Con pleno conocimiento de que la ausencia ha sido nuevamente larga, pero con el firme compromiso de intentar ponernos al día durante las eminentes vacaciones del Tribunal, os dejo de momento con 3 interesantes sentencias:

STG, de 27 de junio de 2013, asunto T-367/12

En esta sentencia, el Tribunal General desestimó el recurso del solicitante, confirmándose por tanto la decisión de la Sala de Recursos de la OAMI en la que se rechazó el registro de la marca “MOL Blue Card” por existir riesgo de confusión con diversas marcas anteriores con el elemento “BLUE”.

Más detalles sobre la sentencia nos llegan de parte de nuestras compañeras María Andújar e Irene Rodríguez (@bbva):

La justicia europea corrobora la decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), denegando el registro de la marca “MOL Blue Card” para designar servicios de las clases 35 y 36 de la clasificación de productos y servicios de Niza.

La OAMI ya había estimado diversas oposiciones a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), denegando el registro de marcas de diferentes solicitantes que incluían el elemento “BLUE” para designar servicios de la clase 36. Lo novedoso del caso, es que ésta la primera vez que la parte solicitante acude al Tribunal General de la UE y éste también le da la razón a BBVA.

El contencioso comenzó en 2009 cuando la prestigiosa entidad financiera se opuso a la designación comunitaria de la marca internacional “MOL Blue Card”, solicitada por la empresa húngara MOL Magyar Olaj-es Gázipari Nyilvánosan. La OAMI terminó estimando los argumentos de BBVA, denegando la marca solicitada para evitar que los consumidores asociaran ambas marcas como provenientes del mismo origen empresarial, debido a su  similitud denominativa y de conjunto, así como, a la identidad aplicativa.

Terminada la fase administrativa, la empresa húngara acudió al Tribunal de Luxemburgo para tratar de cambiar la decisión contraria a sus intereses dictada por la Segunda Sala de Recurso de la OAMI. BBVA acudió al procedimiento como parte coadyuvante, reforzando los argumentos que la OAMI esgrimía en defensa de su decisión.

La sentencia dictada viene a afirmar que todos y cada uno de los argumentos que la OAMI dictó se ajustan a derecho y, que el elemento “BLUE” es el término principal de la comparación, han sido tenidas en cuenta las diferencias parciales existentes entre las marcas confrontadas, pero éstas no se consideran suficientes para que el consumidor no perciba erróneamente que ambas marcas provienen del mismo origen empresarial.

*Gracias María e Irene por la aportación, esperemos que otros más sigan el ejemplo de colaborar con @Lvcentinvs*

En segundo lugar os dejo con 2 interesantes sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia el pasado 11 de julio de 2013:

1. La primera de ellas en el asunto C-657/11, y que está relacionada con el mundo de la sociedad de la Información y la publicidad engañosa y comparativa, concretamente con el registro y utilización de un nombre de dominio y la utilización de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet.

El asunto deviene del litigio entre Belgian Electronic Sorting Technology NV y el Sr. Peelaers y Visys NV, y el problema versa en relación con el registro y la utilización por Visys del nombre de dominio «www.bestlasersorter.com» y de la utilización por dicha sociedad de indicadores de hipertexto que remiten a BEST y a sus productos.

El Tribunal de Justicia declaró que

El artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, en materia de publicidad engañosa y de publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, y el artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, deben interpretarse en el sentido de que el concepto de «publicidad», tal como lo definen dichas disposiciones, abarca, en una situación como la controvertida en el asunto principal, el uso de un nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de Internet. En cambio, no engloba este concepto el registro, como tal, de un nombre de dominio.

Para más detalles sobre la sentencia os recomiendo la entrada denominada “Caracterización como publicidad del uso de metaetiquetas en sitios web” en el blog de Pedro de Miguel Asensio.

2. La otra sentencia, dictada en el asunto C-521/11 (“Amazon”), tiene que ver con los derechos de autor, la compensación equitativa y el pago del canon por copia privada.

Esta sentencia está relacionada con el litigio que se sigue en Austria entre Amazon (diversas filiares) y la Sociedad Austriaca de Gestión Colectiva de Derechos de Autor (Austro-Mechana), en relación con el requerimiento de pago de esta última de la compensación debida por la puesta en circulación de soportes de grabación, con arreglo a la normativa austriaca.

El Tribunal de Justicia declaró que:

1) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que aplica sin distinciones un canon por copia privada por la primera puesta en circulación en su territorio, a título oneroso y con fines comerciales, de soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, estableciendo al mismo tiempo un derecho a la devolución de los cánones pagados en caso de que el uso final de dichos soportes no esté comprendido en el supuesto contemplado en dicha disposición, siempre que –extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente– habida cuenta de las circunstancias particulares de cada sistema nacional y de los límites impuestos por dicha Directiva, haya dificultades prácticas que justifiquen dicho sistema de financiación de la compensación equitativa y siempre que ese derecho a devolución sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado.

2) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un sistema de financiación de la compensación equitativa a la que se refiere dicha disposición por medio de un canon por copia privada pagado por las personas que ponen por primera vez en circulación en el territorio del Estado miembro de que se trata, a título oneroso y con fines comerciales, soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, la citada disposición no se opone al establecimiento por dicho Estado miembro de una presunción iuris tantum del uso privado de dichos soportes en caso de que éstos se vendan a personas físicas, cuando haya dificultades prácticas vinculadas a la determinación de la finalidad privada del uso de los mencionados soportes que justifiquen el establecimiento de dicha presunción y siempre que la presunción prevista no suponga la imposición del canon por copia privada en casos en que el uso final de esos soportes quede manifiestamente fuera del supuesto contemplado en la citada disposición.

3) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la compensación equitativa a la que se refiere dicha disposición, o el canon por copia privada destinado a financiar la citada compensación, no puede excluirse por el hecho de que la mitad de los ingresos obtenidos en concepto de esa compensación o de ese canon no se abone directamente a los titulares de dicha compensación, sino a instituciones sociales y culturales creadas en favor de los mencionados titulares, siempre que dichas instituciones sociales y culturales beneficien efectivamente a los citados titulares y que el modo de funcionamiento de dichas instituciones no sea discriminatorio, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

4) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta por un Estado de pagar, al poner en circulación, a título oneroso y con fines comerciales, soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, un canon por copia privada destinado a financiar la compensación equitativa contemplada en dicha disposición, no puede excluirse por el hecho de que ya se haya pagado un canon análogo en otro Estado miembro.

Un par de comentarios sobre la sentenciaspueden leerse en el IPKat y aquí.

De momento es todo, pero lo dicho, intentaremos continuar con la puesta al día en breve.

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