**Artículo preparado para Lvcentinvs por Ana Candela Pérez, alumna del Magister Lvcentinvs**

El Tribunal de Justicia nos ilustra una vez más con algunas interpretaciones muy interesantes en relación con la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2015 Asunto C-572/13 “Hewlett‑Packard Belgium”, relativo a la compensación equitativa que la Directiva 2001/29/CE de derechos de autor en la Sociedad de la Información establece en relación con dos de las excepciones previstas para el derecho exclusivo de reproducción: la excepción de reprografía y la siempre polémica excepción por copia privada.

Hechos

Se trata de un litigio entre “Reprobel”, una entidad de gestión de los derechos de autor belga, encargada de recaudar y repartir las cantidades correspondientes a la compensación equitativa debida por la excepción de reprografía, y “Hewlett-Packard”. La primera de ellas reclama cantidades a HP en concepto de la citada compensación, en relación con una impresora “multifunción” comercializada por esta última.

Tras varios intentos de alcanzar un acuerdo en cuanto a la tarifa aplicable a dicho producto, HP demanda a Reprobel, solicitando al Tribunal de Primera Instancia de Bélgica que declarase que la citada empresa no debía cantidad alguna a la entidad de gestión y que, por otro lado, condenase a Reprobel, con base en la normativa belga, a llevar a cabo un estudio relativo al número de impresoras controvertidas y a su utilización efectiva para la copia de obras protegidas. A su vez, Reprobel demanda a HP reclamándole una cantidad a cuenta de las remuneraciones supuestamente debidas. Habiendo acumulado ambos procedimientos, el Tribunal de Primera Instancia de Bélgica acude al Tribunal de Justicia, formulando una serie de cuestiones, cuyo análisis resumimos a continuación.

Sentencia

Las cuestiones se plantean todas ellas en relación con la interpretación de los artículos 5.2.a) -excepción de reprografía- y 5.2.b) -excepción de copia privada- de la citada Directiva.

Se plantea en la primera de las cuestiones si la expresión “compensación equitativa”, prevista tanto para la excepción de reprografía como para la de copia privada, debe interpretarse de forma distinta en función de si la copia de la obra protegida –realizada en las condiciones que establece el articulo5.2.a)- la lleva a cabo una persona física para uso privado y sin fines comerciales o bien cualquier otro usuario.

La Directiva, en su artículo 5.2.a), no especifica quiénes son los usuarios destinatarios de la excepción, ni qué finalidad debe tener la reproducción para que se aplique la excepción. No concreta tampoco si debe realizarse la copia en un contexto privado para que la excepción resulte aplicable. Debe entenderse, por tanto, que la misma afecta a todo tipo de usuarios (incluidas personas físicas), cualquiera que sea la finalidad de las reproducciones (incluidas las realizadas para uso privado sin fines comerciales). Por otro lado, el artículo 5.2.b), que prevé la excepción por copia privada, habla de copias en “cualquier soporte”, aunque sin precisar la técnica de reproducción, y debe interpretarse por ello que no excluye el tipo de reproducción al que se refiere la excepción de reprografía –reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares-.

Consecuentemente, puede afirmarse que los ámbitos de aplicación de las excepciones de copia privada y reprografía se superponen, aunque las copias realizadas por usuarios que no sean personas físicas o por personas físicas que realicen las copias para usos distintos del privado únicamente quedarían comprendidas en el ámbito de aplicación de la excepción de reprografía.

Recuerda el Tribunal que no debe perderse de vista el objetivo último del canon digital, que es resarcir a los autores de obras protegidas por el perjuicio que las reproducciones no autorizadas les causan. Tal y como arguye el TJUE en sentencias anteriores, el perjuicio causado a los titulares de derechos por las reproducciones realizadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales no es comparable al perjuicio derivado de reproducciones llevadas a cabo por otros usuarios, y entre ellos, personas físicas para uso distinto del privado y con fines comerciales, aunque ambas se lleven a cabo en el ámbito de la misma excepción: la excepción de reprografía del artículo 5.2.a).

Por ello concluye el TJUE, en relación con la primera de las cuestiones, que debe apreciarse en la interpretación del concepto de “compensación equitativa” de los artículos 5.2. a) y b) una diferencia según la copia a la que se refiere el artículo 5.2.a) la realice, bien una persona física para uso privado y sin fines comerciales o bien cualquier otro usuario.

Una interpretación distinta podría dar lugar a que, de la reproducción de una obra protegida, realizada en distintos Estados pero en las mismas condiciones, surgiesen compensaciones muy distintas, en función de que el Estado Miembro de que se trate haya elegido prever en su normativa nacional sólo una de las excepciones, o bien las dos, de forma simultánea o sucesiva (ya que las excepciones enumeradas en la Directiva son facultativas), teniendo en cuenta que ambas se superponen (un mismo caso puede caer en el ámbito de aplicación de ambas excepciones). El TJUE refuerza la referida postura, por un lado, remitiéndose a la sentencia en el Asunto C‑467/08 ‘Padawan’, y por otro, invocando la exigencia de coherencia en la aplicación de las excepciones a los derechos de autor previstos por la Directiva 2001/29/CE.

El tribunal nacional pregunta también, en la tercera cuestión prejudicial, si el referido artículo 5 se opone a que una parte de las cantidades recaudadas en concepto de compensación equitativa sea atribuida a los editores, sin que tengan que hacer partícipes a los autores de dicha parte.

El Tribunal de Justicia responde de forma contundente, aclarando que los editores no pueden beneficiarse de la compensación equitativa si ello supone privar a los titulares del derecho de reproducción de la compensación que se les reconoce en relación con las excepciones de reprografía y de copia privada. Puesto que los editores no son titulares del derecho de reproducción previsto en el artículo 2 de la Directiva, no pueden considerarse acreedores del canon.

El TJUE responde a continuación a la cuarta cuestión. En la misma, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas expresa sus dudas sobre la posibilidad, en virtud del artículo 5 de la Directiva, de establecer un sistema nacional indiferenciado de percepción de compensación equitativa que cubra también la reproducción de partituras y las copias fraudulentas a partir de fuente ilícita.

Las partituras están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la excepción de reprografía y consecuentemente, este tipo de obras no pueden tenerse en cuenta para el cálculo de la compensación equitativa debida en virtud de dicha excepción. La exigencia de coherencia que deriva de la Directiva 2001/29, así como la superposición de los ámbitos de aplicación de ambas excepciones, aconsejan, según el Tribunal de Justicia, que esa consideración sea igualmente aplicable al caso de la excepción de copia privada.

Sin embargo, matiza a continuación que la reproducción no autorizada de partituras en casos aislados, realizada en el marco de la excepción de copia privada, cuando el perjuicio que la misma cause al titular de derechos sea mínimo, puede entenderse compatible con el régimen especial previsto para las partituras.

En cuanto a las reproducciones fraudulentas, ya se dijo en el Asunto C‑435/12, ‘ACI Adam y otros’, que el artículo 5 no ampara en ningún caso las copias privadas realizadas a partir de una fuente ilícita. El TJUE entiende que no puede exigirse a los titulares de derechos que toleren las vulneraciones de los mismos a partir de las cuales se lleven a cabo las copias privadas. Una vez más, se alega el riesgo de incoherencia para considerar trasladable esta conclusión a la excepción de reprografía.

El Tribunal de Justicia responde a esta cuestión prejudicial afirmando que una normativa nacional que establece un sistema de percepción de la compensación equitativa, el cual cubre tanto las copias de partituras como reproducciones fraudulentas, resulta contrario al aludido artículo 5.

Analizada en último lugar, la cuestión prejudicial segunda versa sobre la normativa belga relativa a la financiación de la compensación equitativa a través de un sistema que combina dos tipos de remuneraciones: una remuneración a tanto alzado, previa a la reproducción, cuantificada en base únicamente a la velocidad con la que el aparato en cuestión pueda realizar las copias, y otra remuneración, proporcional en este caso, y pagadera con posterioridad a la reproducción, la cual varía en función de que el deudor de la misma haya coopera en su percepción o no. Se pone en duda, una vez más, la conformidad de este sistema de financiación con los artículos 5.2.a) y 5.2.b).

Se aduce una vez más el criterio del perjuicio efectivo como principal argumento. En lógica consonancia con el tan aludido propósito del canon, el Tribunal alega que la financiación del mismo debe recaer sobre las personas que efectivamente realizan las reproducciones no autorizadas de las obras protegidas. En la práctica, son los fabricantes de equipos o soportes de reproducción digital los que asumen el pago de la compensación, si bien repercutiendo el coste del canon a los usuarios finales. Puesto que el perjuicio efectivo no se conoce en el momento de la comercialización de tales equipos o soportes, es normal que el canon se conciba a tanto alzado en este caso. Ahora bien, no todos los adquirentes de tales aparatos realizan el mismo uso, y ello tiene consecuencias en relación con el perjuicio efectivamente causado, las cuales no deben ser obviadas. Por tanto, se admite la posibilidad de fijar una remuneración a tanto alzado y pagada con anterioridad a la reproducción, pero no se ajusta al artículo 5 el hecho de que la misma se cuantifique únicamente en base a la velocidad del aparato a la hora de hacer copias.

En referencia a la remuneración proporcional que tiene en cuenta el hecho de que el deudor coopere o no en la recaudación de la compensación, puesto que este extremo en nada afecta al perjuicio causado a los titulares de derechos, debe entenderse que la misma es contraria al precepto analizado.

Por último, el TJUE puntualiza que la posibilidad de combinar ambos tipos de remuneraciones se admite únicamente si el sistema prevé además mecanismos que permitan corregir ciertas situaciones de “sobrecompensación” derivadas de tal combinación.

Conclusión

La sentencia refleja la íntima conexión entre los límites de reprografía y copia privada y el canon, recordando que los mismos no pueden entenderse sin la correspondiente compensación, puesto que afectan a la explotación normal de la obra.

Personalmente me parece importante poner de relieve que, a pesar de la lógica subyacente a la interpretación del TJUE en la sentencia ‘Adam ACI y otros’ anteriormente citada, con respecto a la exclusión de las copias privadas realizadas a partir de fuentes ilícitas del ámbito de aplicación del artículo 5.2.b), la misma no deja de tener efectos colaterales.

Así, en algunos ordenamientos jurídicos, como es el caso de España, la referida interpretación implica la reducción práctica del ámbito de aplicación del límite de copia privada. El resultado es que, a pesar de que las ‘copias ilegales’ continúan siendo un fenómeno extendido entre los usuarios, las mismas no dan lugar a compensación para los autores. La restricción del concepto copia privada a casos muy puntuales conlleva necesariamente que la compensación equitativa en estos casos termine adquiriendo un carácter residual, y por ello quizás debería plantearse una solución diferente a la actualmente impuesta por la Directiva 2001/29.

Finalmente, mencionar lo acertado de la interpretación del Tribunal de Justicia en el sentido de atender una vez más al perjuicio efectivamente causado por las reproducciones no autorizadas a la hora de cuantificar la compensación y, por tanto, de atender a la diferenciación del uso que se hace de los equipos y aparatos que tienen aparejado el pago del canon, en línea con el ya citado Asunto ‘Padawan’, que distingue entre el uso para fines privados y el uso empresarial.

 

 

 

 

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