Este artículo ha sido preparado por Rubén Cano Pérez, alumno del Magister Lvcentinvs.

Somos demandantes y el Tribunal estima que existe infracción. Aparentemente hemos ganado el litigio, pero no estamos satisfechos. Aunque tenemos sentencia declarativa de infracción y condenatoria en aquello que haya de condenarse, no sabemos cómo se está violando nuestro derecho, ¿Lo están haciendo desde internet? ¿Quién es el promotor de la infracción? ¿Cómo lo está haciendo? En definitiva, queremos información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen nuestro derecho.

Pues bien, el pasado enero (2017) el TJUE vino a confirmar una práctica controvertida.  En la STJUE de 18 de enero de 2017 en el Asunto C-427/15 “MegaBabe”, en la que se enfrentaron de una parte  NEW WAVE CZ, a.s., y de otra, ALLTOYS, spol. s. r. o., el Tribunal Supremo de la República Checa presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, que intentaba buscar una interpretación del Art. 8.1 de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de propiedad intelectual.

Para aquellos que no estén totalmente familiarizados con la Directiva o con su octavo artículo, el mismo establece la obligación a los Estados Miembros de garantizar que en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de propiedad intelectual puedan obtenerse datos relativos al origen, redes de distribución de mercancías o servicios infractores (…) del infractor o cualquier persona que: a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial; c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras; o d) haya sido designada por la persona a que se refieren a), b) o c) como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.

La simple posibilidad de que, “en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un procedimiento de propiedad intelectual” los Tribunales ordenen que se faciliten datos, no nos lleva directamente a saber cuándo exactamente podemos pedir al Tribunal que el infractor (o un tercero bajo las condiciones que establece el precepto) aporte los datos en cuestión. ¿Qué significa “el contexto”? ¿Nos faculta dicha disposición a entender que el contexto de los procedimientos se extiende a procedimientos posteriores para determinar el origen de la infracción o únicamente en el procedimiento original?

La cuestión subyacente en República Checa

Al hilo de lo anterior y remontándonos al origen, el Tribunal Supremo Checo plantea la cuestión de si el artículo mencionado puede aplicarse en el supuesto de que, concluido el litigio principal que declara la existencia de infracción de IP, un demandante solicita en un procedimiento autónomo información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.

En concreto, antes de que el caso llegue al Tribunal Supremo Checo se suceden diferentes acontecimientos. En primer lugar, se declara por parte del Tribunal competente que se ha producido la infracción de la marca “MegaBabe” de la que es titular NEW WAVE, por parte de ALLTOYS.

Después de la conclusión del litigio principal, NEW WAVE presenta una acción autónoma contra ALLTOYS para recabar información sobre el origen y las redes de distribución de los productos infractores. En este caso, el Tribunal municipal de Praga desestima la solicitud de NEW WAVE porque, en base al derecho checo, solo se podría haber solicitado la obtención de información en procedimientos relativos a la infracción de un derecho, y dichos procedimientos ya habían concluido. NEW WAVE recurrió la decisión en apelación, y el Tribunal competente contradijo al Tribunal municipal de Praga en base al Art. 8.1 de la Directiva 2004/48 (con la controversia planteada). Tras esto, ALLTOYS pide recurso de casación ante el Tribunal Supremo Checo, que eleva cuestión prejudicial al TJUE.

Polémico o no, el TJUE estima que el art. 8.1 de la Directiva 2004/48/CE permite, tras la conclusión del litigio principal, iniciar un procedimiento autónomo en el que se recaben datos para determinar la fuente infractora.

De manera explícita, la sentencia indica con relación a la Directiva, que “de ninguna de las versiones lingüísticas se desprende que el demandante deba invocar el derecho de información (…) en el marco de un único procedimiento que tenga por objeto la declaración de la infracción.

Si queremos llegar al problema, esto parece lo más indicado si como se indica en los propios considerandos de la Directiva, el objetivo de la misma es proteger con las suficientes garantías el Derecho sustantivo en cuestión. En este contexto, el considerando número 9 parece dar alguna pincelada de las razones de esta decisión, que es la de pensar en infracciones de propiedad intelectual relacionadas con delincuencia organizada o la distribución instantánea e internacional de productos falsificados.

Normalmente, los interesados en obtener cierta información pretenden dos cosas: a) hacer que la infracción desaparezca de manera definitiva, “de raíz”; y b) un aumento de la indemnización de daños de la que a su favor puedan disponer y que cuantifique el injusto en su completitud.

Cuando pensábamos que todo estaba claro…

Todo claro, ¿verdad? Yo no estaría tan seguro. Si nos centramos en el texto literal de la sentencia del TJUE, en ningún momento se dice expresamente que los Estados Miembros han de permitir la apertura de un procedimiento autónomo para la obtención de información relativa a los orígenes de la infracción. Esto podría dar paso a dos interpretaciones.

  1. Por un lado, podría interpretarse que los Estados Miembros han de asegurar a los titulares de los derechos la posibilidad de recabar información sobre el origen y redes de distribución de productos o servicios infractores en nuevos procedimientos independientes al principal en el que fue declarada la infracción.
  2. Pero, por otro lado, podría dilucidarse que el TJUE únicamente interpreta el Art. 8.1 dando la posibilidad a los Estados Miembros, o al menos no impidiéndolo, de establecer procedimientos independientes al principal para solicitar toda la información que pueda ser de interés bajo el escenario de la Directiva.

Las implicaciones pueden ser tremendas, si el TJUE mantiene el primer criterio, cambiando el concepto o alcance de la cosa juzgada (res judicata). En cualquier caso, habrá que ver si se escuchan nuevas voces desde Luxemburgo a este tenor, la línea que siguen, y las implicaciones para países como España.

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