Después de una laaaaarga pero justificada ausencia, os dejo aquí algunas de las sentencias más interesantes que se han dictado en estos primeros meses del 2014 en Luxemburgo.

STJUE, de 23 de enero de 2014, asunto C-558/12 (Marca Comunitaria)

El Tribunal de Justicia estimó el recurso de la OAMI, anulando la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2012 (WESTERN GOLD) (T-278/10) y ordenando la devolución de los autos a dicho Tribunal. El TJ considera que el reproche del TG hizo a la Primera Sala de Recurso de la OAMI por la falta de análisis del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores no puede originar la nulidad de la decisión emitida por dicha Sala.

STJUE, de 23 de enero de 2014, asunto C-355/12 (Derechos de Autor)

El asunto deviene de la cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Milano (Italia), dentro del procedimiento que enfrenta a Nintendo con las empresas PC BOX y 9Net, en relación con la comercialización por PC Box de «mod chips» y «game copiers» a través del sitio de Internet gestionado por PC Box y alojado por 9Net.

El litigio principal versa sobre las medidas tecnológicas que Nintendo ha instalado en sus consolas para que únicamente se puedan usar videojuegos originales protegidos por derechos de autor y no copias ilegales de dichos videojuegos. Los aparatos de PC Box, una vez instalados, eluden el sistema de protección y permiten el uso de videojuegos falsificados.

Consultado al respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que:

La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «medida tecnológica eficaz» del artículo 6, apartado 3, de esta Directiva puede aplicarse a unas medidas tecnológicas que consisten, principalmente, en equipar con un dispositivo de reconocimiento, no sólo el soporte que contiene la obra protegida, tal como el videojuego, para protegerla contra actos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor, sino también los aparatos portátiles o las consolas destinados a permitir acceder a esos juegos y utilizarlos.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podrían provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para los derechos del titular. A estos efectos es pertinente tener en cuenta, en particular, los costes de los distintos tipos de medidas tecnológicas, los aspectos técnicos y prácticos de su aplicación y la comparación de la eficacia de estos distintos tipos de medidas tecnológicas en lo que respecta a la protección de los derechos del titular, ya que, sin embargo, no es preciso que esta eficacia sea absoluta. Corresponde también a dicho órgano jurisdiccional examinar la finalidad de los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir dichas medidas tecnológicas. A este respecto, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar, en función de las circunstancias del caso, especialmente pertinente. En particular, el órgano jurisdiccional nacional puede examinar la frecuencia con la que efectivamente estos dispositivos, productos o componentes se utilizan vulnerando los derechos de autor y la frecuencia con la que se utilizan para fines que no violan dichos derechos.

STJUE, de 13 de febrero de 2014, asunto C-479/12 (Diseño Comunitario)

El asunto deviene de la cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), dentro del procedimiento que enfrenta a dos empresas que comercializan mobiliario de jardín (en concreto una pérgola de jardín).

En el marco del recurso de casación, el tribunal remitente se pregunta, atendiendo a los hechos del litigio principal, sobre el alcance del concepto de «divulgación» que figura en particular en los artículos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, a efectos de determinar si el modelo no registrado cuya protección se pretende ha sido hecho público en el sentido de ese Reglamento y si el modelo que se le opone lo ha sido anteriormente.

El Tribunal de Justicia ha declarado que:

1)      El artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que se puede considerar que en el tráfico comercial normal un dibujo o modelo no registrado podía ser razonablemente conocido por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si se han difundido representaciones de ese dibujo o modelo entre los comerciantes que operan en ese sector, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

2)      El  artículo 7, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión Europea si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión, lo que incumbe apreciar al tribunal de dibujos y modelos comunitarios atendiendo a las circunstancias del asunto del que conoce.

3)      El artículo 19, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que incumbe al titular del dibujo o modelo protegido probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese dibujo o modelo. No obstante, si el tribunal de dibujos y modelos comunitarios apreciara que el hecho de imponer a dicho titular esa carga de la prueba puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la aportación de tal prueba, está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho nacional para paliar esa dificultad, comprendidas en su caso las reglas de Derecho interno que prevean una flexibilización o una atenuación de la carga de la prueba.

4)      La prescripción y la preclusión que puedan en su caso oponerse como excepción a la acción ejercitada con fundamento en los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 6/2002 se rigen por el Derecho nacional, que debe aplicarse con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad.

5)      El artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos se rigen por la ley, incluidas las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción. Las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de esos actos y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio se rigen, conforme al artículo 88, apartado 2, del mismo Reglamento, por el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.

STJUE, de 13 de febrero de 2014, asunto C-351/12 (Derechos de Autor)

El asunto deviene de la cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Krajský soud v Plzni (República Checa), dentro del procedimiento que enfrenta a una sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor sobre las obras musicales (OSA), y a una empresa que gestiona un establecimiento de asistencia sanitaria y que ofrece curas termales (a.k.a. SPA).

El conflicto versa sobre el pago de cánones por la puesta a disposición de difusiones por televisión o radio en las habitaciones del SPA. Al Tribunal se le ha consultado para que clarifique conceptos como ‘comunicación pública’, ‘competencia para requerir el pago del canon’ y sobre ‘abuso de posición dominante’.

El Tribunal de Justicia ha declarado que:

1)        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación de sus obras por un establecimiento termal que actúa como una empresa mercantil, mediante la distribución deliberada de una señal a través de receptores de televisión o de radio en las habitaciones de los pacientes de ese establecimiento. El artículo 5, apartados 2, letra e), 3, letra b), y 5, de la misma Directiva no puede afectar a esa interpretación.

2)        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no puede ser invocado por una sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor en un litigio entre particulares para excluir la aplicación de la normativa de un Estado miembro contraria a esa disposición. El tribunal que conoce de dicho litigio está obligado no obstante a interpretar esa normativa, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de esa misma disposición para llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta.

3)        El artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los artículos 56 TFUE y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro como la discutida en el litigio principal, que reserva en su territorio la gestión colectiva de los derechos de autor sobre ciertas obras protegidas a una sola sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor, impidiendo así que un usuario de esas obras, como el establecimiento termal parte en el litigio principal, obtenga los servicios prestados por una sociedad de gestión establecida en otro Estado miembro.

No obstante, el artículo 102 TFUE debe ser interpretado en el sentido de que constituyen indicios de abuso de una posición dominante el hecho de que esa primera sociedad de gestión colectiva de derechos de autor imponga por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, o el de aplicar precios excesivos, sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada.

STJUE, de 6 de marzo de 2014, asuntos acumulados C-337/12, C-338/12, C-339/12 y C-340/12 (Marca Comunitaria)

El Tribunal de Justicia debía decidir si las marcas de Yoshida (solicitadas para cubiertos y utensilios de cocina) encuadran o no en el supuesto contenido en el artículo 7.1.e del RMC (marcas que pueden estar constituidas por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico).

La OAMI, que en un primer momento concedió el registro de ambas marcas, posteriormente lo anulo como consecuencia de dos cancelaciones promovidas por un tercero.  Decisión que el Tribunal General anuló (asuntos T-331/10 y T-416/10).

Desafortunadamente el Tribunal de momento no ha zanjado por completo el tema, ya que, al no contar con todos los elementos necesarios, se ha limitado a remitir nuevamente los asuntos al Tribunal General.

Estaremos monitoreando ambos casos para informales en su oportunidad.

Mientras tanto os dejo un breve artículo que nuestra compañera lvcentina Marta Rodriguez (@MartaRodAguado) ha escrito sobre este caso.

STJUE, de 6 de marzo de 2014, asunto C-409/12 (Marca Comunitaria)

El asunto deviene de la cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria), dentro del procedimiento que enfrenta a dos empresas en relación con el uso del signo denominativo “KORNSPITZ”, registrado como marca por una de ellas.

El litigio principal versa sobre el hecho de si la marca “KORNSPITZ” se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada.

El Tribunal de Justicia ha declarado que:

1)      El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la designación usual de tal producto exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales del producto.

2)      El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada.

3)      El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para poder declarar la caducidad de una marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto, no es necesario determinar si existen otras designaciones para éste.

Por ahora es todo, pero en breve volveremos con otras interesantes sentencias.

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