Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, alumni del Magister Lvcentinvs.

El derecho al olvido vuelve a dar de sí, esta vez en territorio italiano. Y mientras el mundo intenta dar una respuesta a las dudas que el caso Brexit ha creado, nosotros nos dedicamos a algo diferente pero igualmente actual que, desde el día de la STJUE de 13 mayo 2014, C-131/12 “Google Spain”, atrae las atenciones de abogados, jueces, expertos de Internet y personas comunes: el derecho a que Internet “olvide” hechos incomodos de nuestro pasado.

Como se sabe, en la sentencia “Google Spain” el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que:

“el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona a no ser que “por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, [que] la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”

 Con esta decisión, el Tribunal reconoció el derecho a que determinados hechos personales y privados de los ciudadanos sean “olvidados” por los buscadores de internet, dejando de aparecer entre los resultados de búsqueda de dichos buscadores, en particular de Google. Siempre que, según especifican los jueces, el acceso a estas informaciones no tenga un peso y una importancia relevante en la vida pública de los ciudadanos.

Se trata de una ponderación de intereses lógico e inteligente. De otra forma se le otorgaría, por ejemplo, a cualquier político condenado por corrupción la posibilidad de solicitar que la red “olvide” sus fechorías pasadas, tal vez con vistas a nuevas elecciones. Y aunque queremos ser muy garantistas, no podemos permitir que el derecho a la protección de los datos personales comprometa de manera injustificada otro derecho fundamental: el derecho a la libertad de información.

El balance de interés propuesto por el Tribunal se refleja en el art. 17 del reciente Reglamento (UE) 2016/679 (conocido como Reglamento General de Protección de datos).

El artículo bautiza el derecho al olvido como “derecho de supresión”, estableciendo que cualquier interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurra alguna de las circunstancias establecida en el artículo mismo. Por ejemplo y entre otros motivos, se podrá pedir la supresión y evitar así la ulterior difusión de informaciones “sensibles”, cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados (art. 17.1.a).

Por otro lado, con el fin de ponderar el interés del titular del derecho de supresión con el interés del público (de acuerdo con la decisión “Google Spain”) se prevé que la supresión no podrá ser solicitada si el tratamiento es necesario, entre otros, para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.

Dicho de otra forma, el legislador europeo reconoce plenamente el derecho al olvido pero al mismo tiempo establece que este derecho será destinado a sucumbir cuando exista el interés general del público a conocer y tener acceso a una determinada noticia o información.

A la luz de la naturaleza de la decisión que vamos a comentar en seguida, este rápido repaso general sobre la historia del derecho al olvido era más bien necesario.

Analizaremos, de hecho, la resolución emitida por parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano (aquí recientemente publicada) relativa al recurso interpuesto el día 22 diciembre 2015 por un ciudadano italiano contra Google Italia, con el cual se pedía la eliminación -perdón, supresión- desde los resultados de búsqueda del mismo Google, de las referencias a 12 enlaces a páginas web de periódicos y blogs, así como de algunas sugerencias de búsqueda que aparecían al escribir el nombre del interesado.

Es necesario especificar que el recurrente es un ex-detenido, condenado en vía definitiva por crímenes violentos y participación en asociación terrorista, el cual recientemente acabó de cumplir su condena.

Por lógicas razones de privacidad, la decisión omite el nombre del interesado, así como los enlaces y sugerencias de búsqueda del cual se pedía la eliminación. Sin embargo, la decisión explica claramente que el solicitante fue condenado por graves crímenes realizados durante los “años de plomo”, un periodo de la historia democrática italiana violento y trágicamente famoso.

Os anticipamos que, a la luz del interés general del público a acceder a determinadas informaciones, el Garante ha desestimado la solicitud con la cual el ex terrorista requería a Google la eliminación de las las referencias a los enlaces.

A este respecto, el Garante basa su decisión en el “Código en materia de protección de datos personales”, la ley italiana que recoge la Directiva Europea 95/46 (derogada por parte del reglamento sobre mencionado), así como en las Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (aepd) and Mario Costeja González aprobadas el día 26 noviembre 2014 por el “Grupo de trabajo Art. 29”.

Las directrices mencionadas fueron emitidas después de la sentencia “Google Spain” para asegurar una aplicación uniforme de los principios que el TJUE había establecido en la misma y en particular garantizar un reconocimiento uniforme del nuevo “derecho al olvido”.

Entre otras reglas, dichas directrices establecen que:

“de norma, las autoridades de protección impondrán la eliminación de los resultados de búsqueda que se refieren a crímenes minores que ocurrieron hace mucho tiempo, mientras que será más improbable que ordenen la eliminación de los resultados relativos a crímenes más graves, que ocurrieron más recientemente. Sin embargo, estas cuestiones tendrán que ser evaluados con mucha atención y decididas caso por caso” (última página de las directrices)

El Garante italiano hace expresa referencia a esta regla en el párrafo 13 de su decisión y en el párrafo siguiente califica como “particularmente graves” los crímenes y actos terroristas por el cual el solicitante fue condenado en el pasado y a los cuales los enlaces en cuestión se refieren.

A pesar del hecho de que el ex detenido ya cumplió su condena, el Garante considera que las informaciones contenidas en estas páginas web “hacen referencia a una de las páginas más oscuras de la historia italiana … [y por lo tanto] han asumido una importancia histórica y han marcado la memoria colectiva de los ciudadanos italianos”.

Por esta razón y no obstante el largo periodo de tiempo trascurrido desde estos crímenes, el interés del público con respecto a estas informaciones es todavía muy elevado y prevalece sobre el derecho del recurrente a que sus antecedentes penales sean “olvidado”.

Finalmente, el Garante desestima integralmente el recurso contra Google y establece que las referencias a los enlaces de las cuales se pedía la supresión podrán seguir apareciendo entre los resultados de búsqueda.

La decisión vuelva a remover las aguas de este nuevo derecho, “creado” por parte del TJUE y que atrae al mismo tiempo alabanzas y también muchas críticas. Entre estas últimas os señalo la de Enrique Dans, profesor de sistemas de información en la “IE Business School”, al cual el derecho al olvido nunca le acabó de convencer, tal y como quedo patente en su artículo ‘Del “derecho al olvido” a la “amnesia forzada”’, en el cual criticó duramente la decisión del TJUE.

Probablemente el derecho al olvido no es algo tan negativo y peligroso como el Prof. Dans afirma, pero sin duda es un instrumento que, si es utilizado sin las debidas precauciones, podría seriamente afectar y dañar lo que Internet representa para el derecho al libre acceso a la información.

No es oportuno que, como en el asunto “Google Spain”, la red “recuerde” a todos sus usuarios que una persona tuvo algunos pequeños problemas de carácter jurídicos y económicos, dañando la imagen profesional y personal de esta persona. Pero tampoco es admisible que la red “olvide”, de un día a otro, que un conciudadano fue culpable de crímenes aberrantes y censurables.

In medio stat virtus” diría Aristóteles y quien somos nosotros para contradecir el filósofo griego discípulo de Platón?

Corresponderá por lo tanto a las autoridades nacionales de protección de datos ponderar el derecho al olvido con el derecho a la información y establecer, caso por caso, lo que Internet podrá recordar y lo que tendrá que olvidar.

Seguramente pasará mucho tiempo antes que las posiciones de los Estados puedan realmente uniformarse alrededor de este nuevo derecho, cuyos límites son todavía demasiado, y peligrosamente diría alguien, inciertos.

Por nuestra parte, os tendremos debidamente informados sobre nuevas decisiones.

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