Como Gilberto se ha olvidado de que tiene una sección en este blog, es probable de que no os hayais enterado de la publicación de las Conclusiones del Abogado General de 25 junio 2013, C-131/12, «Google Spain«.

Sin leerlas puedo adelantar que las conclusiones son de una alta calidad técnica. No puede ser de otra manera observando que el Abogado General echa mano de la mejor doctrina, es decir, la que sale del Magister Lvcentinvs. No es la primera vez que sucede. Esta vez le ha tocado el turno a un libro editado por un servidor: Google and the Law y, en concreto, a diversos artículos entre los que se encuentra el de Miquel Peguera, también de la familia LVCENTINVS (veasen, entre otras, notas 5, 53 y 68).

Siempre lo he dicho y pocos me tomais en serio: la jurisprudencia del TJUE se concibe en la Piazza (aka «donde Fede»), y se plasma en Luxemburgo.

Anécdotas aparte, el Abogado propone el siguiente fallo:

«1)      Se lleva a cabo tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un «establecimiento» del responsable del tratamiento, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cuando la empresa que provee el motor de búsqueda establece en un Estado miembro, con el fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina o una filial que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado.

2)      Un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet cuyo motor de búsqueda localiza información publicada o incluida en Internet por terceros, la indexa automáticamente, la almacena con carácter temporal y, por último, la pone a disposición de los usuarios de Internet, «trata» datos personales, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 cuando esta información contiene datos personales.

Sin embargo, no se puede considerar al proveedor de servicios «responsable del tratamiento» de tales datos personales, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46, a excepción de los contenidos del índice de su motor de búsqueda, siempre que el proveedor del servicio no indexe o archive datos personales en contra de las instrucciones o las peticiones del editor de la página web.

3)      Los derechos de cancelación y bloqueo de datos, establecidos en el artículo 12, letra b), y el derecho de oposición, establecido en el artículo 14, letra a), de la Directiva 95/46, no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo de que los usuarios de Internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial o desea que se condene al olvido.»

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