¡¡Por fin de vuelta!! A sabiendas de que nos hemos dejado 64 sentencias de antes del verano pendientes por reseñar, la puesta al día tiene que empezar por algún lado, y hemos decidido hacerlo con las sentencias dictadas en Luxemburgo durante el mes de septiembre (32), lo cual haremos en 2 entradas.

Aquí la primera de ellas:

STG, de 7 de septiembre de 2016, asunto T-204/14 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó el registro de la marca “VICTOR” por existir riesgo de confusión con la marca anterior “VICTORIA”.

STG, de 7 de septiembre de 2016, asunto T-4/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó el registro de la marca figurativa “Q10” por carecer de carácter distintivo y ser descriptiva de los productos solicitados (cosméticos).

t-4-15

STJUE, de 8 de septiembre de 2016, asunto C-160/15 (Derechos de Autor/Sociedad de la Información)

Dado que nuestros compañeros Vicentinvs y Vito Pati ya nos hicieron un par de completísimos e interesantísimos artículos sobre la sentencia de este caso (GS MEDIA), ahora simplemente nos limitamos a reproducir la conclusión del Tribunal de Justicia:

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que, para dilucidar si el hecho de colocar en un sitio de Internet hipervínculos que remiten a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una «comunicación al público» en el sentido de la citada disposición, es preciso determinar si dichos vínculos son proporcionados sin ánimo de lucro por una persona que no conocía o no podía conocer razonablemente el carácter ilegal de la publicación de esas obras en este otro sitio de Internet o si, por el contrario, los vínculos se proporcionan con ánimo de lucro, supuesto en el que debe presumirse tal conocimiento.

STG, de 8 de septiembre de 2016, asunto T-360/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó el registro de la marca figurativa “69” por carecer de carácter distintivo.

t-360-15

STG, de 9 de septiembre de 2016, asunto T-159/15 (Marca UE)

El Tribunal estimó el recurso del oponente y anuló la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO (asunto R1207/2014-5). El Tribunal ha considerado que la OAMI evalúo de forma errónea los signos enfrentados y, sobre todo, el carácter notorio de las marcas anteriores.

t-159-15

STG, de 13 de septiembre de 2016, asunto T-563/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó el registro de la marca figurativa “APOTEKE” por carecer de carácter distintivo y ser descriptiva de los productos solicitados (clases 3, 5, 29 y 30).

t-563-15

STG, de 13 de septiembre de 2016, asunto T-408/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó el registro de la marca sonora que se reproduce a continuación por carecer de carácter distintivo (Timbre sencillo y ordinario).

t-408-15

STG, de 13 de septiembre de 2016, asunto T-390/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó parcialmente el registro de la marca “3D” por existir riesgo de confusión con las marcas anteriores “3D”.

t-390-15

STG, de 13 de septiembre de 2016, asunto T-146/15 (Marca UE)

El Tribunal estimó el recurso del propietario de la marca registrada y anuló parcialmente la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO (asunto R15062/2014-4). El Tribunal ha considerado que la OAMI evalúo de forma errónea la supuesta alteración del carácter distintivo de la marca registrada a como se acreditó que se usa en el marcado.

t-146-15

STG, de 14 de septiembre de 2016, asunto T-479/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó parcialmente el registro de la marca “KOALA LAND” por existir riesgo de confusión con la marca anterior “KOALA”.

STG, de 15 de septiembre de 2016, asunto T-633/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó parcialmente el registro de la marca “PUSH” por existir riesgo de confusión con las marcas anteriores “PUNCH”.

STG, de 15 de septiembre de 2016, asunto (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante de la nulidad, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se confirmó el registro de la marca “VOGUE”, dado que la misma no es descriptiva y es suficientemente distintiva.

STG, de 15 de septiembre de 2016, asuntos T-359/15 (Marca UE)

El Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la EUIPO en la que se rechazó parcialmente (casi para todo) el registro de la marca impugnada por existir riesgo de confusión con las marcas anteriores:

t-359-15Una sentencia prácticamente idéntica se dictó en el asunto T-358/15 (Marca UE), donde el recurso interpuesto por el mismo solicitante, defendiendo la misma marca, se rechazó por existir riesgo de confusión con las marcas anteriores “NINA RICCI”.

STG, de 15 de septiembre de 2016, asunto C-484/14 (Derechos de Autor/Sociedad de la Información)

Esta interesante sentencia del Tribunal de Justicia (Mc Fadden), versa sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios y la vulneración de los derechos de los titulares de derechos sobre obras protegidas

No me explayo demasiado dado que Vicentinvs está preparando un post sobre esta sentencia y, sin duda alguna, nos dejará las cosas mucho más claras.

Por ello, simplemente recordamos lo declarado por el Tribunal al responder a la cuestión prejudicial que se le planteó:

1) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), en relación con el artículo 2, letra a), de dicha Directiva y con el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que una prestación, como la controvertida en el asunto principal, realizada por el operador de una red de comunicaciones y que consiste en poner ésta gratuitamente a disposición del público constituye un «servicio de la sociedad de la información», en el sentido de la primera disposición citada, cuando es llevada a cabo por el prestador de que se trate con fines publicitarios respecto a los bienes vendidos o los servicios realizados por dicho prestador.

2) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que ha sido prestado el servicio contemplado en dicha disposición, que consiste en facilitar acceso a una red de comunicaciones, dicho acceso no debe ir más allá del marco del procedimiento técnico, automático y pasivo que garantice la ejecución de la transmisión de datos requerida, no siendo necesario el cumplimiento de requisitos adicionales.

3) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que el requisito previsto en el artículo 14, apartado 1, letra b), de dicha Directiva no se aplica por analogía al citado artículo 12, apartado 1.

4) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31, en relación con el artículo 2, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no existen requisitos distintos del mencionado en esa disposición a los que esté sujeto el prestador de servicios que facilita el acceso a una red de comunicaciones.

5) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la persona perjudicada por la infracción de sus derechos sobre una obra pueda solicitar una indemnización al proveedor del acceso, así como el reembolso de los gastos relativos al requerimiento extrajudicial o las costas judiciales en relación con su pretensión de indemnización, debido a que uno de dichos accesos ha sido utilizado por terceros para infringir sus derechos. En cambio, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que esa persona solicite la cesación en la infracción, así como el pago de los gastos relativos al requerimiento extrajudicial y las costas judiciales, frente a un proveedor de acceso a una red de comunicaciones cuyos servicios hayan sido utilizados para cometer la infracción, cuando esas pretensiones tengan por objeto o resulten de la adopción de un requerimiento dictado por una autoridad o un tribunal nacional por el que se prohíba a dicho prestador permitir que continúe la infracción.

6) El apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 2000/31, en relación con el apartado 3 del mismo artículo, debe interpretarse, habida cuenta de las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales y de las normas previstas por las Directivas 2001/29 y 2004/48, en el sentido de que no se opone, en principio, a la adopción de un requerimiento judicial, como el que se plantea en el asunto principal, por el que se exija al proveedor de acceso a una red de comunicaciones que permite al público conectarse a Internet, bajo pena de multa coercitiva, que impida a terceros poner a disposición del público, mediante dicha conexión a Internet, una obra determinada o partes de ésta protegidas por derechos de autor, en una plataforma de intercambio de archivos en Internet (peer-to-peer), cuando ese prestador puede elegir las medidas técnicas que hayan de adoptarse para cumplir el citado requerimiento judicial, incluso si esa elección se circunscribe a la medida que consiste en proteger la conexión a Internet mediante una contraseña, siempre que los usuarios de esa red estén obligados a revelar su identidad para obtener la contraseña requerida y no puedan, por tanto, actuar anónimamente, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.

Finalmente, os dejo las Conclusiones del AG Saugmandsgaard Øe, de 8 de septiembre de 2016, asunto C-275/15 (Marca UE), relacionadas con la cuestión prejudicial planteada dentro de un litigio interpuesto por organismos de radiodifusión de televisión comercial, alegando que los proveedores de un servicio de radiodifusión que permite a sus usuarios recibir gratuitamente «en directo» emisiones televisivas, incluyendo los programas de televisión emitidos por las demandantes, mediante un flujo de Internet (denominado «live streaming»), vulneran sus derechos de autor sobre sus emisiones televisivas.

El Abogado General sugiere al Tribunal responder de la siguiente manera:

El artículo 9 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no entra en el ámbito de aplicación de esta disposición una normativa que permita la retransmisión por cable de obras radiodifundidas, sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor, cuando dicha retransmisión sea simultánea y limitada a las zonas a las que estuvieran destinadas las obras radiodifundidas, independientemente de si son objeto de retransmisión obras emitidas en origen en cadenas sujetas a determinadas obligaciones de servicio público.

Ya veremos lo que decide el Tribunal.

Volvemos pronto… espero.

PD: Si deseas aportar a Lvcentinvs una reseña, no seas tímido y dínoslo, tenemos 110 sentencias en espera, más las que se dicten en noviembre.

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