Es duro ponerse a escribir despues de saber que Victoria Beckman ha sido injustamente acusada de copiar en el examen de conducir. No obstante, me debo a la causa y haré un esfuerzo para informaros de los aconteceres más importantes en materia de propiedad intelectual.

Caso Novartis: ¿se ha llegado al final?
Doy las gracias a Angel Diez que, cuando el que suscribe disfrutaba de un tinto de verano en las playas de Almería, me envió la noticia de El Pais explicando que «Un tribunal indio desestima la demanda de la empresa Novartis contra la ley india de patentes«. El título no me parece del todo apropiado. Como recordareis, Novartis había presentado una recurso de nulidad contra la ley india porque, de acuerdo con ella, su medicamento contra el cancer Gleevec no resultaba patentable por falta de suficiente altura inventiva. Lo que ha hecho el tribunal de Madras (aquí la sentencia) ha sido declararse incompetente. Considera que dicha demanda debe presentarse ante la OMC. Así se explica, por ejemplo, en el blog SPICY IP:

«in a legal dispute involving the patentability of Novartis’s famed anticancer drug, Gleevec, the Madras High Court ruled that section 3(d) of the Indian Patents Act was constitutional. It also held that it lacked jurisdiction to rule on whether or not section 3(d) contravened TRIPS–and that the appropriate forum to adjudicate this issue was the WTO».

¿Quiere esto decir que el caso Novartis he llegado a su fin?. Pues parece que sí. Novartis puede recurrir la sentencia, pero parece ser que no lo va a hacer. Otra posibilidad es acudir al sistema de solución de controversias de la OMC, pero deberá ser Suiza la que presente la reclamación, no Novartis.

Asunto Promusicae: ¿el TJCE apoya el anonimato de las descargas en Internet?
Todavía estoy saboreando la noticia que me ha pasado Eli Salis (from PWC) sobre la Conclusiones del Abogado General en el asunto c-275/06, «Promusicae c. Telefonica«. «El País» titula la noticia de la siguiente forma: «El Tribunal de Justicia de la UE apoya el anonimato de las descargas en Internet«. Apelando al famoso «Curso de ética periodística» de Wyoming y sus secuaces, a mi me parece que se han pasado un poquito. Se trata de un recurso prejudicial presentado por un juzgado de Madrid «sobre un pleito de la sociedad Productos de Música de España (Promusicae) contra Telefónica. Promusicae acudió al juez con los IP de algunos usuarios que se habían descargado películas y música. Y pidió al juez que instase a Telefónica a identificarles. La dirección IP es una identificación numérica que el proveedor de servicios asigna a un internauta cada vez que éste se conecta a la Red. El juez pidió esos datos a Telefónica, pero la compañía se opuso alegando que la legislación española lo impedía porque eran datos reservados que, según la ley, sólo deben ser desvelados si los pide un juez en el marco de una investigación criminal o por un asunto que afecte a la seguridad nacional. Pero no en un pleito civil». El TJCE pega un repaso a las Directivas 2001/29 sobre derechos de autor en la sociedad de la información, 2000/31 sobre comercio electrónico y 2004/48 sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual. Pero la verdaderamente importante, en este caso, es la Directiva 2002/58 sobre tratamiento de datos personales en las comunicaciones electrónicas. No todo es propiedad intelectual, mis queridos amigos.
Entre otros, resultan muy interesante los siguientes párrafos sobre el Art. 15.1 de esa Directiva:

«104. Además, de las excepciones previstas en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, cabe considerar también la tercera alternativa, es decir, la seguridad pública. Según la jurisprudencia, en el ámbito de las libertades fundamentales, únicamente puede alegarse el orden y la seguridad públicos si existe una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
105. La protección de los derechos de autor constituye un interés social, cuya importancia se ha subrayado reiteradamente, en particular por la Comunidad. Por tanto, puede reconocerse que este objetivo constituye un interés social fundamental, a pesar de que el interés de los titulares de los derechos no es, en primer lugar, de naturaleza pública sino privada. El filesharing ilícito efectivamente pone en peligro la protección de los derechos de autor.
106. Sin embargo, no es indubitable que el filesharing privado, en particular cuando se produce sin ánimo de lucro, ponga en peligro la protección de los derechos de autor de forma tan grave que justifique la invocación de dicha excepción, ya que es discutible en qué medida el filesharing privado causa un perjuicio real.

107. Dicha apreciación debe ser competencia del legislador, sin perjuicio de un examen posterior por parte del Tribunal de Justicia. En particular, si un Estado miembros sancionase la infracción de derechos de autor mediante filesharing privado, efectuaría tal apreciación, pero en ese caso ya sería aplicable la cuarta alternativa del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, de modo que no sería necesario invocar la seguridad pública.
110. El legislador comunitario, en cualquier caso, no ha adoptado decisión alguna de este tipo sobre la limitación de la protección de datos para la persecución de las infracciones de los derechos de autor. En particular, las Directivas que ha indicado el órgano jurisdiccional remitente no son aplicables, puesto que, como dije con anterioridad,
no afectan a la protección de datos. Así ocurre, en especial, con el derecho de información del artículo 8 de la Directiva 2004/48, en virtud del cual, según su redacción, cabría la divulgación de la identidad de usuarios de internet. Según su apartado 3, letra e), dicha disposición es aplicable sin perjuicio de otras disposiciones normativas que regulan el tratamiento de datos personales.
112. No obstante, en el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros pueden prever, con arreglo a las alternativas tercera y cuarta del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, que se comuniquen datos de tráfico personales a las autoridades estatales para permitir la persecución tanto penal como civil de las infracciones de los derechos de autor mediante filesharing. Sin embargo, no están obligados a hacerlo.
115. Así, del hecho de que a través de una dirección IP se hayan lesionado derechos de autor en un determinado momento no resulta concluyentemente que el titular de la conexión, al que se había atribuido dicha dirección en ese momento, sea también el autor del acto. Al contrario, también es posible que otros hayan usado su conexión u ordenador, lo que puede producirse incluso sin su conocimiento, por ejemplo, cuando, para evitar conexiones por cable, se utiliza una red de área local radioeléctrica que no está suficientemente protegida o cuando un tercero «ha tomado el control» de su ordenador a través de internet«.

Aurelius se reserva el derecho a leer detenidamente la sentencia. Sólo aportará unos breves comentarios preliminares: a) se tratan de unas conclusiones generales. Veremos a ver lo que decide el TJCE; b) no creo que la UE apoye el anonimato de las descargas de Internet; c) los Estados son libres, según la Directiva, de extender los casos en los que las autoridades pueden solicitar las direcciones IP a demandas civiles y no sólo penales. España no lo ha hecho (por lo que podría concluirse que es España y muchos otros Estados miembros los que apoyan ese anonimato); d) la cuestión presenta un claro conflicto de intereses entre la defensa de la propiedad intelectual y el derecho a la intimidad de las personas; e) las consecuencias para la propiedad intelectual son indudables: se obstaculiza enormemente su protección efectiva…
Sin duda alguna, un Congreso sobre pirateria y falsificación como el que se celebra en Mexico DF, a principios de octubre, constituye el foro más apropiado para discutir estas cuestiones. No sé a qué estais esperando para apuntaros!!!
Más comentarios a este asunto en Droit et Technologies o preguntando al jugón de Dipr en Alicante.

El blogger lvcentinvs se despide, dando gracias por seguir vivo. Y lo digo porque “un estudio ha probado que el desenfrenado estilo de vida de los rockeros aumenta las posibilidades de fallecer prematuramente”. Podéis pensar que Aurelius ni es roquero, ni es desenfrenado. Estáis muy equivocados. A ver venido a las Fiestas de Villena para comprobarlo.

Ale, a trabajar… que no me quedan caramelos.
Aurelius

Blog Lucentinus

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Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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