Artículo preparado para Lvcentinvs por Tomás Barber Giner, alumni del Magister Lvcentinvs

El pasado jueves, 14 de septiembre, el Tribunal de Justicia dictó una interesantísima sentencia en materia de denominaciones de origen. Esta resolución muestra interés desde dos puntos de vista: por un lado, aborda la cuestión de la exhaustividad del régimen de denominaciones de origen de la Unión y, por otro lado, alimenta la jurisprudencia sobre el contenido y el alcance de la protección de las denominaciones de origen protegidas bajo este régimen.

Sobre el primero de los asuntos, debe partirse de la Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, en el asunto C‑478/07 ‘Bud’, en la que ya se estableció que, en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de la UE en materia de denominaciones de origen, el sistema de protección de estos derechos de propiedad industrial reviste un carácter exhaustivo y uniforme.

Sin embargo, en el asunto ‘Port Charlotte’, el Tribunal General, en su Sentencia de 18 de noviembre de 2015, Asunto T-659/14, había introducido un importante matiz en el meritado carácter exhaustivo y uniforme, al reconocer en su párrafo 44 que la protección conferida a las DOPs e IGPs “puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional”. Pues bien, es en este punto en el que el Tribunal de Justicia ha corregido al Tribunal General, afirmando en el párrafo 102 de la Sentencia que el Derecho nacional no puede completar la protección conferida por el régimen de la Unión, ni siquiera en el sentido de ampliar o conferir una protección «adicional», una protección reforzada o una protección de un nivel superior a la que resultaría de los Reglamentos.

En definitiva, quiere esto decir que estos títulos no pueden convivir con otros análogos de carácter nacional (tal y como sí ocurre con el sistema de marcas). Sí podrían existir, por ejemplo, otras figuras y títulos de derechos de propiedad industrial semejantes pero que no constituyan denominaciones de origen tal y como son definidas en los Reglamentos de la Unión, pues no nos encontraríamos dentro de su ámbito de aplicación. Como ejemplo, la propia Sentencia del TJUE cita las meras indicaciones de procedencia (a las que se refiere el CUP y en el Arreglo de Madrid[1]), que no requieren un vínculo entre la zona geográfica y las características del producto (aunque, ciertamente, en ordenamientos jurídicos como el español, esta protección se encuentra subsumida en las normas de competencia desleal).

También se encontrarían fuera del ámbito de aplicación de los Reglamentos de la Unión en la materia aquellas DOPs o IGPs genuinas (que coincidan con la definición que de ellas dan los Reglamentos de la Unión) pero que se apliquen a categorías de productos distintas a las que ya se aplican los Reglamentos de la Unión (como sería el caso de las denominaciones de origen de productos industriales o de artesanía).

Todo lo anterior, sin embargo, no impide que los Estados regulen algunas cuestiones que parece evidente que el legislador de la Unión Europea ha dejado al arbitrio de los Estados miembros. Por ejemplo, según los Reglamentos de la Unión, el registro de DOPs e IGPs a nivel de la UE parte de los Estados miembros, que disponen de una fase nacional del procedimiento de registro, pero los detalles de esta “fase nacional” se han regulado por las normas internas de cada Estado miembro. Asimismo, parece muy claro que la cuestión de la titularidad de las DOPs e IGPs puede ser regulada por los Estados miembros, pues los Reglamentos de la Unión en la materia no prevén nada sobre este punto, más allá de disponer que la solicitud debe partir de una “agrupación de productores”. Incluso dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una dispersión normativa por Comunidades Autónomas al respecto. Cabría preguntarse, al respecto, sobre la conveniencia de mantener un criterio uniforme sobre la titularidad de estos derechos en aras a una mayor seguridad jurídica. Igualmente, las normas nacionales han tenido que regular sobre en qué entidades debe recaer la gestión y defensa de estos derechos de propiedad industrial.

Más dudas plantea el desarrollo normativo acerca del contenido de la protección de las DOPs o IGPs. Si de la Sentencia del TJUE ‘Port Charlotte’ y la jurisprudencia precedente parece claro que el grado de protección que los Reglamentos de la UE confieren a las DOPs e IGPs no puede ser completado, ampliado ni por supuesto reducido por el Derecho nacional, cabe preguntarse en qué lugar queda el Derecho nacional español –estatal y autonómico— que sí contiene disposiciones sobre el ámbito de protección de las DOPs e IGPs. Lo cierto es que tanto las leyes autonómicas como la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, no parecen contradecir lo dispuesto en los Reglamentos de la Unión, pero sí contienen detalles que escapan al carácter genérico y vago que caracteriza a los Reglamentos de la UE. Por ejemplo, si los Reglamentos de la UE disponen que las DOPs e IGPs se encuentran protegidas frente a su uso directo e indirecto, al aprovechamiento de su reputación, su evocación, etc., la citada Ley española llega a precisar que “los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet”. ¿Está completando, con ello, el legislador español, la protección conferida por el legislador de la UE? Si así fuera, la propia validez de estos preceptos se podría ver comprometida, y desde luego no podrían ser invocados frente a usos en el mercado por parte de terceros no autorizados llevados a cabo en otros Estados miembros.

Por otro lado, como decíamos al principio, además del asunto del carácter exhaustivo del régimen de protección de las DOPs e IGPs previsto a nivel de la UE, la Sentencia del TJUE ‘Port Charlotte’ resulta de interés por lo que respecta al análisis de la hipotética vulneración del ámbito de protección de la DOP en cuestión. En particular, se someten a examen dos supuestos diferentes de infracción, que habían sido invocados por el Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto: (a) uso de la DOP “Porto” o “Port” que se aprovecha de su reputación; y (b) evocación de la DOP “Porto” o “Port”.

Es muy relevante constatar que, para que concurra cualquiera de estos supuestos de infracción, el TJUE declara que debe existir una asociación entre la DOP o los productos a los que se aplica y la marca o los productos a los que se aplica.

Pues bien, respecto al supuesto de ‘uso de la DOP que suponga un aprovechamiento de la reputación de la misma’, el TJUE concluye que no puede existir dicha asociación, respaldando el razonamiento que había hecho previamente el Tribunal General:

“el signo «PORT CHARLOTTE», al estar compuesto por el término «port» y el nombre Charlotte, será percibido como una unidad lógica y conceptual por el público pertinente en el sentido de que hace referencia a un puerto, a saber, un lugar situado al borde del mar o de un río, al cual va asociado un nombre, que constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida”, de manera que “el público pertinente no percibirá, en ese signo, una referencia geográfica al vino de Oporto que lleva la denominación de origen en cuestión”.

Respecto al supuesto de la evocación, después de recordar la jurisprudencia que ha desarrollado este concepto, el TJUE concluye que tampoco existe la asociación requerida para que haya evocación. Teniendo en cuenta que la jurisprudencia del TJUE, desde la Sentencia de 4 de marzo de 1999 Gorgonzola/Cambozola (C-87/97) había definido la evocación como aquella situación en la que al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”, no parece descabellado entender que, en efecto, debe producirse una “asociación” con la DOP.

Para incorporar el requisito de la “asociación” al supuesto de infracción consistente en la evocación de la DOP, tanto el Tribunal General como el TJUE, se basan en la Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C‑75/15, que recordaba acertadamente que podía existir evocación de una denominación protegida “incluso si no existe riesgo alguno de confusión entre los productos considerados (sentencias Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, apartado 26, y Comisión/Alemania, C‑132/05, EU:C:2008:117, apartado 45)” para afirmar a continuación que “lo que importa es especialmente que no se cree en la mente del público una asociación de ideas sobre el origen del producto, y que un operador no aproveche indebidamente la reputación de una indicación geográfica protegida (véase en ese sentido la sentencia Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 y C‑27/10, EU:C:2011:484, apartado 46).  

La Sentencia del TJUE en el asunto C‑4/10 ‘Cognac’ citada al final ya había incidido en el concepto de “asociación” si bien lo hacía, con carácter general, en relación con todos los supuestos de infracción previstos en los Reglamentos de la UE:

“El artículo 16, letras a) a d), del Reglamento nº 110/2008 se refiere a diversos supuestos en los que la comercialización de un producto va acompañada de una referencia explícita o implícita a una indicación geográfica en tales condiciones que pueden ya sea inducir al público a error o, como mínimo, crear en su mente una asociación de ideas en cuanto al origen del producto, o bien permitir al operador aprovechar de manera indebida la reputación de la indicación geográfica de que se trate”.

A pesar de que este último razonamiento de la Sentencia ‘Cognac’ se refiere al Reglamento nº 110/2008, aplicable a bebidas espirituosas, es perfectamente predicable del régimen de protección de las DOPs e IGPs de vinos. Precisamente, debe señalarse que otro de los aprendizajes extraíbles de la Sentencia del TJUE ‘Port Charlotte’ –en su párrafo 76– es que los regímenes de protección de la UE de las diversas categorías de productos, si bien no son idénticos, sí tienen en esencia el mismo carácter y sus objetivos y características son comparables. Por tanto, la jurisprudencia que recaiga sobre el Reglamentos de la UE de DOPs e IGPs de una categoría de productos será, en principio, aplicable, a los Reglamentos del resto de categorías de productos.


[1] Arreglo de Madrid relativo a la represión de indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 14 de abril de 1891

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