Cuenta Yuval Harari, el filósofo de moda, en su penúltimo libro (Homo Deus), que las religiones tradicionales, en las que todo giraba alrededor de Dios, fueron sustituidas por el humanismo, en el que todo gira alrededor del hombre. En la religión de nuestros tiempos, el “datismo”, el hombre pasa a ser un mero elemento de un todo que él denomina el “Internet de todas las cosas”.

En este Internet de todas las cosas todo está basado en la generación y el procesamiento de datos producidos por las cosas y por los humanos (que pasamos a ser considerados “cosas”); y el principio fundamental de esta nueva religión es la libre circulación de los datos (free flow of data, “information wants to be free”).

Esta nueva religión se ve reflejada en el Derecho en la aparición de propuestas legislativas como la del Reglamento de libre circulación de datos no personales, cuya adopción por parte de las instituciones europeas está muy cercana, y que prohibe a los Estados miembros establecer obligaciones de localización de los datos: es decir, obligar a que los datos manejados por las empresas deban estar albergados en servidores localizados en su territorio. También está enmarcada en esta misma tendencia la primera disposición del capítulo sobre “Digital Trade” incluido en la propuesta del Acuerdo comercial entre USA, Mexico y Canadá destinado a sustituir al NAFTA. Dicha disposición indica que:

No Party shall require a covered person to use or locate computing facilities in that Party’s territory as a condition for conducting business in that territory”.

Una disposición similar se establece, igualmente, en el sucesor del TPP: el CPTPP.

No parece, sin embargo, que este principio de libre circulación de datos sea ampliamente compartido por todos los Estados. Sin ir más lejos, como es de sobra conocido, la propia Unión Europea exige importantes requisitos para la transferencia de datos personales más allá de sus fronteras. Más llamativas son, sin embargo, algunas regulaciones que están empezando a aflorar a nivel mundial. Así, la nueva ley china sobre comercio electrónico establece que las empresas —tanto nacionales como extranjeras— tendrán que almacenar los datos obtenidos en China en servidores que se encuentren en territorio de este país. La adopción de medidas en este mismo sentido se están estudiando en la India, referente mundial en el outsourcing de servicios informáticos.

Como pone de manifiesto el estudio de la OCDE “Emergent Policy Issues: Localisation Barriers to Trade” (2015), la cuestión no es nueva. Son muchos los Estados que ya establecen o que están estudiando establecer medidas similares por razones relacionadas con la ciberseguridad, y la protección de la privacidad.

Según sus detractores, tales medidas nada tienen que ver con la ciberseguridad: la misma no queda garantizada con la localización de los datos, sino con la adopción de medidas de seguridad de alta calidad técnica. En opinión de estos detractores, tales medidas constituyen un obstáculo injustificado al comercio de servicios en aquellos supuestos en los que el servicio implica una transferencia de datos transfronteriza. ¿Es esto cierto? Para ello hay que echar la vista a GATS, el acuerdo internacional que, dentro del marco de OMC, regula en comercio internacional de servicios. La legalidad de estas medidas debe juzgarse a partir de dos parámetros. Primero: ¿afecta la medida a un sector de los servicios que el Estado en cuestión se ha comprometido a abrir a empresas extranjeras? Segunda: en caso de que así sea, ¿se puede justificar la medida en alguna de las excepciones previstas en el Art. XIV de GATS?

Aquí lo dejo, amigos. Creo que estamos ante un magnifico tema para elaborar un trabajo de investigación. ¿Quién se anima?

Mientras os decidís, DJ Sebitas os recomienda tres melodías de power pop nacional: aquí, aquí y aquí.

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