El TJUE, para facilitar la elección a los alumnos de las temáticas de los Trabajos de Fin de Máster y justificar las sesudas publicaciones y eventos que se están sucediendo en el mundo de la PI al respecto, ha vuelto a pronunciarse acerca del derecho de comunicación al público, con erótico resultado.

En la STJUE de 26 de abril de 2017 en el asunto C-527/15 “Filmspeler” el Tribunal se responde a cuestiones preliminares que versan acerca de si la venta de un reproductor multimedia que lleva preinstalados ciertos complementos es un acto de comunicación al público.

Esta Sentencia viene a sumarse a lo que es una de las sagas más relevantes que hemos seguido en Lvcentinvs con mayor o menor nivel de detalle aquí y aquí (GS Media), aquí (SBS Belgium), aquí (Svensson) y aquí (BestWaters).

Hechos

Stiching Brein, una asociación holandesa contra la piratería – si Guillermo de Orange levantara la cabeza- demandó a Jack Frederik Wullems, por, entre otras cosas, vender unos reproductores multimedia llamados Filmspeler.

Tales reproductores, una vez conectados a internet, permiten reproducir en streaming imagen y sonido en una pantalla. El reproductor lleva preinstalados plugins o complementos disponibles en internet, sobre los cuales el Sr. Wullems no tenía control.

Dichos complementos incluyen hipervínculos que redirigen a páginas web donde se emiten contenidos protegidos, algunos de ellos sin autorización de los titulares de los derechos.

Ante estos hechos, Stiching Brein requirió y posteriormente demandó al Sr. Wullems por infracción de derechos de autor y conexos, entendiendo que la venta de los reproductores constituía una comunicación al público. El Rechtbank Midden Netherland detuvo el procedimiento y planteó una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE.

Cuestiones prejudiciales

Las cuestiones prejudiciales son en suma las siguientes:

1. ¿Es la venta de un reproductor multimedia que incluye complementos como los descritos un “acto de comunicación al público” en los términos del art. 3.1 de la Directiva 2001/29 “InfoSoc”?

2. Supondría alguna diferencia que:

· Las obras no estuviesen publicadas o lo estuvieran bajo régimen de suscripción.
· Los plugins estén disponibles en internet y los propios usuarios puedan instalarlos en el reproductor.
· El público pueda acceder a los contenidos protegidos sin necesidad del reproductor multimedia

3. ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva en el sentido de que no existe un “uso legal” cuando el usuario final realiza una reproducción temporal de un contenido protegido emitido en streaming desde una página web si el contenido no tiene la autorización de su titular?

4. Si la respuesta a la tercera pregunta es negativa ¿es dicho supuesto contrario al test de los tres pasos establecido por el artículo 5.5 de la Directiva?

Decisión

El TJUE responde de manera conjunta a las dos primeras cuestiones afirmando que el derecho de comunicación al público del artículo 3 de la Directiva incluye la venta de un reproductor multimedia, en el que se han preinstalado complementos disponibles en Internet, que contienen hipervínculos que reenvían a sitios de Internet libremente accesibles al público en los que se ponen a su disposición obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los titulares.

Lo más reseñable de este punto es que el TJUE entiende que los criterios que configuran la comunicación al público son complementarios, de naturaleza no autónoma y dependientes unos de otros pudiendo ser aplicados de manera arbitraria individual o en sus interacciones recíprocas.

En particular, es relevante el papel del usuario que da acceso a sus clientes a obras a las que no hubieran podido tener acceso sin dicha intervención. También sorprende que el concepto de público nuevo sobre el que pivotaba Svensson C-466/12 se convierte ahora en un criterio subsidiario (vid p. 33) a la difusión por una técnica diferente a las anteriormente utilizadas –lo cierto es que la aparición de esta interpretación avant la lettre de la sentencia en el caso ITV Broadcasting C-607/11 no la hubieran firmado ni los guionistas de Lost-.

También vuelve a aparecer el ánimo de lucro como elemento configurador de la comunicación al público, aspecto que ya criticamos aquí.

Por lo demás, el TJUE pasa de puntillas por el Considerando 27 de la Directiva que excluye explícitamente la puesta a disposición de las instalaciones materiales como acto de comunicación, equiparando la preinstalación de los programas al suministro de hipervínculos que dan acceso a contenido ilegal, cuando el suministrador conocía o debía conocer la naturaleza ilícita de tal contenido.

Después de pronunciarse acerca de su admisibilidad, el TJUE responde conjuntamente a las cuestiones tercera y cuarta descartando que se cumplan los requisitos establecidos por los artículos 5.1 y 5.5 de la Directiva, debido a que la reproducción está referida a la reproducción de obras protegidas sin la autorización de los titulares, mediante un flujo continuo desde internet.

La Sentencia complica aún más la comprensión del alcance del derecho de comunicación al público, consagrando elementos como el carácter lucrativo, que deberían ser expulsados del concepto de comunicación al publico y dificultando la articulación de una serie de principios rectores que puedan ayudar a prever ex ante si una conducta es lícita o no- o al menos, constitutiva de comunicación al público.

Y nos despedimos recordándoos que este capítulo continuará con la próxima entrega del asunto C-610/15 “Ziggo” también conocido como Pirate Bay.

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