En el tintero permanecen algunas resoluciones del Tribunal de Justicia y Conclusiones del Abogado General que merecen una entrada aparte y un análisis algo más detenido, la primera de ellas son las Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón de fecha 11 de septiembre de 2011, Asunto C-441/13, Pez Hejduk contra EnergieAgentur.NRW GmbH.

La cuestión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien austriaco a la que responde el AG versa sobre el alcance del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 y en concreto, acerca de los criterios atributivos de competencia judicial en caso de una vulneración de un derecho patrimonial de autor en internet.

A diferencia de la STJUE en el asunto C‑170/12Pinckney” en la que se ofertaba y vendía en Internet una obra protegida en un soporte material (CD), en el presente caso, la difusión de las fotografías protegidas se hizo a través de Internet, produciéndose un daño “deslocalizado”. Dado que las referencias al Asunto Pinckney son constantes por parte del AG, si no queréis leeros la Sentencia, al menos echadle un vistazo las reseñas que hicieron en Lucentinus Aurelius y Gilberto aquí y aquí.

En suma, el AG expone que:

El criterio del centro de intereses de la víctima (daño global), de aplicación en supuestos de violación de derechos de la personalidad, no debe ser extendido en el caso de que lo vulnerado sean los derechos patrimoniales del autor, en tanto tal criterio llevará en la gran mayoría de los casos a atribuir la competencia al forum actoris.

El criterio de la focalización (daño local) sólo es de aplicación en aquellos casos en los que el acto de comunicación pública esté clara e incontestablemente dirigido a un concreto Estado Miembro.

Con respecto al criterio de territorialidad (y la sentencia Pinckey) su aplicación, en estos casos en los que la materialización del daño es difuso lleva a una doble solución que no es plenamente satisfactoria en ninguno de los dos supuestos. El primero es poner al actor en una situación de probatio diabólica, en la que tuviera que acreditar la realidad del daño de manera fragmentada país por país y en este caso, el perjuicio exclusivamente irrogado en Austria. La otra opción es reconocerle de facto la posibilidad de reclamar la totalidad de los daños ante los tribunales de cualquier lugar donde se haya producido (parte del) daño.

A la vista de lo expuesto, el AG concluye que:

«El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio relativo a una vulneración en Internet de derechos afines a los derechos de autor, fruto de la cual se produce un daño «deslocalizado», cuya ubicación territorial no admite determinación con arreglo a criterios fiables de prueba, son competentes los tribunales del lugar donde se haya producido el hecho causal.»

En mi opinión, la solución propuesta por el AG no es del todo acertada, porque veda al actor la posibilidad de optar por cualquier otro foro donde el daño se ha producido, en base a una pretendida ausencia de “criterios de prueba fiables”.

Dicho en otras palabras, según el AG, la naturaleza pretendidamente “deslocalizada” del daño impide que este pueda reclamar los daños locales, lo que deja al demandante en la situación de tener que demandar por el daño global ante los Tribunales del lugar donde se produjo el hecho causal, fuera esta su intención o no.

Entiendo que es, en su caso, el Tribunal Nacional el que tiene que valorar si las pruebas aportadas justifican o no su competencia, dado que la fiabilidad de los medios de prueba evoluciona, por lo que, a mi juicio, no procede que se cristalice tal criterio jurisprudencialmente.

Dicho de otro modo, la prueba de existencia de un daño, aún exiguo, en cualquiera de los Estados Miembros, debería permitir al actor demandar ante los Tribunales de tal EM, quedando reducida la cuantificación del daño en ese EM a una cuestión probatoria (hoy por hoy ciertamente complicada). No se puede perder de vista, que en materias de derechos de autor, es tanto o más importante conseguir una declaración de infracción que la propia indemnización (en el caso que hoy nos ocupa la reclamación de cantidad asciende a 4050 euros).

Otra solución distinta se traduciría en la imposibilidad virtual de ejercitar una acción en base a un derecho de naturaleza territorial, frente a los tribunales de ese territorio, por un daño que se ha producido en dicho territorio.

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Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

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