdos con China y sus países asociados en relación con una regulación global relativa a la protección de datos personales. Pero en el marco europeo, todo es posible.

Una segunda razón por la que debemos actuar a nivel europeo está relacionada con el papel que juega el Derecho como un elemento más dentro de la partida que los Estados están jugando en el tablero mundial por posicionarse como hubs de atracción de proyectos en inteligencia artificial. A nadie escapa que China (con su objetivo de convertirse en la máxima autoridad en inteligencia artificial en 2025) y Estados Unidos están ganando esa partida a base de desregular (el mejor ejemplo, es el sector de la privacidad) o de adoptar medidas claramente proteccionistas (piensesé, por ejemplo, en los requisitos de localización de los datos recientemente impuestos por China o India). España no puede competir con estas superpotencias en solitario. Es preciso aunar fuerzas en el seno de la Unión Europea, y aún así, el reto es ciertamente complejo.

Por último, esta actuación a nivel europeo está justificada en la necesidad de acumular conocimiento: cuantos más sean los expertos involucrados en el diseño de esas normas, mayores posibilidades tenemos de adoptar una regulación que permita a nuestras empresas competir en mejores condiciones en el escenario internacional.

Promoción de la innovación…

Toda actuación jurídica, ya sea mediante la adopción de nuevas normas o mediante la interpretación de las existentes, debe estar destinada a promover la introducción de herramientas de inteligencia artificial y la innovación en el sector. Con ello no se pretende beneficiar a las empresas del sector, sino al ciudadano, pues no debe olvidarse el fin último de la inteligencia artificial: favorecer el bienestar de los seres humanos. Sólo así, Europa puede soñar en competir, algún día, con las grandes potencias en Inteligencia Artificial (Estados Unidos, China) para atraer la inversión en el sector. El marco regulatorio debe resultar un incentivo para que las empresas especializadas en inteligencia artificial pongan su sede en la Unión Europea. Ello exige adoptar medidas muy diversas como facilitar la creación de empresas, revisar el régimen fiscal, facilitar el acceso a financiación, etc…

En este aspecto, la normativa sobre propiedad intelectual tiene mucho que decir por el papel que se le presume de precursor de la innovación y la creatividad. No obstante, la pregunta siempre está encima de la mesa: ¿qué resulta más beneficioso para la innovación, un sistema de PI muy protector, o uno más flexible que fomenta el dominio público? Este dilema se presenta especialmente en relación con el control de eso que se ha dado en llamar el petróleo de la cuarta revolución industrial: los datos. De manera generalizada, la doctrina se ha mostrado contraria a la creación de un nuevo derecho de exclusividad (el derecho de los productores de datos) y a favor de facilitar el acceso a los datos en sectores específicos, o con carácter general para evitar los monopolios de datos.

El Reglamento general de protección de datos personales y el reciente Reglamento 2018/1807 sobre la libre circulación de datos no personales deben considerarse igualmente pro-innovadores por cuanto crean un área donde los datos pueden fluir libremente de acuerdo con un régimen normativo unificado. Se prohiben, con ellos, los requisitos de localización dentro de la Unión Europea (aunque no fuera de ella).

Debe huirse, en cambio, de normativas que generen obstáculos a la innovación. Los ejemplos a los que hemos asistido en los últimos años son cuantiosos, partiendo de la “tasa Google”; y pasando por la actual propuesta de excepción de minería de datos que, como bien ha indicado la doctrina, se queda muy corta en sus objetivos.

… con pleno respeto de los derechos fundamentales

Pero la promoción de la innovación no puede ser un objetivo a alcanzar a cualquier precio. Existen limites inquebrantables establecidos por nuestros principios éticos y valores fundamentales. Dichos principios ya existen. Plantearse la necesidad de actualizar dichos principios como consecuencia de la generalización de las herramientas de inteligencia no tiene sentido. Menos aún adoptar principios fundamentales basados en la ciencia ficción. Lo que es preciso garantizar es que el diseño y la utilización de herramientas de inteligencia artificial respetan los principios éticos que sirven de fundamento a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española y la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En especial, como nos recuerda el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Inteligencia artificial, el respeto por la dignidad humana, la democracia, la libertad individual, la igualdad, la solidaridad y la no discriminación.

Así, por ejemplo, la Unión Europea no debería caer en la tentación de rebajar la protección que se ofrece a los ciudadanos europeos en materia de privacidad por favorecer la utilización de datos personales por parte de las empresas para hacerlas más competir a nivel mundial. En la actualidad las empresas chinas o estadounidenses se están viendo favorecidas por la gran libertad que tienen para recabar y utilizar datos personales para entrenar las herramientas de inteligencia artificial. No obstante, a la larga, esta desregulación resultará contraproducente y el ciudadano medio acabará premiando a aquellas empresas respetuosas con su privacidad. Los primeros movimientos en este sentido se han empezado a observar con la importante pérdida de prestigio de Facebook, y los primeros indicios regulatorios en los Estados Unidos.

Pero la privacidad no es el único derecho fundamental que debe preocuparnos. Asistimos diariamente a ejemplos en los que las variables utilizadas para que un algoritmo adopte decisiones esconden una discriminación por muy variados motivos: racial, sexual, económica. Para evitar estos problemas es imprescindible, como pone de manifiesto el Borrador de directices eticas para una inteligencia artificial confiable del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea, la explicabilidad y transparencia de las decisiones basadas en IA.

Ciberseguridad

Y un último aspecto no menos importante y también mencionado en ese borrador, tiene que ver con la ciberseguridad. Sin ánimo de ponernos catastróficos, lo que se está librando en el ciberespacio es muy similar a una Guerra Mundial. Se trata de una guerra silenciosa, sin un gran número de víctimas, que el ciudadano de a pie no percibe, pero con un objetivo similar a cualquier otra guerra mundial: dominar el mundo. Manifestaciones de esa guerra son los ataques cibernéticos auspiciados por el gobierno chino a empresas estadounidenses con la finalidad de robarles activos intangibles protegidos por propiedad intelectual o secretos comerciales; la “guerra de la información” orquestada desde Rusia con el fin de desestabilizar las democracias de los países occidentales y que ha tenido entre otros objetivos la elección de Trump en Estados Unidos, el Brexit, o el procés; virus informáticos destinados a contaminar ciertos de servidores con finalidades de todo tipo, incluyendo la de pedir cuantiosos rescates. Esta guerra ya está afectando al ciudadano medio: ¿quién no ha recibido e-mail por parte de sus servicios de internet avisándoles del robo masivo de datos personales y de la necesidad de modificar su contraseña?. En un mundo interconectado en el que las cosas intercambien datos para tomar decisiones de forma automatizada, las consecuencias de un ciberataque pueden ser desastrosas. Mas aun cuando el concepto de “cosas” en el Internet de las cosas, incluye a las personas, las cuales podemos estar utilizando dispositivos conectados a nuestro cuerpo (wearables). Cualquiera de los principios anteriormente expuesto quedaría en papel mojado si no se garantiza que las herramientas de inteligencia artificial obedecen a quien se supone son sus titulares. Para que el ciudadano medio confíe en la inteligencia artificial es preciso que existan las medidas de seguridad necesarias para impedir esos ciberataques. La Unión Europea y España están dando pasos en este sentido.

En definitiva, cinco principios que deben guiar la revisión del marco regulatorio con un único objetivo: garantizar que la inteligencia artificial ayuda a mejorar nuestro bienestar. Esperemos que nuestros legisladores no se olviden de ellos.

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