El pasado jueves 13 de julio, el Tribunal de Justicia adoptó dos sentencias interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judicial en materia civil y mercantil. Si bien dicho instrumento ya no está en vigor, las dos sentencias son necesarias para interpretar el Reglamento 44/2001, que sustituyó hace algún tiempo a aquel Convenio.

La primera es la sentencia “Roche v. Primus” y trata sobre la interpretación del Art. 6.1 que establece un foro especial en supuestos de pluralidad de demandados. El asunto trataba sobre empresas establecidas en diversos Estados que habían llevado a cabo infracciones de una patente europea en varios Estados. Se le pregunta al TJCE si todas estas empresas pueden ser demandadas ante un mismo tribunal teniendo en cuenta que todas ellas pertenecían a un mismo grupo, habían actuado de manera idéntica o similar y con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.
El TJCE contestó que no. Para que el Art. 6.1 resulte aplicable es preciso que, entre las demandas a cada uno de los demandados exista una conexión de tal naturaleza que exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los litigios se juzgaran por separado. En el supuesto concreto que se le pregunta al TJCE no se da este requisito: cuando se interponen demandas por violación de una patente europea concedida en cada uno de dichos Estados, dirigidas contra demandados domiciliados en esos Estados por hechos cometidos supuestamente en su territorio, las posibles divergencias entre las resoluciones dictadas por los tribunales de que se trata no encajan en el marco de una misma situación de Derecho.

La segunda sentencia es “GAT c. LuK” trata sobre la interpretación del Art. 16.4 (ahora 22.4) que establece la competencia exclusiva en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial de los tribunales del Estado de registro. Resulta habitual que presentada un demanda por infracción de patente, el demandado se defienda impugnando la validez de la patente. Para la primera demanda el tribunal podrá declararse competente si es el del lugar del domicilio del demandado (Art. 2) o el del lugar donde se produjo la infracción (Art. 5.3). Para la impugnación del demandado, se afirmaba que si se presentaba como una reconvención, sólo los únicos tribunales competentes podían ser los del Estado de registro (art. 16.4). En cambio, si se trataba de una excepción o un medio de defensa que sólo buscaba la desestimación de la demanda, el tribunal que conocía de la acción por infracción podía entrar a conocer puesto que la impugnación de la validez no constituía una nueva acción. Esta interpretación ha sido revocada por el TJCE. En su opinión, la regla de competencia exclusiva que establece el Art. 16.4 se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción. Por consiguiente, un tribunal que está conociendo de una infracción de patente sólo pued entrar a conocer de la impugnación de su validez si resulta competente por el Art. 16.4. En caso contrario, el Art. 19 (ahora 25) le obliga a declinar su competencia.

A mi modo de ver, si bien ambas sentencias están bien argumentadas en los principios que guían el “sistema Bruselas” (seguridad jurídica, previsibilidad de las reglas de competencia) no favorecen en absoluta la tutela efectiva de la propiedad industrial en litigio transfronterizos. Se impide a los titulares que concentren las acciones en defensa de sus derechos ante unos mismos tribunales. Estas dos sentencias les obligan a peregrinar de un Estado a otro en busca de justicia y, además, alientan tácticas dilatorias de los demandados como, por ejemplo, impugnar la validez de la patente en el Estado de registro para que el tribunal que conoce de la infracción no pueda dictar sentencia hasta que aquél haya determinado dicha validez.

Por último, es de reseñar una tercera sentencia adoptada ese mismo día sobre el Art. 6.1 R. 44/2001 de menor interés: “Reisch Montage AG c. Kiesel

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