El Comite de derecho de autor y derechos conexos de la OMPI se reunió hace pocas semanas para cerrar los últimos detalles del borrador de Tratado para facilitar a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas. De acuerdo con la información suministrada por IP Watch, se han producido importantes avances en dos de las tres cuestiones pendientes.

En primer lugar, en relación con la inclusión (solicitada por los países desarrollados) o no (apoyado por los países en desarrollo) de una referencia a la prueba de los tres pasos, finalmente se ha decidido sustituir cualquier mención explícita por una referencia general al respeto de las disposiciones existentes en los tratados internacionales en la materia donde se regula la prueba de los tres pasos (Convenio de Berna, ADPIC, TDA…). La solución no parece definitiva puesto que ni tan siquiera viene en un artículo numerado. A mi modo de ver, la propuesta menoscaba el efecto útil del instrumento. El Tratado debería regular una aplicación particular de la prueba de los tres pasos a las excepciones destinadas a facilitar el acceso a las obras, pero no una habilitación a establecer excepciones que, en cualquier caso, deberían cumplir con la prueba de los tres pasos. Con ello no se «facilita» el establecimiento de excepciones, tal y como reza el título del tratado.

En segundo lugar, parece que finalmente la opción por un instrumento vinculante va tomando forma. En el texto del borrador se refieren a «Treaty» y se omite cualquier referencia a «instrument» o «recommendation».

Sin embargo, todavía queda por cerrar la cuestión del concepto de «disposición al público comercialmente» (o «commercially available») en un determinado estado en condiciones razonables, fundamental para saber si una de las entidades autorizadas en ese Estado puede importar obras en formato accesible para personas con discapacidad visual.

A mi modo de ver, hay otro tema que puede crear dificultades (aunque a lo mejor son cosas mías pues nadie parece haberlo advertido). No creo que sea un tema meramente doctrinal pues cualquier Estado lo puede hacer valer para dinamitar los trabajos o para negarse a cumplir el tratado de llegar a ser adoptado. Me refiero a la relación del tratado propuesto con el Art. 20 del Convenio de Berna el cual indica: «Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables».

Tratándose de un acuerdo que no está destinado a conferir derechos más amplios a los autores, sino a habilitar a los Estados a establecer excepciones a los derechos, ¿cómo puede salvarse la compatibilidad  del nuevo texto con el Art. 20?.
Para complicar las cosas, el texto del instrumento incluye una cláusula general que dice que “Nothing in this Treaty shall derogate from any obligations that Contracting Parties have to each other under any other treaties, not shall it prejudice any rights that a Contracting Party has under any other treaties.”
En mi opinión, la única manera de garantizar la compatibilidad entre ambos textos pasa por interpretar que el nuevo Tratado, como tal, no supone un menoscabo de los derechos de autor pues, en cualquier caso, las disposiciones con las que se implemente en las legislaciones internas deberán cumplir con la prueba de los tres pasos, tal y como se recoge en el Art. 9.2 CB. Pero, esta disposición sólo se refiere al derecho de reproducción. Pero esta solución es sólo parcial: ¿que ocurre con aquellas excepciones que afecten a otros derechos? En tal caso, la prueba de los tres pasos no viene establecida por el CB, por lo que, en principio, deberá entenderse que tales excepciones suponen un menoscabo a los derechos de autor… de una manera no autorizada por el Art. 20.
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Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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