Viene de la primera parte

Los textos del TPP en español y en inglés los tenéis aquí y aquí.

Y volvemos con el fin de compartir con vosotros algunos de los Highlights del TPP, para que podáis presumir delante de vuestros colegas de que conocéis el asunto sin necesidad de teneros que empapar las 73 páginas de las que se compone el Capítulo 18: Propiedad Intelectual.

Para esta entrega, he contado con la colaboración, supervisión y aportaciones de Aurelius, al que estoy muy agradecido.

Derechos de Autor

Sin perjuicio de mejor opinión (y las hay muchas en nuestra audiencia) uno de los aspectos más relevantes para mi tiene que ver con las Medidas Tecnológicas de Protección (TPMs).

Al margen de establecer (art 18.68) una serie de conductas que pueden dar lugar a responsabilidades civiles, administrativas o penales, consistentes en la elusión de las mismas o en la fabricación o suministro de medios idóneos para la elusión, dispone el punto 3 que el carácter infractor de la elusión será independiente de la infracción de derechos de autor.

Aurelius: También resulta destacable que el punto 4 establece la posibilidad para los Estados de adoptar un listado de conductas que, en el ejercicio de limitaciones o excepciones, no sean susceptibles de sanción. Se trata de un sistema copiado de la legislación de USA donde, precisamente, la Copyright Office acaba de actualizar dicha lista: http://copyright.gov/1201/2015/fedreg-publicinspectionFR.pdf

Podéis leer la opinión Tom Dearden en el IPKat al respecto, además de otros aspectos como el Derecho de Reproducción, el de Comunicación al Público y los Derechos Conexos aquí.

En cualquier caso no parece que haya cambios sustanciales en la configuración de los derechos patrimoniales, si bien parece que el Derecho de Comunicación deja abierta una puerta a seguir debatiendo la naturaleza de los enlaces, cuestión que mientras se mantenga la interpretación del TJUE en el Caso Svensson, no debería preocuparnos en exceso, al menos en Europa. Más preocupante parece la tentativa de configurar los enlaces en Europa como una suerte de “redistribución” de contenidos, como comenta Enrique Dans aquí.

Aurelius: En relación con el Derecho de distribución, resulta interesante observar como, en nota al pie, se quiere dejar claro que el mismo se refiere exclusivamente a las “copias fijadas que pueden ser puestas en circulación como objetos tangibles”. Con ello se pone fin a la discusión de si existe o no el llamado “agotamiento digital” que, como recordareis, en Europea se admite en materia de programas de ordenador merced a la sentencia “Usedsoft”. Es decir, aunque el 18.11 se afirma la libertad de los Estados para configurar el agotamiento del derecho, tal libertad tiene, al menos, ese límite.

En relación con las excepciones y limitaciones a los derechos, resulta interesante señalar que la clásica cláusula de los tres pasos (18.65) se ve complementada con dos disposiciones que pueden favorecer una interpretación “abierta” de la misma. En primer lugar, la sección 18.66, que habla del “equilibrio” en los sistemas de derechos de autor y derechos conexos (entendemos que se refiere al equilibrio entre los intereses de los titulares y los intereses generales o de terceros). En segundo lugar, el 18.15 donde se reconoce la “importancia de un dominio público robusto y accesible”.

Otro caballo de batalla del que Estados Unidos ha tenido que apearse (parcialmente) ha sido el de extender la duración obligatoria de los derechos patrimoniales (art 18.63) que ha quedado establecida en 70 años desde la muerte del autor, frente a los cincuenta que, recordemos, establece el Convenio de Berna.

Si queréis conocer un poco más en profundidad la polémica que rodeó al tema de la duración, podéis pasaros por el comentario que posteó Nicola donde los gatos aquí, cuya frase “It is hard to imagine starving artists, creative geniuses and dead creators increasing their production because their heirs might receive more years of copyright protection” se lleva una estrella Vicentín. Por la cara.

Observancia

Dejando a un lado ciertas cuestiones procesales y un reforzamiento de las competencias del que se benefician principalmente los sistemas de Medidas en Frontera, una de las medidas que más ha llamado mi atención es que en el caso de procedimientos civiles (art 18.74) se obliga a las Partes, en caso de procedimientos civiles de marcas, derechos de autor o derechos conexos a introducir en sus leyes diferentes indemnizaciones:

– Indemnizaciones predeterminadas, disponibles a elección del demandado

y/o

– Indemnizaciones adicionales (punitivas o ejemplarizantes, en atención al pie de página)

Al margen de la compatibilidad que podrían tener este tipo de indemnizaciones a la luz de los principios que rigen el resarcimiento de daños y perjuicios (que daría para un post por sí solo), las indemnizaciones predeterminadas simplifican, y mucho, una de las cuestiones más complejas que abordan los abogados cuando tienen que enfrentarse a una infracción, la cuantificación de la indemnización.

También podéis leer el análisis que hizo Eleanor K. Meltzer in IPWatchDog de los artículos 18.79 “Protección de Señales de Satélite y Señales Por Cable Codificadas Portadoras de Programas” y a 18.80 Programas Informáticos Utilizados por el Gobierno” conforme la redacción que filtró Wikileaks aquí y aquí.

Proveedores de Servicios de Internet

Terminamos con, quizá uno de los puntos más polémicos y problemáticos (art 18.82), la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet, y sobre todo el papel que han de jugar en el caso del bloqueo y eliminación de contenidos presuntamente infractores.

El artículo comienza delimitando en el punto 2 una serie de supuestos en los que el ISP no será responsable de la infracción, al estilo de los puertos seguros que se configuran en nuestra LSSI, que son los siguientes:

(a) transmisión, enrutamiento, o suministro de conexiones para material sin modificación de su contenido

 (b) almacenamiento en caché realizado a través de un proceso automatizado

 (c) almacenamiento sujeto a las instrucciones del usuario, de material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios de Internet

 (d) referir o vincular a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios.

La problemática se revela en los siguientes puntos.

El punto 3 establece que para beneficiarse de tales limitaciones de responsabilidad se deberán incluir mecanismos de requerimiento para que:

– En los supuestos del 2.c (almacenamiento sujeto a las instrucciones del usuario) y 2.d (enlaces y buscadores), pero también podría hacerse extensible al 2.b (alojamiento en caché) a tenor de la nota al pie num.157.

– Los IPS inhabiliten o eliminen el acceso a los materiales alojados tan pronto como tengan conocimiento de la infracción, por ejemplo, a través de una notificación del titular o su representante.

– Siempre y cuando tome medidas razonables para notificar, por adelantado o inmediatamente después para notificar a la persona cuyo material es removido o inhabilitado (art 18.82.3.b)

Es decir, que tanto un enlazador como alguien que aloja datos (léase servicio en la nube o en servidores propios) debería bloquear el acceso a cualquier contenido presuntamente infractor al recibir una notificación de carácter privado y sin exigencia previa de una demanda o una denuncia, ni tan siquiera necesidad de una previa notificación a aquel que ha enlazado y/o almacenado contenido presuntamente infractor. (Que para mas inri, no ha de ser fehaciente, basta con unas “medidas razonables” para notificar).

El art 18.82.4 abre la puerta a un sistema de contra-notificación del interesado para que se restaure el acceso o la información, salvo que la persona que notifica la infracción acuda a una instancia judicial dentro de un plazo razonable.

Estamos, por tanto, ante unas auténticas medidas cautelares sin la intervención de un órgano administrativo (ni mucho menos judicial) que se lleva a cabo sin exigir los requisitos propios de las mismas y frente a un Juez (el ISP) que es parte y cuya prioridad será cortar por lo sano para evitar incurrir en responsabilidades.

El artículo 18.82.5 insta a los Estados Parte establecer indemnizaciones en caso de notificaciones o contra-notificaciones falsas, siempre que sean a sabiendas. Precluyendo que se pueda solicitar tal indemnización en supuestos de culpa lata.

Finalmente, el artículo 18.82.7 obliga a instaurar procedimientos de naturaleza administrativa o judicial que permitan a los titulares de derechos de autor, solicitar y obtener de los ISP la información que permita identificar al presunto infractor.

Sin embargo, el Anexo 18-E (p. 71, hay que leerse las leyes hasta el final) abre una puerta de atrás para la no aplicación de los art. 18.82 3 y 4 (los que a mi juicio resultan más problemáticos), consistente en que no estarán obligados a la aplicación de los mismos aquellos Estados Parte que a fecha de firma del acuerdo cuenten con una serie de medidas consistentes esencialmente en un régimen de limitación de responsabilidades de los ISP, la configuración de la responsabilidad indirecta en caso de infracciones de Derechos de Autor y la articulación de una serie de medidas que fomenten la colaboración de los ISP en el caso de infracciones vía internet.

Y con esto llegamos al final de esta revisión del texto del TTP, quedando a la espera de lo que nos pueda traer su hermano el TTIP que, esta vez sí, nos afectará directamente.

No dudéis en comentar, debatir o criticar todo lo que os parezca oportuno en los comentarios o en persona, una ocasión inmejorable para ello la tenéis esta tarde en el cóctel que tendrá lugar tras la tertulia que organiza Clarke&Modet en la OAMI.

No me puedo resistir a recomendaros un par de temas del recientemente fallecido Allen Toussaint aquí y aquí.

Y cómo no podría ser de otra forma en un (dos) post(s) con este título, esto es todo amigos.

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