Tras la vuelta de sus vacaciones de esquí, en Luxemburgo se han puesto las pilas y estas dos últimas semanas están siendo bastante moviditas, pero no os preocupéis, desde Lvcentinvs trabajamos incluso en la hora de la comida para no perder el pulso a la actualidad jurisprudencial y al grito de “¡DIPr en estado puro!” (Aurelius dixit), pasamos a comentar las CAG en el asunto C-681/13 publicadas ayer.

Hechos

Capítulo 1: Bulgaria

Diageo Brands BV es titular de la marca “Johny Walker” que distribuye en Bulgaria a través de un distribuidor exclusivo. En 2007 Simiramida-04 FOOD importó de Georgia un contenedor de 12.096 botellas de whisky, que fueron incautadas (y posteriormente liberadas) a instancia de Diageo, en tanto tal importación no he había realizado con su consentimiento.

Tras la incautación, Diageo interpuso demanda por infracción de marca que fue desestimada en primera instancia por el Sofiyisky gradski en aplicación de una sentencia del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo Búlgaro) de fecha 15 de junio de 2009, que, según la interpreta el Sofiyisky gradski, implica que “la importación en Bulgaria de productos que se comercializan fuera del Espacio Económico Europeo (…) con autorización del titular de la marca no vulnera los derechos de marca” lo cual es plenamente contrario al agotamiento comunitario tal y como lo ha consagrado la doctrina y la jurisprudencia.

En ausencia de recurso, la decisión de primera instancia adquirió firmeza.

Capítulo 2 Holanda

Simiramida interpuso demanda en Holanda, reclamando la indemnización de los daños y perjuicios causados por la incautación de las 12.096 botellas así como los costes asociados a la litigación por valor de más de 10 millones de euros (aprox. el precio de unas 500.000 botellas de Blue Label). Simiramida fundó su derecho en la Sentencia recaida en Bulgaria.

Tal demanda fue rechazada en primera instancia al entender, de acuerdo con las alegaciones de Diageo, que la Sentencia del Sofiyisky gradski era contraria al orden público (art 34.1 del Reglamento 44/2001, hoy derogado por el Reglamento 1215/2012) en tanto la sentencia se dictó en aplicación errónea del Derecho de la Unión, incumpliéndose asimismo la obligación de plantear una cuestión prejudicial (art 267 TFUE).

(Parte de) la cuestión llegó en casación al Hoge Raad der Nederlanden que planteó una serie de cuestiones prejudiciales, partiendo de que ambas partes reconocían la contrariedad al Derecho de la Unión de la resolución en el procedimiento principal.

Cuestión prejudicial

De manera simplificada, las preguntas que se hace el Hoge Raad der Nederlanden son:

¿El concepto orden público alcanza también a los supuestos en los que la resolución sea manifiestamente contraria al Derecho de la Unión?

¿Veda el acceso a tal motivo de denegación el hecho de que la parte invocante no haya interpuesto los recursos disponibles frente a la resolución manifiestamente contraria al Derecho de la Unión, aún cuando cabe suponer que tales recursos no hubieran conducido a otra resolución diferente?

¿Entran dentro del ámbito del artículo 14 de la Directiva 2004/48 (costas procesales) las costas derivadas de una demanda de indemnización que trae causa de un embargo, durante la cual se planteó la cuestión del reconocimiento en otro Estado miembro de una resolución dictada en el marco de un litigio que tenía por objeto el respeto de un derecho de propiedad intelectual.

Conclusiones del Abogado General

El Abogado General Sr Maciej Szpunar responde de manera conjunta a la cuestiones primera y segunda, proponiendo al TJUE:

Que la cláusula de orden público sólo es aplicable en aquellos casos en los que el reconocimiento choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico nacional (en este caso, con el de la Unión).

Que los efectos del reconocimiento han de valorarse in concreto, y en el presente caso la resolución controvertida no menoscaba un principio fundamental, justificando asimismo la aparente separación de la doctrina seguida en la STJCE en el asunto C-126/97 “eco-Swiss” en tanto las resoluciones judiciales gozan de una presunción de legalidad que hace que la aplicabilidad a las mismas del criterio de orden público sea más estricta que respecto a los laudos arbitrales.

También sostiene que la remisión prejudicial depende plenamente de la iniciativa del órgano judicial, que es quien debe apreciar la necesidad de la misma y (potestativamente) solicitarla.

Por último, en lo referido a la necesidad de agotar todos los recursos disponibles, el AG entiende que tal situación habrá de ser tenida en cuenta por el Estado requerido, en tanto el sistema de protección judicial de la Unión no impide, per se, la existencia de un error, sino que en última instancia facultaría al perjudicado (en este caso Diageo) a reclamar por los perjuicios causados por el incorrecto funcionamiento de sus tribunales frente al Estado Búlgaro.

En cuanto a la tercera cuestión, el AG propone que las costas incoadas en el procedimiento en Holanda han de entenderse incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva 2004/48.

Seguiremos muy de cerca lo que ocurra en este caso y tan pronto como se publique la Sentencia la tendréis en Lvcentinvs. Mientras tanto podeis reverdecer viejos laureles releyendo la STJCE en el asunto C-38/98 “Maxicar” que también versa sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales en materia de PI.

Manteneos informados a un click en nuestro twitter @Lucentinus

EL QUINTO ENEMIGO

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