El día 5 de mayo, el Tribunal de Justicia publicó las dos Sentencias que (como se preveía) tumbaron los recursos de anulación de España frente al “paquete” de la Patente Unitaria conformado por los Reglamentos del Consejo 1257/2012 y 1260/2012.

En la STJUE de 5 de mayo de 2015 en el Asunto C-146/13, el TJUE desestima las pretensiones de España de que se anule el Reglamento del Consejo 1257/2012 (el reglamento de Patente Unitaria).

En lo referido al primer motivo, España argumenta que el Reglamento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que otorga una protección basada en la Patente Europea, cuyo procedimiento previo de concesión no queda sujeto a un control jurisdiccional. El TJUE desestima el motivo ya que entiende que en ningún momento el CPE (y más en concreto el procedimiento de concesión de la Patente Europea) quedaría integrado en el Derecho de la Unión.

En el segundo motivo, España ataca la falta de base jurídica del Reglamento, dado que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 118 TFUE, este no incluye medidas que otorguen una protección uniforme de los DPI, en tanto carece de contenido material. El TJUE entiende que la protección unitaria sería uniforme, per se e independientemente de la normativa nacional que sea de aplicación, y que por tanto el Reglamento impugnado permitiría (de alguna manera) “evitar las divergencias relativas a la protección mediante patente en los Estados Miembros” (sic).

La alegación del tercer motivo, si bien se basa en la desviación de poder, sigue una línea argumental paralela al segundo: el Reglamento no establece un régimen jurídico que garantice la protección uniforme de los DPI en la Unión. El TJUE lo rechaza en similares términos a los establecidos en el motivo anterior.

Los motivos cuarto y quinto versan sobre a) la infracción del artículo 291 TFUE, b) la violación de los principios establecidos en la STJ de 13 de junio de 1958, en el Asunto 9/56, “Meroni”

Por un lado, España entiende que la atribución de competencias relativas a las tasas a la EPO (o un Comité Restringido dentro de su Consejo de Administración) supone una vulneración del precitado art 291 TFUE (atribución de competencias de ejecución al Consejo o la Comisión).

Tras afirmar la naturaleza de “acto jurídico vinculante del Derecho de la Unión” que tiene la fijación de la distribución de la cuota y cuantía de las tasas anuales, el TJUE rechaza de plano la argumentación dado que el carácter no necesariamente uniforme de las condiciones de ejecución para los “actos jurídicamente vinculantes” y el hecho de que la Unión no sea miembro del CPE lo alejaría del ámbito competencial de Comisión y Consejo y lo haría recaer sobre los Estados miembros (N. del A que a su vez podrían delegarlo en la EPO). Rechaza asimismo la aplicación de la Sentencia en el Caso Meroni en tanto no se produce una delegación entre el legislador de la Unión y los Estados Miembros.

Finalmente en los motivos sexto y séptimo se valora si el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, así como ciertas disposiciones del Reglamento (principalmente las referidas a aplicabilidad/entrada en vigor), atentan contra los principios de autonomía y uniformidad que rigen en el Derecho de la Unión.

El TJUE rechaza en primera instancia pronunciarse acerca de un tratado internacional (Acuerdo TUP) que es ajeno al Derecho de la Unión. En cuanto a la aplicabilidad directa y su entrada en vigor (condicionada a la entrada en vigor del Acuerdo TUP), entiende el TJUE que tal previsión es necesaria a fin de asegurar la efectividad de lo dispuesto en el Reglamento. Por otro lado, rechaza que la posibilidad de que los Estados miembros puedan decidir unilateralmente si se les aplica o no el Reglamento sea contrario al Derecho de la Unión, dado el carácter excepcional de dicha previsión (art 18.2).

Como era previsible, el Tribunal de Justicia ha rechazado todas las argumentaciones del Reino de España, algunas dignas de estudio y otras bastante más peregrinas.

Resulta complicado analizar desde una perspectiva jurídica la Sentencia, más allá de poner de manifiesto que el error en el que incurrió España de llevar a los tribunales una batalla política (y perdida) ha sido superado ampliamente por el Tribunal al enjuiciar en clave política una cuestión no menor como es la (como poco) irregular utilización del mecanismo de cooperación reforzada para un asunto como la Patente Unitaria.

Y es que del ejercicio de sofismo que realiza el Tribunal lo único que se destila es la voluntad de que el “paquete de patente unitaria” perviva, y la subordinación de todos los medios (en este caso, jurídicos) a tal fin.

Existe en el ámbito de la comunidad jurídica una cierta inquietud por las consecuencias que se puedan derivar de la interpretación, exigua y desacertada, que ha hecho el Tribunal de Justicia de ciertos principios esenciales del ordenamiento jurídico comunitario y, más en particular, del mecanismo de cooperación reforzada. Sin embargo yo no creo que haya que ser alarmistas. El TJUE ha abierto una puerta que cerrará en cuanto, por motivos de oportunidad política, proceda que se cierre. Y eso diría muy poco de un Tribunal.

EL QUINTO ENEMIGO

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Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

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